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La CIDH ordenó a la Argentina cambiar el régimen penal juvenil

La Corte Interamericana de Derechos Humanos objetó al país por aplicar sentencias de cadena perpetua a menores de edad; instó a adecuar las leyes a los estándares vigentes

Martes 09 de julio de 2013
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a la Argentina por haber sentenciado a menores a penas de prisión perpetua. En consecuencia, instó al país a sancionar un régimen de justicia penal juvenil ajustado a los estándares mundiales y en consonancia con los derechos consagrados por las convenciones internacionales.

El tribunal que está dentro de la órbita de la Organización de Estados Americanos (OEA) sentenció a nuestro país a cumplir con las recomendaciones de anular las penas de prisión perpetua para menores y a revisar las condenas que pesan sobre personas que cometieron delitos siendo adolescentes alcanzados por un régimen penal especial.

El tribunal analizó cinco casos presentados en 2002 y decretó la responsabilidad argentina en la violación de los derechos humanos de esos jóvenes condenados a penas que deberían estar reservadas a adultos.

Se consideró que "dichas penas, por su propia naturaleza, no cumplen con la finalidad de reintegración social de los niños, ya que implican la máxima exclusión del niño de la sociedad, de tal manera que operan en un sentido meramente retributivo, pues las expectativas de resocialización se anulan a su grado mayor", según indicó en un comunicado la CIDH.

Además se indicó que, "por su desproporcionalidad, la imposición de dichas penas constituyó un trato cruel e inhumano para los jóvenes mencionados y además violó el derecho a la integridad personal de sus familiares".

Los casos analizados por el tribunal internacional fueron los de César Mendoza, Claudio Núñez, Lucas Mendoza, Saúl Roldán y Ricardo Videla Fernández, quienes fueron condenados a prisión perpetua por crímenes cometidos antes de cumplir la mayoría de edad.

Una muerte

El caso de Videla Fernández fue especialmente observado por el tribunal, dado que el joven murió en la cárcel, en circunstancias que se ordenó investigar. La Argentina reconoció su responsabilidad por las condiciones de detención y la muerte de Videla bajo custodia estatal.

También se exigió a la Argentina una investigación sobre las torturas sufridas por Lucas Mendoza y Núñez. Estos dos jóvenes habían sido condenados a prisión perpetua por siete homicidios calificados, entre ambos, ocurridos a mediados de los años 90, cuando tenían 17 años.

César Mendoza fue condenado por robos reiterados, lesiones y dos homicidios, mientras que Roldán fue responsabilizado por robos agravados y un homicidio. Videla Fernández estaba en prisión por dos homicidios calificados.

La CIDH también declaró que "la Argentina incumplió su obligación de adoptar disposiciones, ya que el ordenamiento legal argentino permite la posibilidad de imponer a niños sanciones penales previstas para adultos".

La Corte señaló que el recurso de casación previsto en los códigos procesales penales no garantizaron la revisión íntegra de las sentencias. De todas maneras, reconoció la importancia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en forma posterior a los hechos analizados, permitió la revisión de pruebas en los recursos de casación.

Exigencias

En la sentencia dada a conocer por la CIDH se impusieron a la Argentina varias medidas de reparación inmediata, entre las que se destacan:

Brindar gratuitamente el tratamiento médico y psicológico.

Asegurar a las víctimas las opciones educativas o de capacitación formales que ellos deseen, incluyendo educación universitaria.

Ajustar el marco legal a los estándares internacionales en materia de justicia penal juvenil y diseñar e implementar políticas públicas para la prevención de la delincuencia juvenil.

Asegurar que no se vuelva a imponer la prisión o reclusión perpetua a quienes hayan cometido delitos siendo menores de edad, además de garantizar que las personas que actualmente se encuentren cumpliendo dichas penas por delitos cometidos siendo menores de edad puedan obtener una revisión de éstas.

Adecuar su ordenamiento jurídico interno a fin de garantizar el derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior.

Implementar programas o cursos obligatorios sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y de la niñez.

Investigar con la debida diligencia la muerte de Ricardo Videla Fernández y las torturas sufridas por Lucas Mendoza y Claudio Núñez.

La Argentina está obligada a informar al tribunal sobre los pasos dados para respetar esas órdenes.

Tras este fallo de la CIDH, la justicia argentina deberá revisar las sentencias aplicadas a los jóvenes cuyos casos fueron observados para adecuar las penas a condenas que permitan su ulterior reinserción en la sociedad.

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