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Editorial I

La unidad de la oposición

Opinión

Es absolutamente necesario unificar esfuerzos para poner freno al impúdico ataque del oficialismo a las instituciones y a la propia democracia

La oposición, esta vez sustancialmente unida, acaba de hacer, de cara al país, su primera promesa de campaña con vistas a los próximos comicios: el compromiso firme de derogar la inmoral y vergonzosa ley de blanqueo, que promueve el gobierno nacional. Obviamente, para no ser cómplice de una fórmula burda que apunta a conferir impunidad a todos aquellos que componen lo que desde estas columnas hemos denominado capitalismo de amigos, los que están siendo acusados de lo que luce como una ola mafiosa de corrupción, realmente gigantesca.

Resultó, sin embargo, inexplicable la ausencia de la diputada por la Coalición Cívica Elisa Carrió. Pese a ello, es cierto que la presencia de Alfonso Prat-Gay evidenció que, en su propia agrupación, hay quienes entienden la necesidad de actuar unidos frente a una gravísima emergencia institucional, en la que se ha puesto en juego a la democracia. Esto es así ya que el radicalizado Frente para la Victoria, conducido por la propia Presidenta, procura insistentemente someter al Poder Judicial a sus designios -con el objetivo de asegurar una impunidad que cada vez parece necesitar más y cercenar la libertad de expresión e información.

Por ello, es auspiciosa la reciente muestra de unidad opositora frente a lo indefendible. Cabe insistir en la necesidad imperiosa de presentar un frente unido contra la constante concentración del poder en la que está empeñado el Poder Ejecutivo Nacional, que lo lleva a desnaturalizar las instituciones, deformándolas al convertirlas en instrumentos útiles para obtener un poder absoluto.

Un ejemplo reciente ayuda a comprender mejor por qué es imprescindible marchar unidos. Nos referimos a la reciente modificación de la legislación sobre mercado de capitales, por la que se confirieron facultades extraordinarias a la Comisión Nacional de Valores (CNV), entre ellas, la intervención en las empresas eliminando inconstitucionalmente la posibilidad de impugnar la gravísima medida en sede judicial, y pese a lo que ella significa respecto del cada vez más vulnerado derecho de propiedad.

Ocurre que hoy esa entidad reguladora puede, a su solo criterio y sin otorgar el imprescindible derecho de defensa, separar a los órganos de administración de las sociedades sujetas a su contralor, cuando ella entiende (bien o mal) que se han vulnerado los intereses de los accionistas minoritarios o los de los tenedores de títulos sujetos a oferta pública. Hay hasta quienes señalan alegremente que una disminución en la distribución de utilidades de una empresa podría justificar tamaño despropósito. Ello es inadmisible, desde que, en una economía deformada por los caprichos del Poder Ejecutivo, primero se puede forzar a una empresa a perder dinero para, enseguida, intervenirla por ese mismo motivo, lo que resulta claramente abusivo. Sin ir más lejos, es lo que el Gobierno ha tratado de lograr en la empresa Papel Prensa desde hace más de cuatro años.

Cabe recordar que esa autoritaria modificación a la ley fue aprobada en la Cámara baja con el apoyo del oficialismo, del Frente Amplio Progresista (FAP), la UCR y la Coalición Cívica. Fueron 183 votos a favor, contra sólo 24 solitarios sufragios negativos. Pese a que las intenciones del Poder Ejecutivo eran ya más que evidentes, en el Senado sucedió algo parecido: el FAP apoyó, en general, esa iniciativa, rechazada tan sólo por el peronismo disidente y, curiosamente, a diferencia de lo sucedido en Diputados, también por la UCR. Las presencias en el recinto del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y del cuestionado presidente de la CNV, Alejandro Vanoli, subrayaban el interés primordial del Poder Ejecutivo en sancionar esta norma, que ahora le permite sumar a la CNV al plexo de instituciones usadas como medios de ariete e intimidación, con los más viles objetivos.

Cuando, frente a los ataques a la democracia no hay unión en la oposición, los atropellos se concretan. Frente a episodios como éstos, algunos políticos acusan al oficialismo de haber pergeñado una concentración de poder que, en los hechos, equivale a contar con la suma del poder público. Sin embargo, silencian que una parte de la oposición ha sido corresponsable de la preocupante concentración de facultades que ahora desgraciadamente permite a la administración nacional un andar tan abusivo como inescrupuloso..

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