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Editorial I

Gils Carbó, de acusadora a acusada

Opinión

La procuradora general de la Nación se encuentra imputada de graves irregularidades en el ejercicio de su función

Es una paradoja que la jefa de los fiscales, es decir, de los funcionarios judiciales encargados de acusar, esté concentrando sobre sí y sobre su labor una serie de gravísimas acusaciones para alguien que ocupa tan importante cargo y desde hace tan poco tiempo.

Como sostuvimos no hace mucho en esta columna, Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación, pretendió convertir al Ministerio Público en otro apéndice del Poder Ejecutivo. Durante un tiempo, pareció lograr ese objetivo, en línea con los designios presidenciales de una Justicia dependiente y temerosa del Poder Ejecutivo. No por nada, la procuradora general fue la impulsora de la agrupación Justicia Legítima, que reúne a funcionarios judiciales que postulan una Justicia sometida al Poder Ejecutivo .

Posteriormente, sin embargo, fueron algunos fiscales federales los que se rebelaron, y lo hicieron cuando los fiscales predilectos de Gils Carbó parecieron distraerse y no imputaron a Lázaro Báez cuando las primeras denuncias del programa televisivo Periodismo para todos aportaron nuevos elementos contra el empresario kirchnerista y sus allegados por presunto lavado de dinero. Uno de los primeros en rebelarse fue Guillermo Marijuan, quien investiga esa causa de lavado de dinero.

Para ese entonces, ya se había producido un fuerte descontento entre algunos integrantes de Justicia Legítima, que consideraron que la agrupación habló en nombre de todos sin que se hubiera consultado a la totalidad de sus integrantes.

Finalmente, la semana pasada, el titular de la Unidad Fiscal AMIA, Alberto Nisman, difundió un nuevo dictamen en el que volvió a acusar con fundadas pruebas a Irán como responsable del atentado contra la mutual judía. Más de un analista interpretó con mucha razón que las 500 páginas de su escrito representaron un ataque a la postura oficial del Gobierno de acercamiento con Irán con vistas a revisar junto con Teherán todo lo actuado por la justicia argentina en la investigación del cruel atentado. Como fiscal federal, Nisman tiene como su superior a Gils Carbó.

Pero en esos momentos la procuradora general ya se encontraba acusada por los fiscales que de ella dependen. Lo hizo el fiscal federal Guillermo Di Masi, quien no sólo la imputó a ella, sino también a otros dos fiscales y al juez federal Sebastián Casanello por presunto encubrimiento de Báez en la causa por lavado de dinero. La denuncia la formuló la diputada Elisa Carrió.

A su vez, la Cámara Federal ordenó reabrir una causa para averiguar si Gils Carbó cometió irregularidades en el nombramiento de representantes del Ministerio Público. Habría nombrado a fiscales incondicionales suyos al frente de unidades que ella creó, como Carlos Gonella, a quien colocó al frente de la Procuraduría para la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Gonella omitió acusar a Lázaro Báez. Once de los fiscales designados por Gils Carbó serían fiscales subrogantes que no cuentan con acuerdo del Senado, y 18 serían fiscales ad hoc que no pasaron por concursos. Por este motivo la denunció penalmente el senador radical por Chubut e integrante del Consejo de la Magistratura Mario Cimadevilla, quien consideró que había incurrido en "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "nombramientos ilegales".

Si cabía alguna duda, el caso de Lázaro Báez desnudó cuál es el verdadero concepto de Justicia de Gils Carbó y sus fiscales especiales: encubrir a los imputados estrechamente allegados al kirchnerismo valiéndose de la privilegiada posición que tienen los fiscales para impulsar o no las investigaciones.

Una Justicia parcial y encubridora es la que quiere el Gobierno, y una Justicia parcial y encubridora es la que ofrece Gils Carbó sin que le importe inmolarse en el empeño. Esa concepción de la Justicia requiere soldados y no fiscales, soldados que obren o permanezcan inmóviles en virtud de la más estricta obediencia debida. Ya se vio en acción a Gonella.

Esa concepción coincide con el desmantelamiento o inmovilismo de los órganos de control sobre el que tantas veces advertimos en esta columna. Es evidente que la sucesión imparable de escándalos demostró que la inactividad o la actitud encubridora de esos órganos no alcanzan para proteger a los altos funcionarios involucrados y a sus allegados. Por eso, el Gobierno tuvo que procurar el sometimiento de la Justicia. La sana reacción de los fiscales que decidieron no temerle a su jefa es sumamente alentadora porque demuestra que no hay Justicia sin independencia y que muchas veces esa independencia deben conquistarla, como lo han hecho en este caso, los propios funcionarios..

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