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Editorial I

Cuando la seguridad es sólo una preocupación electoral

Opinión

La ausencia absoluta de políticas para combatir en serio el auge delictivo deja inerme a una sociedad que vive prisionera del miedo

Las últimas informaciones sobre inseguridad en la zona metropolitana reavivan un debate cuya solución sigue estando cada vez más lejana, básicamente como consecuencia de la falta de políticas coordinadas entre las distintas jurisdicciones a mediano y largo plazo.

Llevamos décadas de parches frente a un delito cada vez más violento, situación que se ha venido agravando en los últimos años con la penetración del narcotráfico en zonas cada vez más vastas del país.

Una reciente estadística del Ministerio Público Fiscal bonaerense da cuenta de que en 2012 hubo 1196 homicidios en ese distrito, es decir, tres muertes violentas por día tan sólo en la provincia de Buenos Aires, donde la tasa de ese tipo de crímenes es de 7,65 muertes por cada 100.000 habitantes.

Esa tasa supera a la última conocida de la ciudad autónoma de Buenos Aires, correspondiente a 2011, que había sido de 6,57.

Por cierto, ambas están por debajo de las registradas en otros países de la región, pues en Uruguay fue de 8,12 por cada 100.000 habitantes durante 2012, en tanto que en Venezuela esa proporción fue de 54. Pero eso no debería ser un consuelo para nuestros propios males.

Lamentablemente, y como ya es costumbre en nuestro país, faltan datos comparativos para hablar de un crecimiento o de una baja del delito. En la Nación, las últimas cifras oficiales corresponden a 2009.

De todos modos, que haya siete muertes por cada 100.000 habitantes es de por sí un hecho grave. Como se sabe, la mayoría de los delitos no se denuncian, por lo cual esos guarismos incluso terminan siendo apenas una ínfima muestra de la realidad. La cifra negra del delito es muy importante en nuestro país. La desconfianza de las víctimas en la policía y en la Justicia contribuyen a profundizar los efectos negativos de ese silencio, a veces roto por medio de la crónica periodística, a la que las autoridades minimizan, banalizan y niegan para no terminar de asumir su responsabilidad.

Hace poco menos de dos semanas, este diario dio cuenta de una nueva ola delictiva que castiga con fuerza la zona norte del conurbano. El fiscal Eduardo Rodríguez, uno de los dos representantes del Ministerio Público en la fiscalía descentralizada de Vicente López oeste, acusó a la policía bonaerense de "falta de idoneidad" para, por ejemplo, combatir el robo de vehículos, uno de los delitos que desde hace ya bastante tiempo se vienen cobrando numerosas vidas.

También en la zona Norte balearon recientemente al jefe antidrogas de la Policía Federal, comisario inspector Néstor Roncaglia. Si bien las autoridades nacionales en un principio quisieron vincular el hecho con su delicada actividad, fuentes policiales y judiciales consultadas por este diario dijeron que la hipótesis principal del hecho fue la de un intento de asalto al voleo.

Mientras el jefe antidrogas era baleado durante el intento de robo de su auto, en un hecho similar en La Plata perdía la vida Joel Viltes Almirón, de 23 años, agente de la Policía Federal.

La falta de seguridad es la mayor preocupación de los ciudadanos. Así lo demuestran todos los sondeos y encuestas sobre victimización, en los que es muy poca la gente que asegura no haber sufrido en carne propia un delito o que admita no conocer a una víctima de un robo o de un asesinato.

Para el área metropolitana se han lanzado decenas de planes -la mayoría terminaron siendo parches- que no apuntaron nunca a atacar el problema de fondo. Como se dijo, la penetración del narcotráfico ha sido un factor determinante en la utilización de drogas, especialmente entre la parte más vulnerable de la población, la que termina sosteniendo su adicción por la vía del robo que le permita adquirirla. Pero también hay que tener en cuenta que la liviandad con que se juzga a muchos delincuentes les facilita el camino hacia la reincidencia en el delito, pues han perdido el respeto por la ley.

Cada vez que un hecho aberrante tomó estado público, se lanzaron programas rimbombantes (la Nación dispuso los operativos Cinturón Sur, Centinela, Escudo Norte y Vigía, sólo por citar algunos), cuyos resultados dejaron mucho que desear, mientras que las provincias han creado nuevos cuerpos de policías que terminaron superpuestos pero no articulados con los sistemas de control comunales, vecinales y hasta nacionales.

Está a la vista. Las cosas no mejoraron. El delito se hace cada vez más cruel y no hay señales claras de que se quiera combatirlo con seriedad.

El último recambio ministerial dispuesto por la presidenta Cristina Kirchner, que reemplazó a Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad por Arturo Puricelli -cuestionado ex ministro con profundos desaciertos en Defensa e investigado judicialmente-, da la pauta del nulo interés presidencial por la seguridad.

Del mismo modo, las expresiones grandilocuentes de la voluntad de luchar contra el delito de no pocos mandatarios provinciales se da de lleno contra la realidad. Ya no es cuestión de voluntad, sino de sinceramiento, de reconocer la gravedad del asunto y de ponerse a trabajar en conjunto, sin oportunismos ni mezquindades político-partidarias ni falsos ideologismos..

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