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El escenario

La Corte y el Gobierno, en su peor momento

Política

El enfrentamiento del Gobierno con el Poder Judicial alcanzó ayer una nueva y muy peligrosa cima. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, podría denunciar penalmente en los próximos días al jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, por extorsión y amenazas contra su persona. En la habitual reunión de los martes de la Corte, Lorenzetti expuso ante los máximos jueces del país que analiza esa posibilidad después de enterarse de que Echegaray abrió una investigación impositiva contra él, contra sus hijos y contra un cercano colaborador suyo en el tribunal.

La embestida de la AFIP contra el presidente de otro poder del Estado es un hecho que no había sucedido en los casi 30 años de vida democrática. También es difícil encontrar un hecho análogo en cualquier otra experiencia democrática de la Argentina. La decisión de Echegaray se da en un contexto de extrema tensión del Gobierno con la Corte, sobre todo después de que ésta declarara inconstitucional toda la reforma judicial referida al Consejo de la Magistratura.

Esa resolución, tomada por el tribunal el martes pasado, ya motivó que Cristina Kirchner criticara abiertamente a la Corte dos días después, al hablar por cadena nacional durante el acto del Día de la Bandera en Rosario. Esa proclama se convirtió en el más ofensivo discurso de un presidente democrático contra el Poder Judicial.

El relato de Lorenzetti de ayer se limitó a dar cuenta a los otros jueces supremos de lo que está haciendo Echegaray. No nombró a la Presidenta. Sin embargo, es absolutamente improbable que el jefe de la AFIP haya decidido investigar al presidente de la Corte sin consultar con Cristina Kirchner. "Echegaray estaría ya en la calle si hiciera eso por decisión propia", dijeron funcionarios que conocen la férrea disciplina interna que impone la Presidenta.

De la reunión de ayer participaron casi todos los jueces de la Corte.

Estuvieron Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi y Carlos Fayt. Sólo estuvo ausente, porque se encuentra de viaje, Eugenio Raúl Zaffaroni.

El tribunal comenzó a tratar también el reciente dictamen de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, sobre la expropiación del predio ferial de La Rural en Palermo. Gils Carbó opinó que la Cámara Civil y Comercial dejó al Estado en situación de "indefensión" al suspender aquella decisión de Cristina Kirchner. La jefa de los fiscales le pidió a la Corte que acepte el recurso extraordinario y se aboque de inmediato al caso.

Sobre la decisión de Echegaray, Lorenzetti contó que aquél ordenó una investigación contra él y sus dos hijos directamente desde Buenos Aires, aunque la pesquisa se está haciendo en Santa Fe, provincia de la que es oriundo el presidente de la Corte. Lorenzetti tiene todavía una casa en Rafaela, donde nació y adonde suele ir casi todos los fines de semana. Uno de sus hijos es abogado y el otro es contador. Ambos son muy jóvenes.

"Nunca, en 30 años, recibí una intimación de la AFIP y jamás fui investigado por ninguna oficina impositiva", aseguró Lorenzetti. El presidente de la Corte aseveró que pagó siempre en tiempo y forma todos sus impuestos. "Es una presión más por las decisiones que ya se han tomado y por las que el tribunal tendrá que tomar en adelante", señaló otro juez que escuchó a Lorenzetti.

 
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, evalúa denunciar al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por extorsión y amenazas. Foto: Archivo 
 

La Corte Suprema tiene en sus manos varios asuntos sensibles para el Gobierno. Sobresale el expediente sobre la ley de medios audiovisuales, que la Cámara Civil y Comercial consideró inconstitucional en varios de sus artículos.

Pero no es el único. Hay también pleitos impositivos entre la Nación y varias provincias (Córdoba y Santa Fe, por ejemplo), e innumerables casos de jubilados que pidieron acogerse a la jurisprudencia de la Corte, que ordenó nuevas liquidaciones previsionales en muchas sentencias.

Éste es un tema que irrita especialmente a la Presidenta porque exhibe la insensibilidad de su gobierno, que decidió usar los fondos de la Anses para fines políticos o para financiar al Estado.

Lorenzetti notificó también a sus pares de que está siendo investigado por la AFIP el secretario general de administración de la Corte, el contador Héctor Marchi. Marchi, también oriundo de Rafaela, es un hombre de absoluta confianza de Lorenzetti y fue designado por éste en el cargo que tiene en el máximo tribunal.

El caso de Lorenzetti se inscribe también en un escenario en el que otro juez de la Corte, Maqueda, fue agredido verbalmente hace una semana, cuando el magistrado caminaba solo hacia su casa, por un joven que se identificó como militante de La Cámpora. El joven le exigió a los gritos que la Corte fallara a favor del Gobierno en el caso del Consejo de la Magistratura y le pronosticó un futuro rodeado de policías de seguridad si la sentencia afectaba al gobierno de Cristina Kirchner. Fue un día antes de que el tribunal decidiera contra los intereses políticos de la Presidenta. La resolución fue firmada por todos los jueces de la Corte con la única excepción de Zaffaroni.

Ayer se conoció también que el juez federal Sebastián Casanello, que investiga el presunto lavado de dinero de Lázaro Báez, se encontró el fin de semana con una rueda casi suelta de su automóvil oficia l. Los autos de los jueces federales son flamantes. El propio Lorenzetti se los entregó hace unos 20 días.

La decisión de Lorenzetti de exponer el caso de Echegaray ante el plenario de la Corte y de anunciar la posibilidad de una denuncia penal por extorsión contra el jefe de la AFIP permite dos deducciones. Una: el presidente de la Corte Suprema no tiene nada que esconder de su vida privada ni de su situación patrimonial. La otra: no está dispuesto a dejarse presionar por el gobierno nacional, ya sea por los discursos públicos de éste o por sus acciones soterradas, como las de Echegaray.

El Gobierno, por su parte, exterioriza nuevamente la decisión política de no reconocer ningún límite institucional, aunque también muestra su debilidad política y argumental. La presión por la fuerza o por la intimidación ha sido siempre el último recurso de los que carecen de razón..

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