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Lavado

El fiscal denunció que la AFIP, la IGJ y Migraciones le negaron información

Política

Campagnolli pidió allanar esos organismos públicos porque "se alzaron contra la Justicia"; relató que el sistema que informa sobre entradas y salidas del país de los sospechosos se desconectó

Por   | LA NACION

El fiscal José María Campagnolli, que ayer pidió indagar a Lázaro Báez por extorsión y reveló una cadena de empresas supuestamente dedicadas al lavado de dinero del empresario kirchnerista en estos diez años, denunció que organismos del Estado le negaron información para la causa y le impidieron avanzar. Por eso reclamó allanar la AFIP, la Inspección General de Justicia y la Dirección de Migraciones para secuestrar esos datos.

La IGJ registra y fiscaliza las sociedades y fundaciones en la Argentina y cosecha un historial creciente en retacear información pública. Estas prácticas se naturalizaron en los últimos meses desde la asunción del camporista Norberto Berner, cuando cambió su normativa para negar información primero a periodistas, luego a diputados de la oposición y ahora a los fiscales.

Campagnolli entendió que la falta de respuesta de la AFIP y de la IGJ implica "un liso y llano alzamiento a la administración de justicia", según su dictamen fiscal.

En el seguimiento de la historia de las empresas involucradas, Campagnolli le pidió a la IGJ que le envíe las escrituras y actas de SGI. Pero el organismo no respondió a los pedidos realizados seis veces desde el 18 de abril último. Ni dio razones para la demora. Para conseguir las actas de SGI tuvieron que conformarse con las publicadas en el Boletín Oficial, pero no encontró qué fue de la vida de la sociedad desde mayo de 2011.

"No descarto que en todo este tiempo que se está tomando la IGJ para contestar mi requerimiento de hace tres meses, el legajo de SGI se vea engordado y emprolijado", deslizó, no sin ironía. Lo mismo le sucedió con la Dirección Nacional de Migraciones y con la AFIP, con la agravante de que en el caso de Migraciones sufrieron la "súbita y sorpresiva desconexión" del sistema informático directo que tienen los fiscales para consultar las bases de datos de las personas que ingresaron y salieron del país.

De la AFIP, la fiscalía se quejó de que le opusieron el secreto fiscal para no responder y Migraciones contestó sobre los viajes de los investigados recién en el cuerpo 15 de la causa.

En el dictamen en el que pidió la inhibición general de bienes de 148 empresas supuestamente ligadas a Báez en Estados Unidos, Panamá, Suiza y otros países europeos, Campagnolli solicitó que se intervenga judicialmente SGI, la financiera que era de Federico Elaskar y que, según su investigación, Báez le arrancó bajo amenazas. Destacó el fiscal, como indicio de esta modalidad de "ocupación y apropiación" de empresas que adjudica a Báez, que es similar a la que describió la ex secretaria de Néstor Kirchner Miriam Quiroga, cuando habló por televisión, y Estela Kank, una empresaria patagónica que narró cómo le sacaron la empresa Kank y Costilla, dedicada a hacer obras públicas.

Descubrió Campagnolli que existieron dos redes de lavado de dinero, supuestamente usadas por Báez entre 2002 y 2010, y desde ese momento hasta la actualidad, compuestas por empresas encadenadas entre ellas que tenían en común la existencia de Helvetic SG, una firma con sede en Suiza. Las dos etapas del lavado fueron así descriptas por el fiscal: "Existe una ordenada y precisa continuidad de una década en el manejo de dinero y el armado, la gestión y estructuración de una monumental trama de sociedades que prácticamente dan la vuelta al globo", escribió Campagnolli. Y dijo que "se advierten dos tramos marcados, vinculados por denominadores comunes, inalterables; el primero corre con precisión milimétrica desde unos días antes de las convocatoria a elecciones nacionales de agosto de 2002 hasta fines de 2010, luego de la muerte de Néstor Kirchner. El segundo tramo va desde entonces hasta la actualidad".

Campagnolli reconstruyó los conductos por donde pudo haber circulado el dinero negro producto de negocios realizados por Báez al abrigo del poder, pero no ahondó en si efectivamente la plata circuló por allí. Eso es lo que investiga el juez federal Sebastián Casanello, quien ayer le pidió a Campagnolli todo el expediente para analizar las constancias que lo llevaron a concluir que existieron dos etapas de lavado a través de dos redes de empresas. Entre ellas había firmas extranjeras denunciadas a la justicia de la Argentina, Uruguay y Suiza por los diputados Graciela Ocaña (Udeso) y Manuel Garrido (UCR).

Ahora la decisión sobre la indagatoria de Báez y el congelamiento de cuentas de las empresas en las que se le atribuye injerencia, la intervención judicial de SGI y el allanamiento en AFIP, Migraciones y la Inspección General de Justicia (IGJ) depende de la jueza María Gabriela Lanz.

El reclamo a los organismos del Estado

El fiscal se quejó porque no le suministraron los datos solicitados

    José Campagnolli
    Fiscal
  • La falta de respuesta de la AFIP y de la IGJ implican "un liso y llano alzamiento a la administración de justicia"
  • "No descarto que en todo este tiempo que se está tomando la IGJ para contestar mi requerimiento, el legajo de SGI se vea engordado y emprolijado"

Los nexos con el plan "Sueños Compartidos"

La causa contra Lázaro Báez se conecta con el caso contra Sergio Schoklender por apropiarse del dinero enviado a las Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales.

El nexo es la financiera Monetización, de Fernando Caparrós Gómez, donde Schoklender convertía en efectivo cheques oficiales. Monetización se trasnformó en Lebe SA. de Edgardo Levita. El hombre aparece como apoderado de unas de las 148 firmas creadas en Estados Unidos, como parte de la red de lavado. Figura en la Anses como empleador de Caparrós Gómez..

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