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Deuda en default

Los "fondos buitre" cuestionarán la inmunidad de los bonos argentinos

Economía
 
 

Los "fondos buitre" contraatacarán al Gobierno afirmando que no puede reclamarle a la corte suprema de EE.UU. que respete su inmunidad soberana porque la cedió voluntariamente al emitir bonos, antes y después del default de 2001, bajo legislación extranjera.

Tras leer el pedido de 51 páginas que la Argentina realizó ante el máximo tribunal norteamericano, los agresivos demandantes comenzaron a desarrollar una eventual respuesta para garantizar que, cuanto antes, se confirme el fallo de segunda instancia que los favoreció en octubre pasado.

Entre los ejes, rechazarán el planteo argentino de que las sentencias del juez Thomas Griesa y de la cámara de apelaciones, registradas en 2012, puedan considerarse violatorias de la ley federal en general, y de la FSIA en particular.

"La Argentina no entiende que esto no es un embargo", indicó a LA NACION una fuente con acceso a la estrategia de los fondos de inversión que rechazaron ingresar en los canjes de 2005 y 2010.

En cuanto a la idea de que, al exigir la ejecución de un fallo norteamericano en otros territorios los jueces estarían violando la ley de inmunidad, los "fondos buitre" afirmaron que el propio Gobierno cedió en forma voluntaria esa ventaja en los contratos de los bonos.

Y aunque la presidenta Cristina Kirchner en el pasado se quejó porque fueron otros gobiernos los que emitieron los bonos que luego cayeron en default, en los canjes de 2005 y 2010 también surgieron títulos con legislación extranjera.

Los fondos creen que, como informó LA NACION, por lo menos hasta octubre próximo no habrá una respuesta de la corte suprema al pedido de revisión argentino y opinaron que las chances de que el alto tribunal tome el caso están divididas. Frente al escrito presentado a último momento por el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que defiende al país en Nueva York, los demandantes recordaron que la cámara de apelaciones ya explicó que no había ninguna violación a la inmunidad soberana, en su fallo del 26 de octubre último.

En cuanto a la queja de que los magistrados quieren acceder a pagos de la Argentina realizados fuera de la jurisdicción de la justicia norteamericana, los demandantes entienden que lo importante no es dónde se hace el primer pago, sino dónde termina y dónde se aplica la ley. "El argumento argentino suena bien, pero no es legal", explicó la fuente, que no se animó a pronosticar si, como creen muchos abogados, el fallo de la cámara de apelaciones se conocerá en pocos días más. Sobre la advertencia de la Argentina -compartida por EE.UU. y el FMI- de que un fallo en favor de los holdouts puede desalentar el éxito de otros canjes soberanos, reiteró que los contratos firmados entre acreedores y deudores luego del default argentino trataron de manera diferente la cuestión del "pari passu", por la cual el Gobierno está siendo derrotado en este juicio. Además, reiteraron que "el caso argentino es único, pero por la falta de voluntad de diálogo del Gobierno con sus acreedores".

Los "fondos buitre" no se sienten afectados por lo que ocurre en Bélgica, al afirmar que no son parte del litigio en el que un grupo de bonistas trataron, por ahora sin éxito, de asegurarles el pago de los títulos de deuda argentinos en euros.

Además, pese a que la Cancillería dejó trascender lo contrario, afirman que la justicia en Ghana no les reclamó, por lo menos hasta ahora, el costo de US$ 8 millones por la forzada estadía de la Fragata Libertad, en un caso que resultó favorable al Gobierno.

En el pedido de los abogados que representan a la Argentina en Nueva York, Blackman, Bocuzzi y Brennan, se cita como base de los argumentos un libro periodístico -de un columnista del Washington Post- y papers académicos, de Carmen M. Reinhart y Kenneth Rogoff, que fueron criticados por economistas académicos por estar basados en datos equivocados.

"La Argentina respetuosamente pide por la revisión de la decisión de la corte de apelaciones del segundo circuito que afirmó una orden que prescribe al Gobierno a pagar, fuera de los Estados Unidos, US$ 24.000 millones de su deuda pública, a menos que la Argentina haga un pago prorrateado a los demandantes, quienes tienen otra deuda en default", comienza el extenso escrito de Cleary.

La demanda fue iniciada en forma conjunta por los fondos NML-Elliot, Aurelius. Blue Angel y 13 inversores minoristas argentinos..

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