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Editorial I

En defensa de la libertad

Opinión

El reciente decreto del gobierno porteño constituye un saludable respaldo a principios básicos del sistema republicano, amenazados desde la Casa Rosada

El jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, suscribió anteayer un ponderable decreto de necesidad y urgencia que ya entró en vigencia y que procura salir abiertamente en defensa de la asediada libertad de prensa, al menos en el ámbito de su jurisdicción.

La medida, en cuanto ratifica las doctrinas constitucionales e internacionales que protegen la libertad de prensa, debe ciertamente aplaudirse por ser clara y valiente en la defensa de los principios básicos del sistema republicano de gobierno. No se puede ignorar que fue tomada pese a las previsibles consecuencias que puede acarrear en un escenario donde el oficialismo es proclive a toda suerte de perversas venganzas, particularmente contra los habitantes de una ciudad en la que el rechazo por las políticas del gobierno nacional se ha expresado mayoritariamente, tal como ha quedado demostrado con la multitudinaria marcha de protesta pacífica realizada hace escasas semanas.

El decreto merece sustancialmente nuestro apoyo por su oportunidad, cuando están efectivamente cerca de consumarse hechos gravísimos que, de materializarse, cercenarán muy severamente la libertad de expresión e información en nuestro país. Ellos pondrán claramente en riesgo al plexo todo de las libertades civiles y políticas de los argentinos, desfigurando aún más nuestra ya lastimada democracia.

De alguna manera estamos frente a una decisión con un claro sentido de liderazgo. El decreto mencionado debería ser apoyado por todos aquellos que no quieren perder la posibilidad de vivir en democracia. Es de esperar, por eso, que la Legislatura porteña ratifique la medida y que ésta sea imitada por los gobernadores de todas nuestras provincias. El inmediato anuncio del diputado Francisco de Narváez, en el sentido de que su espacio político propicia una iniciativa similar para la provincia de Buenos Aires, va en la línea apuntada. Y también es muy ponderable que otros dirigentes de la oposición, entre ellos Hermes Binner, José Manuel de la Sota, Elisa Carrió, Fernando Solanas y Liliana Negre de Alonso, entre otros, hayan inmediatamente manifestado su aval a la decisión del gobierno porteño.

Es cierto que, como consta en los considerandos del decreto comentado, entre todas las garantías que la Constitución Nacional protege, la libertad de prensa es una de las que posee más entidad, puesto que de ella dependen las demás libertades.

También es cierto que no hay democracia sin libertad de expresión, ni libertad de expresión sin democracia. Ambas van de la mano. Por ese motivo llama la atención que una de las primeras críticas haya provenido de Aníbal Ibarra, quien, como ex jefe de gobierno porteño, debería defender el ejercicio de la autonomía a favor de las libertades.

Es absolutamente obvio que en los últimos días se han registrado ataques tan insólitos como graves y excepcionales contra la independencia del Poder Judicial y contra la libertad de prensa que, sumados, han inmerso a la ciudadanía en un clima de profunda ansiedad, ante la magnitud de las amenazas que se ciernen y la tremenda perversidad de los hostigamientos a periodistas y medios independientes desde todos los rincones del Poder Ejecutivo Nacional, transformados abiertamente en instrumentos de opresión.

Ante la seria pero no imprevisible emergencia en la que el Poder Ejecutivo Nacional ha puesto a la democracia de nuestro país, la actitud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de resguardar y defender la libertad de prensa, de opinión y de información merece, más allá de sus detalles, un amplio apoyo y reconocimiento. Las difíciles circunstancias actuales demandan el compromiso y la valentía de dirigentes y ciudadanos. Frente a un horizonte en el que las libertades pueden verse aún más restringidas sólo la voluntad, la creatividad y el compromiso cívico de una castigada sociedad podrán poner freno a tanto avasallamiento. Deben ser bienvenidas estas y todas las medidas que puedan replicarse en defensa de la libertad y del Estado de Derecho que debe imperar para que los argentinos podamos seguir siendo habitantes de una república..

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