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Editorial I

Caso Ángeles Rawson: "masacre por goteo"

Opinión

El brutal asesinato de otra adolescente nos obliga a replantearnos qué es lo que estamos haciendo como sociedad para evitar este tipo de atrocidades

El brutal asesinato de la adolescente Ángeles Rawson, capturada a plena luz del día en la zona norte de la Capital, estrangulada y abandonada en un camión de basura que transportó su cuerpo hasta un predio de acumulación de desperdicios de la provincia de Buenos Aires, es mucho más que la enorme tragedia que hoy envuelve a su familia, a sus seres queridos y a todos como sociedad. Es, acaso, una metáfora perversa del sentido que estamos dando a los derechos humanos de todos a vivir en libertad, seguros, sin miedos a desaparecer apenas traspasamos el umbral de nuestras casas.

Ángeles era una chica de 16 años que había anunciado que volvería a su casa a almorzar después de la clase de gimnasia, que había dejado abierto su Facebook porque nada le impedía pensar que no volvería a usarlo y que se había despedido con un "hasta luego" de sus compañeras del colegio en el que llegó a ser el mejor promedio.

En su muerte brutal no tienen que ver ni el destino ni la mala salud ni la desgracia. Como sociedad, debemos responsabilizarnos de que estos hechos sigan ocurriendo. En cada nivel de decisión corresponde preguntarse qué se está haciendo mal. Las leyes están y tienen que ser cumplidas. Si es necesaria alguna normativa más, será el legislador el que deba debatirla y sancionarla; si la ley se aplica mal, deberá ser el juez quien deba replantearse qué está pasando con los derechos de todos, no sólo los de alguna parte o los de alguna época, que obviamente son importantes, pero no pueden ser excluyentes.

Deberían decidir las autoridades políticas que ya es hora de afrontar este problema con la grandeza, la seriedad y el desprendimiento que merece. La vía pública está hoy abandonada a su suerte. Los ciudadanos son escuchados cuando los hechos ya han ocurrido y no tienen vuelta atrás. Falta prevención, a veces mucho más que recursos. Y, si faltan recursos, habrá que ver en qué otros lados se dilapidan para organizarlos mejor, sin criterios políticos partidarios ni electoralistas.

Desde hace un tiempo, se ha desarrollado la extendida creencia de depositar casi toda nuestra fe en que adminículos tecnológicos como las cámaras de seguridad actuarán como disuasores de delitos. No es así. Sirven como prueba, pero no han evitado que se cometan los más variados atropellos.

En la enorme mayoría de los casos, el desempeño policial es posterior a los acontecimientos. Falta prevención, trabajo conjunto entre los distritos y las distintas fuerzas de seguridad.

La inseguridad no debe ser más la granada que se tira hacia el patio del enemigo político o el carpetazo que cae en el escritorio del funcionario de al lado. Es un tema y un problema de todos, del conjunto.

Ayer, varias voces políticas de diverso signo se alzaron reclamando la creación por ley de un registro de condenados por delitos sexuales. Sin embargo, los proyectos sobre ese tema en el Congreso nunca llegan a ver la luz. Los legisladores que los cuestionan priorizan la necesidad de no estigmatizar a los delincuentes, de no vulnerar los derechos humanos de los violadores. ¿Y el derecho humano de Ángeles Rawson? ¿Y los derechos de Candela Sol Rodríguez, secuestrada, asesinada y abandonada a 20 cuadras de su casa, en Hurlingham, en agosto de 2011?; ¿y los de Soledad Bargna, violada y asesinada en su departamento de Caballito por un ex convicto con salidas transitorias de la cárcel, en mayo de 2009?; ¿y los de María Fabiana Gandiaga, violada y muerta en una sede del club GEBA en esta Capital, en 2001? ¿O acaso no tenía derechos humanos la joven Lucila Yaconis, asesinada en el cruce de las vías del ferrocarril en Núñez, en 2003?

¿Alguien puede asegurar sin equivocarse que se privilegian los derechos de todos cuando desde hace años nada saben de la desaparición de sus seres queridos los familiares de Sofía Herrera, Marita Verón, Fernanda Penacchi, María Cash, Fernanda Aguirre y Julio López, por mencionar los casos más divulgados?

El estado de impunidad con el que se privilegian autores de delitos atroces en nuestro país es groseramente evidente. No se equivoca Diana Cohen Agrest, doctora en filosofía y madre de Ezequiel, asesinado en 2011 en un intento de robo en Caballito, cuando habla de una "masacre por goteo" en el país, de jueces con "prodigalidad asesina" que dejan libres a convictos de altísimo riesgo, o de la exageración de un "garantismo penal que está destruyendo el entramado social", destrucción que se acentúa con cada bolsón de pobreza al que no se asiste y que se menosprecia con una batería demagógica de parches que nunca van destinados a resolver los problemas de fondo.

Como dijo la abuela de la joven Ángeles Rawson, "nos merecemos un país en el que no haya más Ángeles". Estamos acostumbrándonos a que esto nos suceda y nos va a seguir sucediendo. Y ésa es la peor demostración de nuestra incapacidad para hacernos cargo de lo que nos pasa. Una vez más..

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