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Sospecha

Denuncian a Sbattella por pedir que los bancos no elaboren los ROS

Política

El jefe de la unidad antilavado (UIF), José Sbattella, sumó ayer dos nuevas denuncias penales en su contra. Esta vez, por pedirles a los bancos que no le envíen reportes sobre las operaciones que consideren sospechosas, pero que provengan del polémico blanqueo que promueve el Gobierno.

Una de ellas fue radicada ayer por los diputados nacionales Graciela Ocaña y Manuel Garrido, tras considerar que Sbattella habría incurrido en los delitos de abuso de autoridad y encubrimiento, según consta en la presentación cuya copia obtuvo LA NACION.

Ocaña y Garrido estimaron que la Justicia debe investigar si Sbattella pretende obstaculizar el cumplimiento de las leyes de prevención y lucha contra el lavado y el financiamiento del terrorismo, lo que ahora deberá investigar el juez federal Ariel Lijo.

En forma paralela, la candidata a senadora por Coalición Sur Fernanda Reyes hizo otra presentación en el mismo sentido, al acusar a Sbattella del delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Según la ex diputada, la motivación del funcionario para pedir que no se reporten operaciones sospechosas "habría sido el contundente fracaso del plan del blanqueo de capitales creado por el Gobierno nacional".

Los legisladores radicaron la denuncia, cuatro días después de que LA NACION revelara que Sbattella se reunió dos veces con ejecutivos y oficiales de cumplimiento antilavado de los bancos, a los que les pidió que no le enviaran los reportes de operaciones sospechosas (ROS) por el blanqueo aprobado por el oficialismo. Así lo confirmaron tres presidentes de bancos privados de primera línea, dos oficiales de cumplimiento, una técnica del sector bancario y una alta fuente con acceso a lo que ocurre dentro de la UIF.

Según esos siete relatos, recabados por separado, pero coincidentes, los ejecutivos se negaron a acatar esa orden ante las consecuencias penales e incluso las multas que la propia UIF podría aplicarles si se detecta en el futuro, por ejemplo, que una operación de blanqueo ocultó, en efecto, el lavado del narcotráfico, como ya ocurrió con el colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff cuando el Gobierno abrió una oportunidad similar, aunque más restrictiva, en 2009.

Ante la negativa de los bancos a convalidar su pedido, sin embargo, Sbattella hizo dos comentarios. Primero, dijo que él le pondría "el pecho" a los ROS que lleguen a la UIF por el blanqueo. Luego, según reconstruyó LA NACION, que los bancos hicieran lo que consideraran que debían hacer, pero que los expertos de la unidad antilavado evaluarán si reportaron de "mala fe".

Ahora, la denuncia penal se suma a los pedidos de la propia Ocaña y el titular del bloque de diputados nacionales por el radicalismo, Ricardo Gil Lavedra, para que Sbattella se presente ante la Comisión de Finanzas de la Cámara.

Gil Lavedra planteó "la imperiosa necesidad" de que el jefe de la UIF "esclarezca cualquier tipo de duda relacionada con estas acusaciones, por demás graves", al tiempo que con un proyecto que también presentó en el Congreso propuso modificar el proceso de selección del presidente y vicepresidente de la UIF.

En su pedido para que Sbattella declare "de manera urgente" ante los diputados, en tanto, Ocaña sostuvo que la orden que el jefe de la unidad antilavado intentó darles a los bancos "no hace más que poner en evidencia que el objetivo del Gobierno al promover la sanción de la ley de blanqueo actual no ha sido el simple blanqueo de capitales, sino una manera de dar vía libre al camino del lavado de capitales y a la corrupción".

Para Sbattella, por su parte, no será la primera investigación penal que debe afrontar por su labor al frente de la UIF. Tras una investigación preliminar propia, el fiscal federal Carlos Stornelli radicó una denuncia por la presunta comisión de cuatro delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, violación de secretos y encubrimiento agravado por omisión de denuncia.

Carrió pide investigar la IGJ

La diputada Elisa Carrió presentó ayer nuevos documentos en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades y delitos ocurridos dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ). También pidió que la jueza María Servini de Cubría llame a declarar a dos ex empleados del organismo despedidos por la nueva gestión. Carrió consideró que la IGJ se convirtió en un "garante de la impunidad de funcionarios del Gobierno", y señaló la supuesta responsabilidad del ministro de Justicia, Julio Alak, como máxima autoridad sobre ese organismo. "Alak no podía desconocer lo que pasaba", estimó la legisladora, lo que configuraría "los delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".

Un funcionario complicado en la Justicia

José Sbattella tuvo una actuación polémica

  • José Sbattella / Titular de la UIF
    Según publicó LA NACION el lunes último, Sbattella les pidió a los bancos no informar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en el marco del blanqueo dispuesto por el Gobierno
  • El pedido fue rechazado por las principales entidades bancarias, por el riesgo de que esa inacción pudiera generarles denuncias penales
  • Los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido, y la candidata a senadora Fernanda Reyes, denunciaron a Sbattella por incumplimiento de los deberes de funcionario público
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