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Legitimadores de la impunidad

Opinión

"Yo soy una especie de cocinero al que le dan los ingredientes y la receta, y tengo que hacer huevos fritos", se justificó cuando se me apersonó el defensor oficial del asesino de mi hijo. Omitía que la receta es una interpretación que el garantoabolicionismo hace de la ley con la cual viola la protección del derecho a la vida. Esa vida que le fue arrancada a Ezequiel Agrest cuando los jueces del tribunal de Morón, Parera, Thompson y de Carlo, excarcelaron a un delincuente que tenía en su haber once causas graves previas y con sus firmas sentenciaron a muerte a un inocente.

Pese a que un Tribunal Oral en 2012 condenó al asesino a la pena perpetua, los jueces de Casación Slokar, Figueroa y Ledesma ordenaron a los jueces Rojas, Altieri y De la Torre rebajar la condena. La audiencia en ese tribunal, que condenso con citas textuales, fue un modelo de tantas otras causas legitimadoras de la impunidad que no llegan al público.

Tras el reconocimiento del homicida como único autor, el fiscal termina excusándolo -"lo noto arrepentido", dijo, una percepción subjetiva que serviría de atenuante para solicitar una pena menor a la pedida por la querella- e incumpliendo su función en el ministerio público: acusar de su culpabilidad al victimario, en cuanto el fiscal representa los valores vulnerados de la sociedad y la protección del cuerpo social.

El nudo del drama aceitaba la maquinaria retórica que se desplegaría en el desenlace. Pues el alegato de mayor vuelo fue el del defensor oficial Gustavo Ferrari (homónimo del diputado), quien con resonancias filosóficas comenzó por reconocer que no "podemos dejar de tener en cuenta que la justicia perfecta entre el mal causado? y el sufrimiento que se pretende imponer" es imposible. A modo de dilema personal (irrelevante en la impartición de justicia), confesó: "Me ponen mal, porque hay un mal que no puedo reparar". Puedo aliviar su mal, señor defensor, pienso entonces. Pues la respuesta la tengo hasta yo que, aunque lega en el arte de la ficción jurídica, algo sé de la ética que debería fundar el derecho: aunque la justicia perfecta es imposible, los jueces deben intentar reparar lo irreparable hasta el punto de que la ausencia perpetua del muerto se compense con la cesión perpetua de la libertad del asesino. "No quiero causar un daño mayor que el que ya se causó", dice entonces. Señor defensor -me digo en mi monólogo interior-, usted sufre de una confusión conceptual: no se trata de dos males, sino de un bien, la condena, que intenta compensar vicariamente el mal primario que el homicida conculcó, restituyéndose así la justicia debida. "Matémoslo -concede retóricamente el defensor a un verdugo imaginario con el solo fin de deslegitimar esa posibilidad-; si no tiene ninguna posibilidad de ser redimido, si no puede haber equilibrio simbólico entre la pena y el delito, el castigo se llama venganza."

No, señor defensor, señores jueces, no es venganza: es justicia. Señores jueces, la resocialización no se menciona en nuestra Constitución Nacional y, de promoverse -para quien mató a un inocente-, por debida Justicia debería ser intramuros.

"Te voy a prisionizar para que, como una picadora de carne, te aniquile", amenaza al reo el adicto a las analogías gastronómicas como portavoz ficcional de la ley. Señor defensor -cocinero, digo para mí misma-, los gusanos están haciendo el trabajo de picadora de carne de los despojos de mi hijo. Y en la angelización del delincuente -negada por su prontuario- termina por equiparar un homicidio a un error trivial cuando interroga a los jueces: "Si en el caso puntual, el que se equivocó fuera nuestro hijo, ¿pensaríamos lo mismo?". Invirtamos los términos, pienso yo: si el inocente sacrificado fuera hijo del defensor y de los jueces, ¿pensarían lo mismo? Señores magistrados, creía erróneamente que en la Justicia reina la imparcialidad y no la subjetividad de quienes juzgan.

El defensor lleva su alocución a una hipérbole extemporánea cuando asevera: "Si lo pudiéramos encerrar en la mazmorra más oscura y tirar la llave, lo haríamos". ¿Acaso el asesino no encerró a mi hijo en la mazmorra más oscura y tiró la llave?

El defensor Ferrari invita a que el acusado pueda "ver al final del túnel una luz". "Si le quitamos esa meta, le vamos a quitar el destino." Señores jueces, el asesino le quitó la meta y el destino a mi hijo, quien sólo pudo ver la luz al final del túnel cuando ingresó en ese otro mundo, si lo hay.

"Parece sincero, parece arrepentido y pidió perdón", dice el defensor. ¿Qué valor -me interrogo perpleja- tiene semejante cadena de conjeturas? Señores jueces, en su fallo exculpatorio, ustedes rebajaron la pena invocando el presunto arrepentimiento y el pedido de perdón. Pero el único que puede perdonar es quien ya no está para concederlo. Y a nosotros, los enlutados, no se nos preguntó si concedíamos ese perdón ante el daño infligido a nuestras vidas. Por lo demás, arrepentimiento y perdón son nociones extrajurídicas, de índole religiosa o espiritual que ustedes, responsables de impartir justicia, no tienen el derecho moral de invocar. El perdón del derecho penal es un resabio de los reyes que perdonaban la vida del condenado y, en un Estado que abolió la pena de muerte, invocar el perdón es una extrapolación ilegítima.

Coronando su discurso, el defensor declaró que si no se tuviera en cuenta el arrepentimiento, "se produciría una violación del principio de proporcionalidad y de ecuanimidad". Me pregunto, entonces: ¿qué proporcionalidad y qué ecuanimidad son proclamadas cuando el asesino vive su vida y la víctima inocente se desintegra en un cajón? Al absolverlo, el defensor declara que el asesinato "no se le puede imputar al detenido, sino al Estado".

Coincido parcialmente, y corrijo: al asesino y al Estado. Pues los exponentes de esta auténtica canallada disfrazada de teoría son los responsables de la muerte de miles de inocentes durante la última década. La sociedad, vulnerada en sus valores y vulnerable por su impotencia, ¿tendrá la oportunidad de juzgar a estos genocidas de la democracia como se juzgó a los de la dictadura? La crónica de este simulacro visibiliza los miles de procesos exculpatorios de una justicia penal que fracasa cuando se orienta a la sola prevención del delito. Y su justificación, la "teoría de los huevos fritos", es un remedo de la célebre figura de la obediencia debida. Una responsabilidad difusa que interpreta la ley con complicidad criminal, hoy promovida desde el Estado de Derecho.

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