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La lucha contra las drogas, en debate

Opinión

Por   | Para LA NACION

El principal aporte del reciente informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre "El problema de las drogas en las Américas" es que cuestiona un dogma fundamental: la idea de que la "guerra contra las drogas" era exitosa y, por lo tanto, legítima y viable. En ese sentido, el documento de la OEA ofrece un diagnóstico ponderado que demanda, de hecho, una reorientación de varias de las prácticas vigentes.

El debate que se abre atañe directamente a la Argentina, donde el avance del narcotráfico quedó confirmado anteayer en el informe anual de las Naciones Unidas sobre drogas, que ubicó al país como el tercer puerto proveedor mundial de cocaína, detrás de Brasil y Colombia, de acuerdo a datos obtenidos en los últimos diez años.

Una consecuencia natural del reconocimiento del fracaso de las políticas antinarcóticos implementadas desde mayo de 1971 (cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, proclamó el inicio de una cruzada nacional y global contra las drogas) es la necesidad de modificar el eje del debate: esto es, el acento se ha colocado tradicionalmente en el objeto (las drogas) y no en el sujeto (la persona). En ese sentido, una estrategia alternativa debe superar creencias dogmáticas y validar el vínculo entre el problema de las sustancias psicoactivas y la necesidad de un desarrollo centrado en los ciudadanos para su solución. Esto generará, a su turno, un conjunto de dilemas que los forjadores de políticas y los decisores gubernamentales ya enfrentan; dilemas que, a estas alturas, no admiten la negación sino, por el contrario, la adopción de cursos de acción diferentes y concretos. El ensayo de la experimentación, más que la lógica de "más de lo mismo", es lo que subyace, en parte, en el nuevo informe de la OEA.

Un primer dilema tiene que ver con el hecho de que habrá que elegir entre retocar o reformar el enfoque presente hacia las sustancias psicoactivas. Esto no significa que algunas iniciativas deban descontinuarse, pero sí que se reconozca que para obtener metas sostenibles de largo plazo es necesario modificar muchas medidas actuales: fundamentalmente, el énfasis de las políticas públicas en torno a las drogas -y aún más allá de ellas- debe colocarse en la ciudadanía, su bienestar, su protección y la convivencia en el marco de sistemas democráticos. Este cambio puede ser poco atractivo desde el punto de vista electoral o coyuntural, pero los tomadores de decisión deben enfrentar este desafío más temprano que tarde.

Un segundo dilema resulta del desbalance implícito en la estrategia antidrogas vigente. Por un lado tenemos más recursos para combatir la oferta, presupuestos abultados para las agencias federales y subnacionales encargadas del componente punitivo de la venta, poca integralidad en las políticas desplegadas, escasa coordinación interinstitucional y baja cooperación interestatal; todo eso sólo va a provocar más frustración y mayor fatiga. Se requieren, en cambio, fondos para reducir la demanda, más inversión en los ministerios y oficinas orientados a la prevención, una política comprensiva en la materia, mejor gestión coordinada en el plano burocrático y nuevas modalidades de colaboración entre los estados. La alternativa entonces es perpetuar o innovar; algo que en esencia pondrá de manifiesto ante las sociedades del continente la voluntad de resistir o facilitar el cambio en relación a las drogas.

Un tercer dilema se vincula con el logro de resultados más promisorios. Es posible sostener que una política antidrogas debe seguir centrada en atacar casi exclusivamente ese fenómeno. O, por el contrario, asumir que la mejor estrategia antidrogas es tanto una sensible política contra dicho asunto como una buena política pública en materia de educación, salud, empleo, juventud, derechos humanos y justicia, entre otras. En consecuencia, o se mantienen políticas cuyo foco distintivo es la cuestión de los narcóticos o se combinan políticas puntuales con políticas universales dirigidas a las personas y a sus necesidades prioritarias en materia social y económica.

Un cuarto dilema está relacionado a los plazos de las políticas públicas contra las drogas. Las respuestas simples a cuestiones complejas como la de las drogas ha reforzado el despliegue de tácticas de fuerza que, aunque en ocasiones logran ciertos resultados simbólicos y temporales, no resultan eficaces en el largo plazo. Muchos, fuera y dentro del Estado, pueden creer que habrá algún día una "bala mágica" que resuelva el fenómeno de las drogas. Sin embargo, esto no es realista. Otra opción -la búsqueda de respuestas difíciles a asuntos intrincados- no es particularmente encantadora, pero es imprescindible si se aspira a contener, y eventualmente revertir, las manifestaciones más deletéreas de dicho fenómeno. El liderazgo político en el continente enfrenta otra encrucijada: especular y actuar con un calendario electoral en la mano a la hora de diseñar políticas antidrogas o pensar y proceder con una mirada estratégica.

Un quinto dilema hace referencia al tamaño de los retos y las capacidades disponibles para afrontarlos. En toda América, por distintas razones y en diferentes grados, falta estatalidad y las instituciones tienen retos inmensos, superiores en muchos casos a sus capacidades reales. En porciones de Los Angeles, Kingston o Asunción falta Estado. A su vez, la fragilidad de las estructuras de gobernabilidad es patente en buena parte del continente, mientras que el cuestionamiento de la opinión pública a varias instituciones es alarmante tanto en el norte como en el sur de América. En ese contexto, el fenómeno de las drogas genera una disyuntiva adicional consistente en el hecho de que su mal manejo puede ahondar más la vulnerabilidad estatal y el desgaste institucional, mientras su buen manejo no necesariamente produce réditos inmediatos. En este caso, o se mantienen políticas antidrogas de baja efectividad (lo cual tiene efectos sobre la estatalidad y la institucionalidad) o se implementan políticas que aspiren a mayores niveles de efectividad (con el potencial beneficio de fortalecer el Estado y las instituciones).

Un último dilema hace a la relación entre los Estados y las sociedades. Mientras los Estados han continuado con prácticas ortodoxas en materia de drogas, en las sociedades han prosperado voces heterodoxas que propician un diálogo novedoso y razonable sobre el tema. Como consecuencia de esto es posible observar una mejor calidad del debate ciudadano alrededor de las drogas. Los Estados parecen rezagados frente a esos avances. En el continente se han dado quizá las controversias internacionales más interesantes de los últimos tiempos favorables a ensayar alternativas menos convencionales en torno a las drogas. Resta ver si la voluntad política de los gobernantes del área desalienta o facilita una mayor deliberación pública y política.

En este contexto, la Argentina está urgida de alcanzar un consenso y fijar una estrategia. En la medida en que se siga posponiendo un diagnóstico serio y profundo sobre su situación específica y su creciente lugar en la geopolítica global de las drogas, más avanzarán las miradas y medidas prohibicionistas: la "mano dura" va ganando espacio en el discurso de varios actores y en los planteamientos de algunos sectores tentados por militarizar la cuestión. Avanza nuestra "triple P"-la sociedad entre pandilleros, policías y políticos- ante los ojos de todos sin que, al parecer, muchos lo adviertan. Mientras tanto, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) sigue bajo la dirección de un secretario de Estado provisorio.

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