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Al margen de la semana

Precios en campaña electoral

Economía

La versión del congelamiento de precios limitado a 500 productos en siete grandes cadenas de supermercados es una extraña mezcla de sainete y marketing político de cara a las cruciales elecciones legislativas de octubre.

Sólo así puede entenderse que el gobierno de Cristina Kirchner haya lanzado ahora el plan "Mirar para cuidar" ese heterogéneo conjunto de precios, después de haber borrado del relato oficial, durante seis años, toda mención a la inflación de dos dígitos anuales que viene complicando el funcionamiento de la economía argentina y la vida de tanta gente. Aunque ya es demasiado tarde para acordarse de los consumidores, la convocatoria a militantes políticos y a 50 intendentes del conurbano bonaerense para esa cruzada sólo se explica en que ese distrito resulta decisivo para el resultado electoral. Actuar como vigilantes de listas de precios puede aportarles, en el mejor de los casos, una motivación política que ya no ofrece una economía que, virtualmente estancada y sin creación de empleos, dejó de ser un activo para el oficialismo.

En términos prácticos, sin embargo, su futura misión resulta una incógnita y mucho más la amenaza de aplicar multas a los comercios. Para variar, nadie sabe cuáles son las reglas. Tanto el congelamiento general que aplicaron desde el 1º de febrero las grandes cadenas de supermercados, como su actual versión minimalista de 500 precios fijos desde el 1º de junio hasta fin de octubre, no fueron dispuestos ni avalados por escrito a través de ningún decreto o resolución oficial. Por lo tanto, las eventuales sanciones no tendrían respaldo normativo alguno, aunque nadie descarte que se busquen chivos expiatorios como medida ejemplarizadora o surjan casos de corrupción.

Otra extravagancia es que, dado que el congelamiento fue presentado como fruto de un acuerdo entre Guillermo Moreno y los supermercadistas, el plan "Mirar" supondría que el propio gobierno desconfía de sus contrapartes. Sin embargo, no todos los supermercados participaron de esas negociaciones sino únicamente ASU (Asociación de Supermercados Unidos), que agrupa a las grandes cadenas de alcance nacional. De ahí que los asociados a otras entidades como CAS (Cámara Argentina de Supermercados) o FASA (Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios), salieran a aclarar que el actual congelamiento resulta obligatorio para los primeros y voluntario para el resto. Y también que, como no han informado sus precios a la Secretaría de Comercio, los eventuales controles que realicen "fuerzas vivas o militantes políticos" en sus locales deberán contar con la autorización de sus propietarios; máxime cuando carecen de las listas de precios que deberían verificar.

Aún así, la movilización militante que planea el gobierno de CFK deja al descubierto la ineficacia del aparato burocrático estatal no sólo para controlar las múltiples causas de la inflación, sino también para registrar sus efectos. En teoría, los encuestadores del Indec están en condiciones de verificar 8000 comercios por mes, pero computan ficticios precios "dibujados" que, además, se han convertido en secreto de Estado. Hasta la propia subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Lucila "Pimpi" Colombo, acaba de admitir que los índices del Indec no sirven para calcular la inflación ni para discutir ajustes salariales en paritarias. Con menos componentes políticos e ideológicos, el Gobierno podría valerse del relevamiento de precios que realiza una organización privada (Tomadato) en todas las sucursales de supermercados y que contratan muchas industrias proveedoras de productos de consumo masivo para verificar qué ocurre con sus precios en el último eslabón de la cadena de comercialización. Claro que esto no tendría la épica de una cruzada contra supuestos abusos, fomentados por la crónica política proinflacionaria que el gobierno de CFK niega para atribuirles la responsabilidad sólo a los empresarios.

La verdad de la milanesa

Ahora, con la defectuosa puesta en escena del "control militante", a costa de aumentar la desconfianza empresaria en muchos sectores y deprimir aún más la inversión, el Gobierno trata de disimular otras realidades.

Una, que el congelamiento de todos los precios en las góndolas era insostenible para la rentabilidad de los grandes supermercados, que incluso terminaron siendo víctimas de haber aceptado el "cepo publicitario" para no promocionar ofertas en los diarios de mayor circulación. La prueba es que en abril, según datos del Indec, la facturación bajó 7,6% con respecto a marzo a valores corrientes y perdieron participación en el total de ventas de productos masivos. Por eso el congelamiento se redujo ahora a listas individuales, negociadas por cada cadena, de sólo 500 productos y no en todos los casos de consumo indispensable. Así, esos precios congelados darán lugar a la progresiva suba de otros, autorizados por el propio Moreno. La estrategia oficial no es muy diferente, en otra escala, a la que se viene aplicando desde hace tiempo con las cadenas de comida rápida, que abaratan el precio de una o dos variedades de hamburguesas y aumentan los de otros combos. Con el mismo criterio, en las heladerías se podría congelar el helado de limón y subir el de chocolate. Pero en algunos supermercados, las nuevas listas incluyen segundas marcas y presentaciones que parecieran excesos de stock (gaseosas en lata, pero no en botellas de litro y medio; pan envasado pero no pan francés; tinturas para pelo rubio y no negro), así como cortes de carne de baja calidad (azotillo, espinazo, rabo). Ni siquiera quedaron resabios de los planes o "milanesas para todos" o "asado para todos" que pasaron al olvido entre los anuncios y los hechos. Lo mismo que puede ocurrir ahora con la promocionada tarjeta Super-Card.

Otra realidad es que el primitivo congelamiento sirvió para amortiguar la brecha entre los precios de 2013 y los salarios de 2012 abierta por la demora de la mayoría de las paritarias, que el Gobierno no se ocupó de apurar para acercarlas a la fecha de las elecciones a costa de un debilitamiento del consumo. Ahora la versión reducida de 500 productos tiende a evitar una prematura erosión de los recientes aumentos en la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares. No obstante, todavía están pendientes las paritarias de otros gremios clave -como camioneros o alimentación- que impactarán en los costos.

Para corroborar que los precios también formarán parte de la campaña electoral, Mauricio Macri acaba de anunciar que el gobierno porteño elaborará su índice de precios con mediciones propias. Ciertamente es una forma de confrontar con las inverosímiles estadísticas del Indec, avaladas por el gobierno de CFK. Pero también de recuperar algo del necesario federalismo estadístico perdido en materia de inflación, ahora que siete provincias (sobre un total de 10) delegaron en el Indec el procesamiento de sus indicadores de precios, como preludio del índice nacional que el Gobierno promete, no casualmente, para después de las elecciones de octubre..

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