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Editorial I

Los derechos humanos en una república

Opinión

La vara para medir conductas pasadas no puede violentar el principio de igualdad ante la ley ni estar atada a conveniencias políticas o ideológicas

L leva años construir una república, pero bastan pocos actos de depredación para destruirla. Hay dos pilares republicanos que las sociedades maduras preservan a toda costa: el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley. No hay república organizada que pueda sobrevivir cuando los gobernantes atentan contra las instituciones y degradan la Justicia. Estos desvíos suelen ser acompañados por la demonización de determinados sectores de la ciudadanía a quienes se les adjudica la culpa de todos los males. Los populismos autoritarios han hecho gala, cada vez que se han instalado en el poder, de una habilidad casi única para esos menesteres, tal vez por carencia de escrúpulos que los frenen. La Argentina está viviendo esta situación.

El gobierno nacional se ha empeñado -y en parte lo ha logrado- en convencer a una parte considerable de la ciudadanía de que las postergaciones sociales, la inseguridad, la falta de adecuada infraestructura en servicios esenciales o los desbarajustes económicos no se deben a fallas del propio gobierno, que lleva ya diez años en el poder, sino a una conspiración de entelequias apátridas. Todos los días actúa una maquinaria propagandística destinada a fabular responsabilidades sobre las corporaciones dominantes, el capital concentrado, los "medios monopólicos", los imperialismos o cuanta abstracción se encuentre útil para deslindar culpas sobre la inocultable degradación del país.

Para hacer factible ese esquema simplificador, que pone sobre hombros ajenos la carga de los propios fracasos, la domesticación del Poder Judicial se convierte en un elemento de acción indispensable. Es que sólo jueces realmente independientes podrían tener el coraje de anteponer el imperio del derecho a los designios oficiales autocomplacientes, y sólo aquéllos son la última garantía de que el preciado paradigma de la igualdad ante la ley no se convierta en una expresión vacía de contenido.

Durante la década del setenta nuestro país atravesó por una situación de violencia y crimen. Muchos argentinos encontraron justificado matar tanto a los que suponían enemigos internos como a ciudadanos inocentes. La represión de aquel desbordado terrorismo dio lugar a procedimientos clandestinos y a otros crímenes en una verdadera guerra interna. El retorno a la democracia dio paso al juzgamiento y a las leyes de obediencia debida y punto final que encauzaron el sentido y alcance de las condenas. Los indultos a los condenados de ambos lados de aquella violencia intentaron dejar atrás una etapa dolorosa y crítica de nuestra historia.

Sin embargo, aquel proceso de pacificación fue interrumpido y un gobierno que hizo de los extremos ideológicos y de la confrontación un instrumento de creación de poder revirtió aquellas medidas. Para lograrlo debió pasar por encima de principios básicos de la Justicia y del Estado de Derecho. Se anularon leyes sancionadas constitucionalmente por el Congreso, se violentaron los principios de cosa juzgada, irretroactividad de la ley penal y aplicación de la ley más benigna. Adicionalmente, todo esto, se hizo asimétricamente, contra sólo una de las partes, aduciendo la imprescriptibilidad de las causas por su carácter de crímenes de lesa humanidad sin aplicar esta misma calificación -como lo dicta la jurisprudencia internacional- a los crímenes realizados por fuerzas terroristas apoyadas además por otros Estados. Tanto el Estado de Derecho como la igualdad ante la ley fueron superados.

Una condición más caracteriza a las sociedades sanas: la virtud del arrepentimiento ante los errores cometidos y la asunción de culpas cuando una determinada línea de conducta ha probado ser lesiva para el pacto de convivencia en que se apoya nuestra Constitución. Y es aquí donde lo sucedido durante los trágicos años setenta ha dejado su sello más perturbador. Después de tantos años, muy pocos parecen estar arrepentidos de los atropellos cometidos en nombre de slogans dignos de mejores causas, como "la revolución" o la "reconstrucción nacional". Después de tantos años, tampoco se oyen de boca de la mayoría de quienes actuaron a sangre y fuego, testimonios de genuina reconsideración respecto de cuánto contribuyó cada uno para que en el país campeara un clima de total desprecio por el derecho y la dignidad del prójimo. Las secuelas de todo esto aún nos persiguen y atormentan.

Los derechos humanos deben ser una conquista que las sociedades civilizadas enarbolen con orgullo. Su vigencia plena en la Argentina reclama justamente esas notas de arrepentimiento por los graves errores cometidos, y la absoluta sujeción al supremo principio de igualdad ante la ley. La vara para medir conductas pasadas no puede quedar anudada a conveniencias políticas o ideológicas o a alianzas circunstanciales. Tal el caso de lo ocurrido con el general César Milani quien, en mérito a su adhesión política al Gobierno, accedió a la jefatura del Ejército exculpado de actos que llevaron a la cárcel por mucho menos -cuando no se trató de causas armadas sin fundamento que también las ha habido- a muchos otros jefes y oficiales. Lo acontecido en esta tan cuestionable situación queda en las antípodas del injusto trato de "apropiadora de hijos de desaparecidos" dispensado a Ernestina Herrera de Noble, directora de Clarín. Este caso permanece arbitrariamente abierto cuando, en un auténtico Estado de Derecho, ya debiera haberse dictado sentencia definitiva para cerrarlo. Estos ejemplos, que se suman a muchos otros, evidencian el grosero, hipócrita y cínico uso político que el gobierno nacional continúa sistemáticamente haciendo de los derechos humanos..

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