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Editorial I

Sin fondos internacionales por falta de transparencia

Opinión

Las sospechas de corrupción y la mala imagen del gobierno argentino en el exterior pueden marginar al país de programas de ayuda para el desarrollo

La falta de transparencia de los actos de gobierno fue determinante para inscribir hace pocas semanas otra página decisoria en la desconfianza con la que nos ven en el exterior. Funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidieron frenar temporariamente el envío de dinero de préstamos para el desarrollo en el país, pues sospechan que el destino de su aporte no ha sido claro en la ejecución de determinados programas y que podría haber sido usado para favorecer a amigos de las autoridades argentinas.

Paralelamente, los funcionarios de l organismo internacional, fuente fundamental de otorgamiento de préstamos económicos para la Argentina, resolvieron la realización de una auditoría sobre determinados fondos enviados y, hasta que no se termine dicha investigación, no se volverán a ejecutar nuevas remesas para concretar obras de una serie de proyectos internacionales de asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Si bien es cierto que la auditoría para determinar la transparencia en las operaciones realizadas con esos fondos suele ser habitual por parte de las Naciones Unidas, no lo es que se la promueva para investigar a los países receptores de esos dineros porque son sospechosos de corrupción.

Esta decisión de un organismo internacional del peso de la ONU no debería sorprender al Gobierno, que ya viene siendo observado en numerosos índices mundiales en franca decadencia respecto de su respeto por la institucionalidad, las reglas de juego jurídicas, políticas y económicas, y la falta de compromiso respecto de la lucha contra la corrupción.

Por citar apenas unos pocos ejemplos, hacia fines del año pasado, se conoció el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional (TI), en el que se evalúan la claridad en las reglas de juego, la seguridad jurídica y la ejecución del gasto público. En una escala de cero a cien -los países más cercanos al cero son aquellos cuyo sector público es percibido como más corrupto-, la Argentina sólo obtuvo 35 puntos. En tanto, sobre un total de 175 países considerados por TI, el nuestro figuró en el puesto 102° de ese ranking, dos sitios aún por debajo del que ocupaba en 2011.

A esa deplorable performance se le suma que en los últimos seis años la Argentina haya involucionado notablemente en materia de calidad institucional, según indicó un estudio de la Fundación Libertad y Progreso que mide precisamente los indicadores que evidencian el grado de respeto por las reglas políticas y económicas de un país. Conforme el trabajo de esa entidad, en 2007 la Argentina se encontraba en el puesto 93° de ese ranking, mientras que seis años después se hallaba en el 127° entre 191 naciones.

La notoria caída de los principales factores de competitividad y el profundo deterioro institucional del país también quedaron plasmados en otros informes, como el de la escuela de negocios suiza Institute for Management Development (IMD), donde la Argentina aparece en el lugar 59° sobre un total de 60 economías industriales y emergentes.

Más allá de esos trabajos realizados por reconocidas entidades del país y del exterior, son de destacar las numerosas causas judiciales que actualmente se ventilan en los juzgados del país que involucran a funcionarios sospechados de corrupción en el otorgamiento de dinero o en la adjudicación de licitaciones para obras de envergadura, sin haberse cumplido con los correspondientes pasos legales.

Los fondos ahora frenados por la ONU afectan a diversas áreas que suelen recibir ayuda internacional para la realización de proyectos.

Algunos de los programas que están siendo auditados por presuntas irregularidades son los de fortalecimiento del proceso electoral argentino y de la Dirección Nacional de Migraciones, que se encuentran bajo la órbita del Ministerio del Interior de la Nación.

Una pauta de la obcecación con que es minimizado el tema de la lucha contra la corrupción desde el Gobierno la dio la tan promocionada ley de transparencia en la función pública recientemente reglamentada por el Poder Ejecutivo. En lugar de transparentar los actos de los funcionarios, ahora podrán hacer pública menos información que la que declaraban antes de la ley, al tiempo que no tendrán obligación de especificar el origen de sus bienes ni de brindar detalles acerca del patrimonio de sus familiares, entre otros aspectos igualmente criticables.

Así las cosas, será muy difícil probar presuntos desvíos en favor de los propios funcionarios o de personas de su entorno, una tendencia que profundiza el hartazgo de la ciudadanía frente a los escándalos de corrupción y la enorme desconfianza con la que cada vez más nos miran desde afuera..

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