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Editorial I

Otro intento presidencial de amedrentar a la Corte

Opinión

Las recientes declaraciones de Cristina Kirchner contra algunos integrantes del máximo tribunal desnudan su propósito de someter a los jueces

En las últimas horas, ha arreciado el ataque de la Presidenta contra la Justicia en general y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en particular. Al hablar en público en Río Gallegos, y luego mediante la red social Twitter, Cristina Fernández de Kirchner le reclamó al Poder Judicial independencia respecto de los poderes económicos y exigió a los jueces que no intenten convertirse en un contrapoder. También defendió la reforma judicial que impulsó el Gobierno pese a su manifiesta inconstitucionalidad, punto que constituiría una de las razones del ataque presidencial.

La peligrosa y grosera arremetida contra la Corte y el Poder Judicial no configura un simple conflicto entre dos poderes. No se trata de una discrepancia ni de interpretaciones contrapuestas, algo nada inusual en el libre juego de las instituciones democráticas. Por desgracia, estamos ante algo de una gravedad inusitada, pues se trata de un feroz ataque del Poder Ejecutivo al Judicial para someterlo y, de esa manera, por un lado, tener despejado el campo para el ejercicio de un mayor autoritarismo sin contrafreno alguno y, por otro lado, terminar de una vez por todas con las amenazas que constituyen para altos funcionarios y sus allegados las cada vez más numerosas y documentadas investigaciones sobre graves hechos de corrupción.

Hace años que el Gobierno se ha empeñado en esta lucha cada vez más fuerte por el dominio total de sectores que aún muestran reservas de independencia, tales como el periodismo crítico y el Poder Judicial. En la concepción presidencial se trata de dos aliados entre sí, y a ello pareció aludir cuando anteayer expresó: "A aquel que se piensa como contrapoder desde el Poder Judicial le notifico que más que contrapoder del poder popular es delegado de otros poderes, que no sabemos, pero imaginamos cuáles son".

El ataque a la Justicia se volvió más evidente con el paquete de leyes para la mal llamada reforma judicial, que no es otra cosa que el sometimiento de la Justicia. Le ha seguido, ahora, el ataque frontal a la Corte y a algunos de sus miembros con el argumento de la edad o la militancia política. Se ha especulado con que esta arremetida obedecería al temor a que la Corte falle en contra del Gobierno en los aspectos inconstitucionales de la reforma judicial, como el que establece el voto popular para elegir a los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura.

Resulta inconcebible en un país medianamente serio que la cabeza del Poder Ejecutivo les recuerde a algunos ministros de la Corte, como su presidente, Ricardo Lorenzetti, y Raúl Zaffaroni, que le deben el nombramiento a Néstor Kirchner. Pocas veces como en este caso los dichos de la jefa del Estado han puesto de manifiesto con tanta transparencia la concepción del poder que subyace en su mente, una concepción de un autoritarismo tan desmedido que considera a los miembros que eligió para la Corte simples empleados o soldados que sólo deben fallar según los designios del Ejecutivo, como ocurría cuando el kirchnerismo gobernaba Santa Cruz.

En este sentido, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay sostuvo ayer que la primera mandataria posee una "concepción monárquica" en sus cuestionamientos a la Corte, y atribuyó esa actitud a su "enorme preocupación" a que "se sigan investigando" las denuncias de corrupción. "Está tratando de amedrentar a los jueces y los desacredita frente al pueblo, tratando de hacer creer que el que falla contra lo que decidió el Gobierno o el Legislativo es un juez que actúa contra la voluntad popular", afirmó.

La Presidenta muestra su vocación por el ejercicio de un poder omnímodo al encargarse ella misma, como han señalados algunos de sus funcionarios, de confeccionar las listas de candidatos del oficialismo para los elecciones de legisladores y también de candidatos al Consejo de la Magistratura. Para no hablar de las críticas y persecuciones a quienes no se alinean con el oficialismo, tanto en el ámbito empresarial como en el periodístico y hasta en el artístico.

El régimen que ha cumplido diez años en el poder ha dicho que va por todo, y trata de cumplir con esa máxima incompatible con un régimen republicano y democrático.

La Constitución Nacional se encuentra por encima de los designios de los gobernantes, por más votos que hayan obtenido en las elecciones. Cuando esos gobernantes impulsan leyes anticonstitucionales que, gracias a la mayoría del oficialismo, el Congreso termina sancionando, son los jueces quienes deben determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esas normas. Una Corte y un Poder Judicial entregados al Ejecutivo permitirían el avasallamiento de la Constitución y el surgimiento de una dictadura.

En las últimas semanas, la Justicia ha reaccionado saludablemente al impulsar el avance de algunas causas de corrupción que atemorizan al Gobierno. Por la salud y el futuro de nuestra democracia, es de esperar que los reiterados ataques a la Justicia no hagan más que fortalecerla..

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