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El escenario

Explicaciones que confirman el escándalo de la licitación

Política

Cristina Kirchner adjudicó ayer a Electroingeniería, la empresa del kirchnerista Gerardo Luis Ferreyra, la construcción de las centrales hidroeléctricas Cóndor Cliff y Barrancosa, rebautizadas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Así, en Río Gallegos, alcanzó su clímax un proceso plagado de irregularidades, que este diario reconstruyó el lunes pasado en una columna titulada "La increíble licitación de dos represas en Santa Cruz, camino del escándalo". El escándalo anunciado se precipitó. A los diputados Ricardo Gil Lavedra y Manuel Garrido (UCR), que iniciaron una demanda penal contra los responsables de la licitación, se les sumaron anteayer los colegas Patricia Bullrich (Unión por Todos), Federico Pinedo y Laura Alonso (Pro), para reclamar que se suspenda la asignación de las obras para evitar un eventual perjuicio al patrimonio público.

Ayer, la Presidenta se hizo cargo de esas recriminaciones, alegando que las obras fueron concursadas con transparencia. Sin embargo, oficializó la existencia de un grupo de "empresarios K" y, en su defensa, sostuvo que los hombres de negocios que más ganaron en estos años ya tenían mucho dinero antes de su llegada al poder. Dio la impresión de no advertir que el vicio de los amigos del poder no radica en el cuánto, sino en el cómo. Para dejar a salvo ese aspecto, la señora de Kirchner dictaminó que "no es buena conducta empresaria" que una compañía denuncie a otra por arbitrariedades en una licitación. De todos modos, las demandas que se conocieron están dirigidas contra los funcionarios.

La mayor contribución para que la entrega de las dos usinas a Electroingeniería se vuelva sospechosa se debió a Julio De Vido. El ministro de Planificación emitió un comunicado en el que, después de calificar el artículo publicado por LA NACION como "un compendio de mentiras y fabulaciones", formula varias aclaraciones que confirman la información del diario.

Antes de analizar esas confesiones de De Vido, hay que subrayar una de las principales deficiencias del emprendimiento celebrado ayer, hasta ahora no apuntada: para que la electricidad generada en Santa Cruz pueda ser consumida, el Estado deberá construir una línea que la transporte desde el río Santa Cruz hasta Bahía Blanca, por lo menos. Es un costo adicional de unos 1000 millones de dólares. Una pena: cuando, hace algunos años, el "planificador" De Vido licitó los tendidos de 500 kilovatios, no tenía previsto realizar las dos usinas.

El montaje de esas redes fue casi siempre adjudicado a Ferreyra y Electroingeniería. Este amigo íntimo de Carlos Zannini formó a fines de 2003 una empresa dedicada a esa actividad: Integración Eléctrica Sur. El síndico de la sociedad fue Jorge Oscar Chueco, un abogado a quien el fiscal José María Campagnoli acusó de lavar fondos junto a Daniel Pérez Gadín a través de la financiera SGI, conocida como La Rosadita. En sus atribuladas confesiones ante Jorge Lanata, Federico Elaskar acusó a Chueco y Pérez Gadín de haberlo extorsionado para que venda esa "cueva" a Lázaro Báez. Chueco aparece también como síndico de Adifsa SA, donde Ferreyra, el adjudicatario de ayer, también es accionista. Al mismo tiempo, Chueco es socio en varios emprendimientos del polivalente Gustavo Cinosi, otro hombre de confianza de la Presidenta. Y, sobre todo, de Zannini, que reveló, en estas postrimerías, ser más que un ideólogo.

Si estos datos se hubieran conocido durante el proceso que terminó ayer, Ferreyra habría corrido la suerte de Báez, quien debió retirarse de la licitación. Es decir: a Electroingeniería le habría sido imposible reemplazar al socio de la Presidenta en medio de la emergencia. Es el rol que parece haber jugado en el concurso. La relación de Ferreyra con Chueco arroja, además, una nueva luz sobre la función de La Rosadita en el submundo oficial. Esa financiera habría sido el engranaje de una maquinaria de lavado de dinero que iba más allá de los negocios de Báez y alcanzaba a casi toda la obra pública.

En la declaración del lunes pasado, el ministerio de De Vido ratificó que, como había informado LA NACION, Ferreyra ganó el concurso porque, a último momento, mejoró su oferta con una rebaja del 17% en los costos que había calculado. Es decir: mientras se estaban comparando las propuestas de los distintos concursantes, Ferreyra hizo leer una Carta de Descuento que llevaba el precio de $ 22.948 millones a $ 18.947 millones. Los funcionarios lo declararon ganador.

De Vido -o el redactor de su comunicado- se preguntó "cómo puede el diario LA NACION cuestionar el descuento de la oferta, dado que es favorable al Estado Nacional". Por lo visto, no le despierta curiosidad que Ferreyra haya pretendido cobrarle $ 4000 millones de más. Ni se pregunta dónde habrá hecho los recortes. Y mucho menos si éstos afectarán la calidad de lo que su ministerio está contratando. Cabe la posibilidad, por ejemplo, de que el ahorro que el Estado hace gracias a la generosidad de Ferreyra se termine pagando carísimo mucho después, porque las represas tienen fallas. Es un riesgo especial en este caso, porque tal vez Electroingeniería no cuenta con el patrimonio suficiente para afrontar ese posible costo: antes de que el kirchnerismo llegue a la Casa Rosada, se trataba de una pyme dedicada a fabricar tableros eléctricos en Córdoba.

Si el ministro se hiciera estas preguntas, no podría contestarlas: la deducción que hizo Ferreyra no fue acompañada de un nuevo análisis de costos. Para agravar el panorama, el ministerio declara que éstas son "prácticas habituales en las licitaciones de infraestructura". Como si los precios de la obra pública se negociaran con las reglas del Gran Bazar de Estambul. De Vido no dice una palabra sobre lo que resulta más verosímil: que Ferreyra debió hacer una deducción de último minuto para reemplazar a Báez, que debía ser el ganador del concurso.

La otra confirmación de De Vido es que, en su Carta de Descuento, Electroingeniería afirmó que parte de la obra se pagaría con dólares en el exterior. El comunicado presenta ese dato como algo natural: "La mecánica que se establece en la oferta ganadora es de uso común en todos los procesos de financiamiento externo". Es verdad. Salvo un detalle: en la licitación de las represas santacruceñas se prohibió ese mecanismo que, como la misma declaración admite, "se establece en la oferta ganadora". De modo que Ferreyra tuvo el privilegio de transferirle al Estado, que pagará la obra, el riesgo devaluatorio y una parte del riesgo inflacionario de la financiación. A los demás oferentes se les negó esa ventaja, a pesar de varios reclamos. ¿Este beneficio excepcional explica parte de la rebaja de Ferreyra?

El mensaje del Ministerio de Planificación intenta, también en vano, refutar que el fracaso de la anterior adjudicación de las represas a Corporación América (Eduardo Eurnekian) e Impsa (Enrique Pescarmona) se haya debido a que el Estado retaceó los fondos, como publicó este diario. Asegura que fue por falta de financiamiento. Olvida que el financista de la obra era, en un 81%, el Estado, que ni siquiera constituyó el fideicomiso que costearía el comienzo de los trabajos.

Además de confirmar las irregularidades que se le reprochaban, el Ministerio de Planificación demostró que también carece de un estudio que justifique la realización de las represas. En el parte del lunes se ufanó de que el megavatio será muy barato. Llegó a esa conclusión dividiendo el costo de las obras por la cantidad de megavatios que producirán. Cualquier ingeniero aconsejaría al arquitecto De Vido incluir en su ecuación el caudal del río Santa Cruz. Los especialistas que estudiaron los proyectos de Cóndor Cliff y Barrancosa coinciden en que, dado el volumen de agua que moverán las turbinas, sólo podrán producir los 1740 megavatios para los que serán construidas durante un tercio del año. El costo de la obra se vuelve, por lo tanto, altísimo.

Sin darse cuenta, De Vido ayuda a entender el problema cuando compara las usinas Kirchner y Cepernic con otras hidroeléctricas de gran potencia, pero construidas en ríos muy caudalosos. Por ejemplo, la brasileña San Antonio, que él menciona, podrá funcionar todo el tiempo en su máxima potencia porque está hecha sobre el río Madeira, que lleva 17.300 metros cúbicos por segundo.

La Presidenta reiteró ayer el error de su ministro, igualando las centrales que adjudicó con Yacyretá, que está instalada en el Paraná, que transporta también 17.300 metros cúbicos de agua por segundo. El caudal del Santa Cruz, en cambio, es de 790 metros cúbicos por segundo. ¿Qué sentido tiene hacer allí una hidroeléctrica faraónica, si sólo podrá funcionar a pleno un tercio del año, y no todos los días, como sostuvo la señora de Kirchner?

Tal vez haga falta comparar con un ejemplo más familiar al kirchnerismo. Se podría decir que De Vido calcula la rentabilidad de un hotel relacionando el número de cuartos y la tarifa de cada uno de ellos, sin tener en cuenta el nivel de ocupación durante el año. Por suerte, los hoteles de la Presidenta no están en manos de De Vido, sino de Pérez Gadín. Es el compañero de andanzas de Chueco, el socio de Ferreyra..

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