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El escenario

El kirchnerismo, en el peor de los mundos

Política

Hasta septiembre de 2010, Cristina Kirchner estuvo acusando al gobierno iraní de encubrir a los culpables del atentado terrorista contra la AMIA. Pero en enero de 2011 envió a Héctor Timerman a Siria para negociar con el canciller de Irán, Ali Akbar Salehi, la creación de una comisión que desentrañe la verdad de lo ocurrido. Ese cambio, que ha sido la principal decisión de política exterior de Cristina Kirchner, sufrió ayer un nuevo revés. El fiscal general del caso, Alberto Nisman, presentó ante el juez Rodolfo Canicoba Corral un informe en el que explica, con innumerables precisiones, que el ataque contra la mutual integró un plan orquestado desde Teherán para exportar la revolución islámica hacia América latina.

El texto de Nisman daña a la Casa Rosada porque vuelve más incomprensible su giro frente a Irán. A partir de ayer hay más indicios de que el de los ayatollahs es un régimen al que mal se le puede pedir que colabore en el esclarecimiento del crimen de la AMIA. De modo que las ideas de buena parte de la opinión pública, en especial de las organizaciones de la comunidad judía y de la oposición parlamentaria, se han fortalecido. La presentación de Nisman es otro síntoma de que el kirchnerismo está perdiendo el control de algunas dinámicas judiciales.

Hasta 2010, la teoría principal del Gobierno era que el atentado había sido realizado por ciudadanos iraníes, algunos de los cuales eran funcionarios. Pero el 10 de agosto de aquel año Timerman, en una conferencia de prensa con la entonces secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, fue más allá: sostuvo que Ahmadinejad protegía a esos terroristas. La Presidenta reiteró ese alegato ante la Asamblea de la ONU seis semanas más tarde. Ayer, Nisman agravó esa incriminación. Su escrito intenta demostrar que, desde una cumbre realizada en 1982 en Teherán, la revolución chiita se fijó un plan latinoamericano, que incluyó la instalación de unidades de inteligencia y operación en Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam. El fiscal informó sus hallazgos a las autoridades de esos países "por haberse obtenido elementos de juicio de que distintos pasos del plan criminal establecido por Irán podrían estar llevándose a cabo".

Nisman destaca la conexión que existiría entre los autores del atentado contra la mutual porteña y quienes planificaron el frustrado ataque al aeropuerto John Fitzgerald Kennedy en 2007. La figura central de esta trama es Michael Seaforth, un político de Guyana que en 1974 se convirtió al islam y cambió su nombre por Adbul Kadir. Discípulo de Moshen Rabbani, quien tiene pedido de captura por estar señalado como el cerebro de la voladura de la AMIA, Kadir purga una condena de por vida por el intento de replicar ese crimen en la principal estación aérea de Nueva York. El puente entre Kadir y Teherán era la embajada iraní en Caracas. Ahora suena irónico, pero en aquella visita de 2010 Timerman salió del despacho de Mrs. Clinton orgulloso de haberla advertido de este nexo.

La acusación de Nisman excede la escena local. Que mencione a Brasil como blanco eventual del terrorismo islámico es relevante. Durante el gobierno de Lula da Silva ese país ha intentado mediar entre la administración Ahmadinejad y el Consejo de Seguridad de la ONU en la controversia nuclear. El canciller que condujo esa gestión, Celso Amorim, es hoy ministro de Defensa de Dilma Rousseff. Qué casualidad: los nuevos cargos de Nisman se conocieron el día en que el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Brasilia.

Es probable que este entramado forme parte de las conversaciones cuando Dilma visite a Barack Obama en octubre. Ahmadinejad se ha convertido en habitué de las liturgias bolivarianas. Para entender cómo observa esa presencia la diplomacia de los Estados Unidos conviene recordar que, en diciembre pasado, el Congreso de ese país reclamó al Departamento de Estado un plan para "contrarrestar las actividades de Irán en el continente". John Kerry, el canciller de Obama, lo dará a conocer el mes próximo.

Es imposible aislar el pronunciamiento de Nisman de este contexto. Su tesis de ayer fue defendida en marzo pasado por el ex subsecretario del Departamento de Estado para las Américas Roger Noriega durante una audiencia de la Cámara de Representantes norteamericana. Noriega sostuvo que Irán y la organización Hezbollah están ganando poder en América latina a través de Venezuela, entre otras cosas porque encuentran en el sistema financiero de ese país un vehículo para el lavado de dinero.

El aporte de Nisman para esta visión de las relaciones internacionales tiene un significado especial en la escena doméstica. Como debería ser obvio, Nisman no es sólo Nisman. Durante todos estos años estuvo respaldado por la Secretaría de Inteligencia (SI), que es la principal proveedora de la información que ayer quedó en manos del juez Canicoba. La SI trabaja detrás de Nisman desde octubre de 2004, cuando el entonces procurador general Esteban Righi creó la fiscalía especial del caso y lo puso al frente. En marzo del año siguiente, un hiperbólico Néstor Kirchner entregó a Nisman 1700 carpetas con toda la documentación estatal sobre el ataque a la AMIA y le pidió que trabajara con ahínco, sin detenerse ante ningún obstáculo, porque "la sociedad confía en usted".

Visto a la luz del acuerdo que Timerman firmó con Irán el 23 de enero de este año, el escrito de Nisman revela que en el Gobierno existen dos posturas contradictorias respecto de Irán y el terrorismo internacional. La de la SI y la de la Cancillería. Se entiende, entonces, que la presentación del fiscal provocara anoche conmoción en Olivos.

Nisman abona la doctrina occidental, según la cual Irán es un productor peligroso de energía nuclear porque protege o alienta el terrorismo. Lo hace en un momento en que Ahmadinejad se burla de la señora de Kirchner y de su canciller. El presidente iraní, que está abandonando el poder sin siquiera contar con un candidato a la sucesión, debió retirar de la Asamblea Consultiva el memorándum acordado con la Argentina, ya que no contaba con los votos necesarios para hacerlo aprobar. Dejó al kirchnerismo en el peor de los mundos. Podría haberse negado a enviar el pacto al Parlamento, con lo cual Timerman tendría derecho a burlarse de los que sospechaban de una connivencia con Teherán. O podría haberlo aprobado, permitiendo a la Argentina avan zar con los procedimientos acordados. Pero los inventores del ajedrez remitieron el tratado a la Legislatura, confirmando que ése era el procedimiento, y después lo retiraron, provocando el papelón. Parece confirmarse que lo único que pretendían era que Interpol levantara los pedidos de captura contra ex funcionarios de su gobierno. Por las dudas, Nisman ayer pidió que se mantengan. Corolario: la Casa Rosada negoció un arreglo que todavía no pudo justificar con alguien que no tenía poder para cumplirlo.

No es la única dificultad que debe superar el Gobierno. Las entidades que agrupan a la comunidad judía están por pedir la inconstitucionalidad del acuerdo con Irán ante Canicoba. Los patrocinantes de esta impugnación a la gestión de Timerman son los abogados Carlos Wiater y Juan José Richarte, padre de Darío, subsecretario de la SI en tiempos de la Alianza, abogado de Amado Boudou en el caso Ciccone y, antes, de Claudio Uberti, el introductor de Guido Antonini Wilson y su valija precursora. Curiosidades.

En esta perspectiva, la nueva acusación de Nisman es vista desde la Casa Rosada como una irreverencia. La procuradora Alejandra Gils Carbó deberá explicar a Carlos Zannini por qué hay otro fiscal que no se alinea. Ya son muchos: Moldes, Di Lello, Campagnoli, Marijuan, ahora Nisman. La secuencia se agrava porque la propia Gils Carbó fue acusada por el senador radical y consejero de la Magistratura Mario Cimadevilla de designar a secretarios en las fiscalías para controlar las acusaciones incómodas. Sobre todo las que pesan contra el empresario Lázaro Báez, sospechado de montar un circuito de dinero negro al amparo de la familia presidencial. El juez Sebastián Casanello rechazó la acusación. Pero la Cámara Federal ordenó tomarla en cuenta.

Paradojas kirchneristas: al entonces procurador Righi se lo hizo renunciar por una denuncia que Boudou no pudo probar. En cambio a su sucesora Gils Carbó se la mantiene, a pesar de que sus propios fiscales la acusan de proteger a presuntos testaferros del poder. Puede resultar escandalosa, pero, comparada con la que quedó expuesta en la investigación sobre la AMIA, esta contradicción es un detalle..

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