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Editorial I

Otra prueba de total desinterés por las drogas

Opinión

Inexplicablemente, el Gobierno lleva más de dos meses sin designar al secretario de lucha contra el uso de estupefacientes y el narcotráfico

Hace 64 días que la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) está acéfala. Desde la renuncia de Rafael Bielsa, la presidencia de la Nación mantiene vacante un cargo clave en una dependencia creada con dos objetivos básicos: la reducción de la demanda y de la oferta de drogas ilegales.

Esta grave negligencia, sumada a la insuficiencia de fondos, habla de la nula importancia que el Gobierno asigna al drama del consumo de drogas ilegales y al incesante avance del narcotráfico. Nos hemos convertido en el país líder de América latina en uso de estupefacientes según sucesivos informes de las Naciones Unidas.

Además, conforme estadísticas de 2012 de la propia Sedronar, el consumo de drogas ilegales entre estudiantes de nuestras escuelas secundarias creció 131 por ciento en la última década. Y a ello se suma, entre otros datos alarmantes, que el narcotráfico en el país sigue mutando de un negocio logístico y de pocos actores involucrados a uno territorial y de consumo masivo. Ese "control" de tierras por parte de los narcotraficantes se hace visible particularmente en villas de emergencia, donde esas bandas funcionan como un Estado paralelo, bajo la mirada cómplice de no pocos policías, fiscales y dirigentes políticos. Y el resultado no puede ser peor: hay muchos más jóvenes adictos y una delincuencia creciente y cada vez más violenta, sin que el Estado atine a ponerles freno.

Por otra parte, el hecho de que la Argentina se haya transformado en un país donde se elabora la última etapa de producción de la cocaína supone la facilidad de acceso por parte de los narcos a los precursores químicos. Sobre ese punto, las Naciones Unidas han informado que, fuera de los países productores de hojas de coca -Colombia, Perú y Bolivia, la Argentina es donde más laboratorios de procesamiento de cocaína se decomisan anualmente.

La semana pasada, en La Matanza, la Presidenta se refirió por primera vez a la necesidad de hallar una solución al drama del narcotráfico, el lavado de dinero y la trata de personas ligándola irracionalmente a la necesidad de una mejor y mayor justicia, cuando se sabe que no es función del Poder Judicial atacar las causas.

Hace mucho tiempo que no se observan en el país campañas públicas serias sobre el riesgo del consumo de estupefacientes. Contrariamente, emerge cada vez con mayor fuerza un discurso permisivo, que promueve la aceptación social de las drogas sin generar conciencia sobre el daño físico y psíquico; sobre la dependencia y los efectos nocivos de su uso.

Otro de los deberes del Estado por medio de la Sedronar es posibilitar a los consumidores y adictos un tratamiento de rehabilitación, ayuda que resulta hoy escasa ante la enorme cantidad de personas afectadas por este flagelo. Además, salvo que los juzgados intervengan pidiendo por estos tratamientos, es muy difícil -por no decir imposible- que las personas que han caído en la droga soliciten voluntariamente someterse a esos procesos médicos.

Es justo destacar el foco que esa ayuda había tomado durante la breve gestión de Bielsa en el caso de los afectados por el paco, droga que genera efectos devastadores. Sin la intervención de la ayuda estatal, esa terrible dependencia del paco se convierte en una hipoteca mortal para miles de jóvenes.

Sin embargo, los déficits más grandes de la hoy descabezada secretaría antidrogas se perciben en la lucha contra el narcotráfico, tendiente a la reducción de la disponibilidad de estupefacientes y a evitar el desvío de sustancias químicas controladas hacia canales ilícitos.

Durante buena parte de la gestión del matrimonio Kirchner al frente del Poder Ejecutivo nacional, los desencuentros entre el antecesor de Bielsa, José Ramón Granero, y quien conducía la política de seguridad, el actual senador Aníbal Fernández, hicieron imposible la coordinación entre las fuerzas de seguridad federales y los cuerpos especializados de la secretaría. Esa armonización entre agencias es imprescindible para hacer frente a organizaciones criminales poderosísimas y complejas.

Esa pelea se mantiene presente aún hoy y la Sedronar aparece por estas horas "tironeada" entre las áreas de Seguridad y Salud de la Nación. Lo cierto es que, en medio de esa puja política, se está limitando enormemente la tarea de un organismo que fue concebido con amplio alcance en la lucha contra la drogadicción y el tráfico de estupefacientes.

En este contexto de crecientes niveles de consumo y avance de este tipo de delito, con su estela de muerte y violencia, es incomprensible que el Poder Ejecutivo siga dilatando el nombramiento de un secretario idóneo para liderar un organismo clave si es que, efectivamente, el Gobierno cuenta con una real voluntad de combate del consuno de drogas ilegales y del narcotráfico..

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