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Editorial I

Aumento del empleo público

Opinión

El populismo y el clientelismo generaron desde 2003 un incremento sin precedentes en nuestra historia de la cantidad de empleados estatales

La magnitud del crecimiento del empleo estatal a partir de 2003 no registra antecedentes en la historia de nuestro país. Tampoco encuentra justificación. Si se toma el sector público en su conjunto -gobierno nacional, provincias y municipios-, en estos diez años el aumento del número de empleados ha sido cercano al 50 por ciento. Esto implica una tasa acumulativa anual del 4,1 por ciento, que comprende una más alta en municipios (6,1%) que en los gobiernos provinciales (3,9%) y el gobierno nacional (2,8%). El ritmo de aumento del empleo público ha cuadruplicado el de la población y ha duplicado el del empleo privado.

Estas cifras se refieren a personas que desarrollan tareas laborales y remuneradas dentro del Estado. No abarcan a quienes reciben planes sociales ni tampoco a pensionados y jubilados. Hoy hay 3,2 millones de empleados públicos, pero son alrededor de 15 millones los que sin trabajar reciben mensualmente un cheque del Estado. Esta categoría ha crecido proporcionalmente más que la de los trabajadores estatales. Ambos fenómenos explican dos tercios del aumento del gasto público, que evolucionó desde un 32% del producto bruto interno en 2002 a un 45% en 2013. El tercio restante del aumento se debe a los subsidios.

En medios oficiales y en importantes espacios de la oposición se ha defendido el aumento del empleo público como una política deseable para reducir el desempleo. La elevada tasa de desocupación de fines de 2002 parecía justificar esta posición, por lo menos como una política de corto plazo. La cuestión es si esto debió escalar en la magnitud en que lo ha hecho, tan sostenidamente y durante tantos años. No puede haber una respuesta correcta si no se tiene en cuenta que la remuneración de un empleado público no viene del aire, sino de un impuesto, o de la emisión inflacionaria, o de nueva deuda pública que pagarán los futuros contribuyentes. Cualquiera de estas formas implica disminuir el ingreso de otras personas y distraer recursos del sistema económico. Su efecto no es gratuito.

La presión tributaria en la Argentina ha trepado a niveles asfixiantes y es superior a la de cualquier país comparable. A pesar de ello, ha aparecido un déficit fiscal creciente que se financia con los ahorros de los jubilados y con emisión monetaria, o sea, con el bolsillo de todos los argentinos. Esto implica claramente un desincentivo a la iniciativa privada y a la inversión.

En otras palabras, el agregado de un nuevo empleo público neutraliza en alguna medida la creación de un empleo privado. Una presión tributaria excesiva puede llegar a destruir puestos de trabajo. Por eso, cuando se supone que el crecimiento de la planta laboral del Estado reduce linealmente la desocupación, se desconoce ese fenómeno. Además, no debe olvidarse que la productividad laboral es superior en la empresa privada, ya que de ello hace su subsistencia. Cuando aumenta el empleo público, se reduce la productividad media y se afecta la competitividad del país. En la Argentina, el empleo público ha alcanzado el 20,5% del empleo total. Este porcentaje nos ubica en el cuarto lugar en el mundo, sólo superado por los países escandinavos y Francia, y muy por encima de América latina y los Estados Unidos.

El crecimiento del empleo público en la Argentina se ha producido simultáneamente con el deterioro en calidad y cantidad de los servicios propios del Estado. Tal vez haya más policías, pero que no se ven en la calle y la seguridad se ha deteriorado. Lo mismo ocurre con la educación, la salud, la justicia, la defensa, la limpieza y tantas otras prestaciones estatales.

Tampoco la burocracia administrativa, hacia donde se ha canalizado el grueso del empleo adicional, muestra signos de mayor eficiencia. Se deduce claramente que el fenómeno ha respondido en general a un enfoque populista y electoralista de gobierno, sin reglas ni limitaciones o controles. Esto ha abarcado los tres niveles de gobierno, aunque se advierten excepciones que demuestran que las buenas administraciones son posibles.

Las provincias en las que el aumento del personal estatal más ha crecido han sido Misiones, Tucumán, Corrientes, Catamarca, Neuquén y Salta. Donde menos ha crecido es en Santa Fe, Formosa, San Luis, La Pampa y San Juan. Las que exponen la mayor relación de empleados provinciales por habitante son Tierra del Fuego, Neuquén, Catamarca, Santa Cruz y La Rioja. En el otro extremo de esta comparación están Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y San Luis. De estos datos emergen Santa Fe y San Luis como las que se han excluido claramente del agigantamiento burocrático.

Sin entrar en el tema de los planes sociales, cuya connotación es distinta a la del empleo público y merece un análisis más profundo, podemos sólo decir aquí que varios de esos planes afectan también la cultura del trabajo.

Lo que está claro es que el populismo y el clientelismo político han sido determinantes de un desborde del empleo estatal, que será difícilmente reversible y que es claramente atentatorio de la modernidad, eficiencia y desarrollo que tanto necesitamos..

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