Si usted es una persona con dificultades visuales, navegue el sitio desde aquí
lanacion.com | Las noticias que importan y los temas que interesan
Ver página en pdf

Lázaro Báez

La denuncia de las bóvedas será investigada desde Buenos Aires

Política

Por decisión de la Cámara Federal, quedó unida a la causa por lavado de dinero, a cargo del juez Casanello; dijo que los casos tienen "directa vinculación"

La denuncia por el desmantelamiento de la supuesta bóveda del subsuelo de la casa santacruceña del empresario kirchnerista Lázaro Báez se investigará como parte de la causa en su contra por lavado de dinero.

El juez federal Sebastián Casanello, que tiene a su cargo este expediente, había enviado la nueva denuncia al Sur, pero la Sala II de la Cámara Federal porteña entendió que debía investigarse todo junto : los camaristas sostuvieron que el presunto desmantelamiento tiene "directa vinculación" con la causa por lavado, donde Lázaro Báez es uno de los imputados.

Los hechos vinculados con la supuesta bóveda "guardan relación con el objeto procesal y con la prueba" del caso por lavado, afirmó la Cámara en su resolución de ayer. "No corresponde separar tales hechos de la investigación principal. Antes bien, se advierte que merecen ser profundizados", sostuvo el tribunal.

Y argumentó: "Ello por cuanto la mudanza de esos elementos de una finca a otra que serían de propiedad de uno de los imputados así como la modificación de sus instalaciones, en el caso de confirmarse, tienen directa vinculación con la instrucción en la que se investiga el encubrimiento de valores para darles visos de legalidad".

El caso de la supuesta existencia de una bóveda se inició por una denuncia de la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica), que acusó a Báez de haber desarmado las estructuras que supuestamente tenía en el subsuelo de su chacra de Río Gallegos y haber sacado de allí documentos, armas y dinero.

La diputada afirmó que este traslado tuvo lugar horas después de que el periodista Jorge Lanata denunciara en su programa Periodismo para todos la presunta red de lavado de dinero y acusara al empresario. Acompañó fotos para acreditar la denuncia y el nombre de quien habría trabajado en el desmantelamiento.

Objeto procesal

Cuando recibió esta denuncia, el juez Casanello pidió protección para los testigos mencionados en ella, se quedó con un juego de fotocopias y remitió el original al Sur. Sostuvo en la oportunidad que los nuevos hechos no estaban dentro del objeto procesal de la causa que él investiga y que, como habrían sucedido en Río Gallegos, la justicia federal porteña no tenía competencia para investigarlos.

El fiscal Guillermo Marijuan, en cambio, consideró que todo debía investigarse junto. Por eso, apeló la decisión de Casanello, que la diputada Carrió interpretó como una supuesta prueba de que el juez pretendía proteger a Báez.

El caso llegó así a la Cámara Federal, donde los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah compartieron el criterio del fiscal Marijuan.

Sólo advirtieron que la unificación de los casos tenía una "salvedad"; debía investigarse en el Sur "lo relativo a la hipotética tenencia de armas y municiones", expresaron.

Los camaristas afirmaron también que el objeto de la causa por lavado "se centra en la averiguación de las maniobras realizadas desde la firma SGI Argentina SA tendientes a sacar divisas del país, mediante el armado de estructuras societarias bancarias en el extranjero, radicadas en Belice y Panamá y la utilización de cuentas bancarias con asiento en Suiza y Uruguay".

Dijeron además que, según el fiscal, el supuesto lavado se realizó trasladando "grandes sumas de dinero a esta Capital Federal desde el sur del país, para luego embarcarlas a otras naciones y, desde allí (o desde la propia Capital), transferirlas a cuentas bancarias de distintos lugares del mundo y a nombre de sociedades creadas al efecto".

Con estos argumentos, revocaron la decisión del juez Casanello y dispusieron que se concentrara toda la investigación en Buenos Aires.

Postergan la indagatoria a Elaskar y Fariña

El juez federal Sebastián Casanello suspendió ayer las indagatorias que iba a tomar a los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar, quienes en un programa televisivo confesaron haber sacado del país dinero presuntamente ilegal perteneciente al empresario Lázaro Báez y luego se desdijeron.

Fuentes del Juzgado Federal N° 7 informaron que las postergaciones se debieron a las solicitudes de Iván Mendoza, abogado de Fariña, de contar con más tiempo para interiorizarse del expediente, y de Elaskar, por el cambio de abogado defensor hecho a último momento.

El juez aún no dispuso una nueva fecha para las declaraciones como imputados de lavado de dinero, delito castigado con hasta 10 años de prisión, pero se estima que será en dos semanas..

TEMAS DE HOYCristina KirchnerFondos públicosElecciones 2015NarcotráficoTorneo Primera División