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La reforma energética en México

Opinión

El general Lázaro Cárdenas fue presidente de México entre 1934 y 1940. Una mezcla de izquierdista pragmático y populista encendido. Fue también el fundador del Partido Revolucionario Mexicano, antecesor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fuerza política que acaba de regresar al poder en México, de la mano de Enrique Peña Nieto.

El pasado 12 de agosto, Peña Nieto -en un largo y convincente documento que remitiera a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión- reveló su tan esperada reformulación de la política energética de su país. Previamente la había anunciado a la población, acompañado por su gabinete, desde la residencia de Los Pinos. Esa iniciativa incluye la propuesta concreta de modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución para modernizar los sectores de hidrocarburos y energía eléctrica.

En el caso del sector petrolero en particular se trata de una apertura acotada que prohíbe los contratos con riesgo a cargo del Estado y estimula el accionar de la iniciativa privada, que deberá asumir el costo del fracaso en la exploración petrolera. La titularidad de los hidrocarburos continuará, no obstante, siendo -como hasta ahora- patrimonio exclusivo de la nación.

Para Peña Nieto, la reforma significa volver a la concepción del general Lázaro Cárdenas quien, habiendo prohibido las concesiones, lo cierto es que nunca cerró la puerta a las posibilidades de admitir la colaboración de la iniciativa privada en el sector de los hidrocarburos. Fue una enmienda constitucional aprobada a inicios de la década de los 60, la que específicamente prohibió al Estado los contratos con las empresas privadas, reservando todas las actividades de la industria petrolera exclusivamente para Pemex.

Se trata de una apertura acotada que prohíbe los contratos con riesgo a cargo del Estado y estimula el accionar de la iniciativa privada, que deberá asumir el costo del fracaso en la exploración petrolera

El presidente mexicano recordó a sus conciudadanos que Cantarell, el principal yacimiento petrolero mexicano, está en proceso de agotamiento y que esperar a que ello ocurra sería suicida. Señaló asimismo la necesidad de convocar al capital privado para producir hidrocarburos por métodos no convencionales.

La vecindad con los Estados Unidos le permitió aportar algunas cifras impactantes, que hablan por sí mismas, que abonan el argumento de avanzar ahora en la producción de hidrocarburos de la mano del sector privado. Comparándose con su vecino del norte, los Estados Unidos, recordó que el año pasado solamente en ese país se otorgaron 9100 permisos de perforación a 170 empresas para producir petróleo y gas natural con técnicas no convencionales. Mientras tanto, en México, se otorgaron sólo tres. Por eso, la producción de gas proveniente de ese capítulo aumentó ocho veces en algo más de una década, y representa ya cerca del 40% de la producción de gas natural norteamericana. Enseguida se refirió a la exploración y extracción en aguas profundas, cuyos costos -recordó- son cien veces más altos que los que corresponden a los yacimientos terrestres. Aquí recordó que el año pasado, en los Estados Unidos se perforaron 173 pozos en el mar, con profundidades superiores a 500 metros. Mientras que en México, apenas seis. En los Estados Unidos participan en esto más de 70 empresas, y en México sólo Pemex. Respecto de los pozos de más de 1500 metros de profundidad, en los Estados Unidos en los últimos dos años se perforaron 52 pozos. En México, sólo 5. Una diferencia sideral.

La restricción que hoy obliga a Pemex a trabajar en absoluta soledad, destacó Peña Nieto, ha erosionado la seguridad energética de su país, que de no revertirse la situación actual, en muy pocos años se transformaría en importador neto de hidrocarburos. México -de la mano de Peña Nieto- no quiere esperar a que, como en la Argentina, el desastre ocurra, sino que quiere anticiparse y dejar de lado la preocupación antes referida. Para hacer una revolución no es necesario llegar a un callejón sin salida, queda claro.

Para salir de ese feo atolladero, Peña Nieto recurre ahora a las propuestas del ex presidente Cárdenas, pero modernizándolas. El Estado mexicano continuará siendo propietario exclusivo de los recursos del subsuelo. Pero, sin correr riesgos, podrá contratar con el capital privado, mediante fórmulas distintas de las concesiones. Las compensaciones para el sector privado podrían ser en efectivo o en un porcentaje de los productos obtenidos. Los terceros podrán también participar en los capítulos de la refinación, el transporte y la distribución de los hidrocarburos. Para la actividad privada se abrirá una panoplia de alternativas que apunta a mejorar la competitividad de la economía mejicana.

No quiere esperar a que, como en la Argentina, el desastre ocurra, sino que quiere anticiparse

Lo antedicho supone eliminar la reforma constitucional del 20 de enero de 1960, que prohíbe a Pemex celebrar contratos con particulares en el marco de su objeto social.

Al rescatar del tiempo la "reforma cardenista", el modelo de Peña Nieto descansa sobre dos esquemas: a) los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos a celebrarse con el Poder Ejecutivo Federal; y b) la posibilidad de la participación privada en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, en un régimen que -no obstante- suponga la autorización expresa del gobierno federal. Esto supone obviamente eliminar la prohibición constitucional de que el Estado celebre contratos para la explotación de hidrocarburos con el sector privado. Además, la reformulación constitucional propuesta eliminará a la petroquímica de la lista de las áreas estratégicas, posibilitando -también en ese sector- la colaboración del sector privado.

Como Brasil, Colombia y Noruega, México convoca al capital privado. Nacional y extranjero. Para obtener una oferta cada vez mayor de combustibles e insumos para sus actividades.

Las propuestas de reforma de Peña Nieto incluyen la modernización de Pemex, de modo de conferirle más flexibilidad operativa y un tratamiento fiscal comparable al de sus competidoras en el resto del mundo.

Los beneficios esperados de la reforma antes descripta no se agotan en el aumento de la inversión y de los recursos fiscales que seguramente generará el ingreso masivo al sector del capital privado. Incluyen también la recuperación de los niveles de reservas mexicanas probadas de crudo y gas; llevar la producción de petróleo de los actuales 2,5 millones de barriles diarios a 3,5 millones de barriles diarios, en 12 años. Y duplicar la producción actual de gas natural, también en un plazo de 12 años. Objetivos ambiciosos, pero ciertamente posibles.

Además de las medidas antes descriptas para el sector de los hidrocarburos, la reforma estructural propuesta por el presidente Peña Nieto incluye un capítulo referido específicamente a la energía eléctrica.

En México, el 99% de las ciudades de más de 100.000 habitantes tienen una electrificación del 99%. Quedan, sin embargo, por electrificar 43.000 ciudades pequeñas, donde viven más de 2 millones de mejicanos. Pese a que la energía eléctrica residencial está subsidiada, las tarifas eléctricas comerciales e industriales son un 25% más altas que las norteamericanas, lo que -es obvio- quita competitividad a la economía mejicana.

Las propuestas apuntan entonces a reducir los costos del servicio eléctrico, así como a organizarlo con una visión moderna que permita elevar la productividad y la eficiencia del sistema

La reforma propuesta supone convocar al capital privado a invertir en la generación de energía eléctrica. También utilizar más gas natural en esa actividad. A lo que se agrega la necesidad de modernizar y ampliar la red nacional de transmisión, cuyo 50% tiene más de 20 años de antigüedad.

Las propuestas apuntan entonces a reducir los costos del servicio eléctrico, así como a organizarlo con una visión moderna que permita elevar la productividad y la eficiencia del sistema. Se mantiene la titularidad del estado sobre la transmisión y distribución, pero se convoca al sector privado para cooperar en aumentar la oferta de energía eléctrica.

De esta manera, el presidente Peña Nieto convoca a un debate que, para Méjico es indispensable. Habrá quienes lo apoyen, pero también quienes lo enfrenten. Si el debate es amplio, franco y lógico, las propuestas pueden enriquecerse.

Los observadores apuestan a que Peña Nieto tendrá la mayoría legislativa que le permitirá implementar sus propuestas modernizadoras. No obstante, la vieja retórica y los tabúes pueden demorarla y México la necesita con urgencia.

Si todo sale bien, la implementación de las reformas podría comenzar el año próximo. Para el sector petrolero ello significaría que el noveno productor del mundo dejaría atrás 50 años de estatismo en su más pura acepción, y podría sumar a sus tareas el capital y la tecnología de las que hoy Pemex no dispone. De esta manera, las reservas de hidrocarburos mexicanas, que están en picada desde los 80, podrían recomponerse y, según las estimaciones, en poco más de una década, México podría aspirar a producir 4 millones de barriles diarios.

Cabe recordar que, en materia de hidrocarburos, los avances son necesariamente lentos. Pero si la marcha es constante y coherente, los objetivos del presidente Peña Nieto parecen realizables..

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