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Al margen de la semana

Dos años para ponerse el casco

Economía

Adolfo Canitrot, entrañable economista heterodoxo fallecido hace algo menos de un año, popularizó la frase "hay que ponerse el casco" cuando en 1988 admitió (desde su puesto de viceministro de Economía), que el inicialmente exitoso Plan Austral requería correcciones con costos políticos que el gobierno de Raúl Alfonsín buscaba eludir. El caso opuesto acaba de ser protagonizado por el también viceministro Axel Kicillof: sin autocrítica, defendió la política económica K como la única posible para la Argentina, después de desautorizar duramente a todos los que cuestionan sus desequilibrios y distorsiones, tan evidentes como sus inciertas perspectivas hasta fin de 2015.

Aunque la actual situación no sea ni remotamente comparable con los críticos indicadores macroeconómicos de fines de los 80, es muy probable que en los próximos dos años también haya que ponerse el casco. Máxime si Cristina Kirchner cumple con la promesa de "profundizar el modelo" para revertir la derrota electoral en las PASO, pese a no haberla reconocido formalmente.

Por lo pronto, las afirmaciones de CFK y AK significan desconocer las consecuencias que el giro de la política económica -a partir del cepo cambiario- pudo haber tenido en la pérdida de casi 28 puntos en caudal de votos que el oficialismo sufrió entre el exuberante 54% de octubre de 2011 y el magro 26,3% de este mes. En estos agresivos discursos no hubo ninguna mención a la inflación; al estancamiento del empleo privado; a la asfixia de las economías regionales; a la debilidad de las exportaciones; a las trabas a importaciones no energéticas; al desplome del mercado inmobiliario, ni a la mayor presión tributaria sobre asalariados, autónomos y empresas, que se hace sentir con más fuerza cuando la economía acumula en 2012 y 2013 un crecimiento inferior al de un solo año a "tasas chinas". Si hubiera que atenerse al discurso oficial, es porque el modelo no fue suficientemente profundizado. Para buena parte del sector privado, eso implicará mayores transferencias de recursos al Estado, mayores costos, más controles, más intervencionismo, más aprietes ("más Moreno"), más medidas para atacar los efectos y no las causas de problemas y, por ende, menos predisposición a invertir.

Más vidriosa resulta la convocatoria presidencial a debatir el modelo, limitada a banqueros, industriales y sindicalistas, sin incluir a otros sectores menos dóciles como la dirigencia agropecuaria, ni tampoco a la oposición legislativa, actual y futura. Para algunos analistas, como Rosendo Fraga, puede ser una forma de preservar poder. Para otros, de repartir el costo de eventuales ajustes poselectorales (la "sintonía fina" que nunca se puso en práctica), a cambio de una participación que hasta ahora se había limitado a recibir órdenes. Aún así resulta llamativa la rápida respuesta de algunas entidades sin saber de qué se trata. Ni incluso el impacto de posibles medidas de apuro (más fondos para obras públicas, créditos subsidiados para pymes, compra de motos y vivienda, redistribución de impuestos a favor de los asalariados) con las cuales el oficialismo intentaría mejorar sus chances para el 27 de octubre.

Decisiones ausentes

Sin embargo, más allá de estas urgencias electorales, en la agenda económica de los próximos dos años hay cuestiones de fondo que el gobierno de CFK se empeña en ignorar y dependen de sus propias decisiones políticas.

Una es el sinceramiento de las estadísticas oficiales (inflación, pobreza, producto bruto interno, tipo de cambio real, inseguridad, calidad educativa, necesidades básicas insatisfechas, etc.), sin el cual el diagnóstico de la realidad se limita al sesgado relato oficial. Nadie puede asegurar que la Casa Rosada esté dispuesta a pagar ese costo político. Pero la inverosímil medición de la inflación genera contradicciones inocultables. Por caso, la Presidenta sostuvo que una devaluación sólo sirve para bajar salarios, pero el Banco Central viene subiendo en los últimos meses el ritmo devaluatorio (al 22% anual), sin mejorar el tipo de cambio real. También arremetió contra quienes reclaman un mayor ajuste cambiario acusándolos de pretender volver a la crisis de 2001, cuando los cálculos privados revelan que la actual relación peso-dólar oficial es similar en términos reales a la del fin de la convertibilidad. No obstante, una maxidevaluación aislada sólo agudizaría problemas, como ocurrió este año en Venezuela.

De ahí que otra necesidad sea un programa integral para encontrar una salida al laberinto en que ingresó la política económica hace 22 meses. Con una inflación que vuelve a empinarse y mantiene el deterioro cambiario, el Banco Central no podrá recuperar reservas ni flexibilizar controles que frenan la inversión y la actividad económica. Entre economistas heterodoxos y ortodoxos también hay consenso en que no es sostenible a mediano plazo la política de financiar el agujero fiscal con la "maquinita" del BCRA y utilizar para pagos de deuda pública sus declinantes reservas, que desde el cepo cambiario cayeron 10.300 millones de dólares. En el primer caso, porque el mayor gasto público (que crece 30/35% cada año) incrementa la emisión monetaria y las presiones inflacionarias y cambiarias. En el segundo, porque en las cuentas externas pesan hoy dos déficits "gemelos" ausentes hasta 2010: el energético (debido a las crecientes importaciones de gas y combustibles) y el turístico (mayor gasto de argentinos en el exterior y menor arribo de turistas extranjeros). En conjunto, ambos restan divisas que Guillermo Moreno retacea para las importaciones de sectores productivos.

Para frenar la fuerte salida de dólares por turismo, el Gobierno probablemente apelará después de octubre a soluciones de "manual", como encarecer el dólar turista, ya sea por vía impositiva o bien desdoblar el mercado oficial de cambios. Aún así, esto no resuelve otras inconsistencias, como que Aerolíneas Argentinas venda pasajes al exterior en pesos y cuotas sin interés.

En cambio, corregir el déficit energético es mucho más complejo y llevará mucho más tiempo. Por un lado, para recuperar el autoabastecimiento de hidrocarburos a mediano plazo sería necesario promover un shock de inversiones con políticas más abiertas y transparentes (en lugar del caso por caso aplicado al hermético contrato YPF- Chevron), además de actualizar la legislación y resolver el pleito judicial con Repsol. Por otro, comenzar a racionalizar y reorientar los subsidios a la energía que, a raíz de las altas importaciones, apuntan a más de 70.000 millones de pesos este año y requerirían un sendero de reducción de varios años.

Este panorama coloca al gobierno de CFK frente a un dilema para sus dos últimos años de mandato, sobre todo cuando la baja de los precios internacionales a futuro de soja y maíz vuelve a encender luces amarillas. Las opciones son seguir con más de lo mismo y "aguantar" administrando las reservas del BCRA, o asumir costos políticos que vino esquivando en los últimos años para prevenir males mayores. La política económica va por mal camino, pero el precipicio todavía está lejos. La duda es si CFK acelerará o desacelerará la marcha o decide otro viraje, aunque en todos los casos haya que ponerse el casco..

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