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Editorial I

Una huelga eterna

Opinión

Tras 12 días sin clases en lo que va del año en la provincia de Buenos Aires, se impone entre los docentes una mayor reflexión sobre su trascendente rol social

Con las medidas de fuerza tomadas en las últimas 48 horas por los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires en demanda de reivindicaciones salariales, suman 12 las jornadas sin clases en escuelas públicas del mayor distrito del país desde el comienzo de este año. La huelga del Frente Gremial Docente se ha fundado en el hecho de que el gobierno de Daniel Scioli no ha vuelto a convocar a paritarias para seguir debatiendo la cuestión salarial de los educadores, que aspiran a incrementos mayores al 22,6% concedido por las autoridades provinciales. Mientras el sindicalismo se prepara para debatir nuevos paros, cerca de cinco millones de alumnos permanecen cautivos de las medidas adoptadas y de las que puedan seguir, con evidente perjuicio para avanzar en sus aprendizajes.

Paralelamente, en Tierra del Fuego, continúan las tratativas con el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Fueguino (Sutef), al que la gobernadora Fabiana Ríos ofreció un aumento del 33,6 por ciento. Ayer, los docentes aceptaron la propuesta salarial, pero condicionaron el acuerdo a que no haya descuentos por las medidas de fuerza adoptadas. La gravedad de este conflicto llegó al extremo de que la Casa de Gobierno provincial fue ocupada por miembros de Sutef, hecho inusitado para forzar un 50% de incremento salarial. La demanda fue acompañada por actos de violencia en Ushuaia, con un saldo de varios policías heridos. Los gremialistas docentes tuvieron la colaboración del sindicato de camioneros, a quienes las autoridades acusan de los episodios de agresión.

Ambas situaciones provinciales poseen un fondo común: el reclamo de elevados incrementos de haberes, que superan las posibilidades de los erarios provinciales. Al respecto, pueden extraerse varias conclusiones referentes a los perjuicios que originan estos conflictos que tienen parentesco con los que se vienen repitiendo desde hace años. La primera es que las protestas en demanda de tan altos aumentos revelan a las claras el nivel inflacionario que castiga a nuestra población y que el gobierno nacional pretende negar. En segundo término, la insuficiencia de recursos de los gobiernos provinciales se vincula con la arbitraria distribución que el gobierno central establece, con desigualdad manifiesta, de acuerdo con un juego de cálculos políticos; particularmente esta realidad limita al gobierno bonaerense. En tercer lugar, las medidas de fuerza adoptadas discrecionalmente afectan el cumplimiento de los convenios firmados por las autoridades de todas las jurisdicciones para garantizar los 180 días de clase en el ciclo lectivo, acordado en 2003, y los 190 días comprometidos desde 2011. Todo esto repercute en contra de la escuela pública y el futuro de tantos niños que siguen siendo rehenes de una disputa en la que las diferencias políticas están provocando desmesuradas consecuencias.

En fin, los ceses de actividades docentes concluyen perjudicando injustamente a los alumnos y sus familias. A los primeros, porque la discontinuidad del trabajo escolar resta coordinación y ritmo al estudio y no ayuda a formar hábitos que favorezcan el aprendizaje. Y a los padres, sobre todo en las familias en las que ambos trabajan, les crea problemas adicionales y serios de organización para el cuidado de sus hijos. Todo esto requeriría una mayor reflexión entre los docentes sobre su trascendente rol social, antes de precipitar más medidas de fuerza que, a estas alturas, amenazan con convertirse en eternas..

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