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Dilma, asediada por protestas y represión de cara al Mundial de fútbol

El Mundo

La semana pasada hubo violentas manifestaciones en seis grandes ciudades de Brasil; el Gobierno deberá garantizar que no ocurran durante la Copa del Mundo 2014

La violencia desatada durante las protestas contra el alza del billete del transporte público, que tuvieron su punto álgido el jueves en San Pablo, pero se replicaron en seis grandes ciudades, se suma a los muchos desafíos que deberá enfrentar la presidenta Dilma Rousseff en 2014, cuando Brasil reciba el Mundial de fútbol y se celebren los comicios en los que buscará la reelección.

 
 

Las imágenes de la salvaje represión policial contra los activistas que tomaron por cuarta vez en ocho días el centro de la capital paulista recorrieron el mundo.

Como si esto no bastara, un grupo integrado por el Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Sin Techo y el Comité Popular del Mundial realizó el viernes pasado una incendiaria barricada frente al estadio Nacional Mané Garrincha, en Brasilia, donde se disputa la Copa Confederaciones con el choque entre Brasil y Japón.

Bajo la consigna "¿Mundial para Quién?", el grupo, que defiende la transparencia en el uso de recursos públicos de cara a las citas deportivas, bloqueó una de las principales avenidas de Brasilia con la quema de neumáticos y escobas -como símbolo de la limpieza que aspiran tenga la organización de los eventos-, y generó caos en el tránsito de la capital del país, visitada por centenas de turistas, que presenciaron las enormes columnas de humo negro que mansillaron el paisaje creado por el arquitecto Oscar Niemeyer.

La violencia que quedó expuesta en las protestas, especialmente en las de San Pablo, golpea uno de los puntos más sensibles para el gobierno en la preparación de los eventos deportivos y también en la relación interna de cara a los comicios: el de la seguridad.

De cara al mundial

Históricamente con mala reputación a raíz de la acción de grupos del crimen organizado, la seguridad en Brasil parece estar amenazada ahora, además, por revueltas populares -según los activistas infiltradas por vándalos- y represión policial, tal como sucedió con el Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff y su antecesor Luíz Inacio Lula da Silva, en las luchas contra la dictadura militar (1964-1985). Sólo que ahora, 28 años después, en pleno gobierno petista.

¿Cómo trasmitir al mundo que la seguridad en el país está bajo control, si dos manifestaciones populares consecutivas, el martes y jueves pasados, dejaron parcialmente devastado el centro de la ciudad por actos de vandalismo, la primera, y centenas de heridos y detenidos en una cruenta represión policial, la segunda?

¿Y cómo explicarle al electorado del PT que el partido que busca conquistar su cuarto gobierno consecutivo no logra alcanzar el equilibrio entre el respeto a la libertad de expresión y la inhibición, sin violencia, de actos de vandalismo?

Con la mira puesta en 2014, las autoridades involucradas trataron de evaluar la situación y prometer soluciones.

El gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) fue de los pocos que defendió la actuación policial, aunque aclaró que cualquier "posible abuso será investigado".

En cambio, el alcalde de la metrópolis, Fernando Haddad, del PT, cuestionó la acción policial, pero también criticó los actos de vandalismo de la marcha del martes.

"En los tres primeros actos la conducta de la policía parecía adecuada. Ayer (jueves) parece que los protocolos no fueron observados", dijo el alcalde. "La policía no quedó bien", subrayó, y recordó que la Policía Militarizada "está bajo el comando del gobierno de Estado" en manos de los socialdemócratas, cuyo precandidato a la presidencia en 2014 es el que tiene más posibilidades de desafiar el favoritismo de Rousseff, el senador Aécio Neves.

Paralelamente, el secretario de Seguridad Pública de San Pablo, Fernando Grella, ordenó al organismo fiscalizador de la policía que inicie una "rigurosa investigación" sobre la actuación de los efectivos, aunque no dejó de señalar que la policía "también tiene el deber de garantizar el orden público y evitar abusos, y que continuará cumpliendo ese papel".

Rousseff, quien de cara al Mundial enfrenta además críticas de la FIFA por los atrasos en las obras y de cara a los comicios lucha contra una creciente inflación y una persistente retracción de la economía -lo que le valió la primera gran caída de popularidad-, todavía no se pronunció sobre este nuevo desafío, que se presenta en los albores de la gran "prueba de fuego" hacia 2014, la Copa Confederaciones, y no se sabe cuándo ni cómo terminará.

Por Ana María Pomi, agencia DPA.

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