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Las trampas del control de precios

Opinión

Por   | LA NACION

El Gobierno interpretó hace seis años que si colonizaba al Indec podría ajustar la inflación a la realidad, pero ocurrió exactamente lo contrario. Más aún cuando esta misma empresa se extendió a consultoras y asociaciones de consumidores.

Sin saberlo, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, terminó prestando un servicio excepcional a "los grandes formadores de precios" que pactaron el congelamiento de productos y la Presidenta quiere vigilar de cerca con militantes e inspectores. Un ejemplo reciente funciona como metáfora.

El 24 de agosto de 2012, la subsecretaria de Defensa al Consumidor suspendió por tiempo indeterminado a Consumidores Libres del registro nacional de asociaciones de consumidores. Su titular, Héctor Polino, todas las quincenas daba a conocer un relevamiento de 38 productos e informaba sus variaciones, que eran superiores a la tolerancia de Moreno.

La actuación está en el expediente S01:0319180/2012 y fundamentó la sanción en que "los relevamientos que lleva adelante la entidad no parecen tener sustento metodológico". Polino no calculaba inflación, sino que hacía un relevamiento de precios a partir de una canasta de artículos.

La arbitrariedad fue aprovechada por las empresas a las que acusa el oficialismo. Consumidores Libres tramitaba juicios por presunto cobro indebido de cargos contra algunas que luego terminaron haciendo presentaciones para frenar las demandas esgrimiendo que la asociación de consumidores ahora carece de reconocimiento oficial.

Polino apeló la sanción que le impuso Moreno ante la Cámara en lo Contencioso Administrativa. La Justicia debió enviar 4 intimaciones a la secretaría de Comercio Interior para que envíe una copia del expediente que explica su accionar. Ese simple trámite demoró cuatro meses y medio y se completó el último día hábil del año pasado.

¿Fue un problema metodológico o un ensañamiento? La contrapartida perfecta son los relevamientos de precios que realiza la oficialista Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc). Su titular Osvaldo Bassano encuentra que los precios de los alimentos bajan desde el inicio de este año.

Adduc, que forma parte de la mesa chica de Lucila "Pimpi" Colombo , informa desde su sitio web que la canasta de 50 productos básicos que releva en hipermercados, autoservicios y almacenes del sur del conurbano está bajando de precio.

Bassano -al igual que Polino- explica que este relevamiento lo hace en tan sólo una sucursal por empresa y que "desde febrero, gracias al congelamiento, los precios están planchados". Su optimismo superó al del Indec, que a pesar de tener estadísticas digitadas, reportó una inflación de 1,53% en alimentos entre enero y abril.

¿Abrirá Moreno un expediente para indagar en el "sustento metodológico" de este estudio? Difícil pensarlo. Bassano también ocupa una silla en la Comisión Federal Asesora que declaró de interés público la fabricación, comercialización y distribución de papel para diarios.

La propuesta de un control de precios con militantes comenzó a circular en la literatura de La Cámpora de Buenos Aires. Un comunicado interno del 25 de febrero pasado proponía en su noveno acápite "armar un listado de precios testigo e ir a comprar esos productos al mismo lugar, todas las semanas y conservar ticket y comparar precios".

Cristina Kirchner lanzó la campaña "Mirar para Cuidar" y delegó la coordinación para el control "de los formadores de precios" a intendentes, militancia e inspectores. Vale recordar que muchos de estos mandatarios, en especial del conurbano, autorizaron en los últimos años a grandes hipermercados a instalarse en los centros urbanos de sus municipalidades.

El gobierno nacional critica la monopolización de precios por territorios y ahora los mismos intendentes que la bendijeron son enviados a luchar contra los demonios de sus decisiones. Allí se esconde la clave.

La creencia de que la inflación se domestica pegando latigazos a los que la estiman sólo esconde las miserias del domador. Cuando las subas de precios afectan la rentabilidad de una persona, ésta actuará siempre por su propia conveniencia. Por lo que dicta el bolsillo, y no su corazón. O como diría Keynes: "por sus espíritus animales".

En los últimos 35 años ocurrieron casi la totalidad de los "acuerdos de precios" que hubo en la Argentina y ninguno logró bajar los precios por fuera del corto plazo.

En todos, incluso en los últimos, quedó demostrado que cuando el Gobierno interviene fijando precios en un contexto de alta inflación, termina generando una competencia salvaje: los grandes comercios (supermercados) comienzan a buscar huecos en el mercado para vender a precios altos como mecanismo de resguardo y, al mismo tiempo, fomentan la competencia entre sus proveedores.

Esta acción termina por someter a los pequeños a competir en desventaja con los más grandes y agravar los problemas de inflación (sobre todos para los sectores que dependen del salario). El conflicto se genera cuando todos terminan apelando al ajuste de precios para no quedarse afuera del sistema. Una competencia perversa, pero controlada por el Estado..

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