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El análisis

Reacción tardía e incierta

Política

El mensaje de anoche fue, en su trazo grueso, impecable desde el punto de vista político para buena parte de la opinión pública interna no familiarizada con los avatares del pleito casi ganado por los fondos buitre en Nueva York. Pero no por previsibles, sus dos anuncios implican una reacción tan inevitable como tardía -e incierta- para sortear un eventual default técnico de la deuda argentina reestructurada en los canjes de 2005 y 2010.

En un tono muy alejado de la advertencia de "no pagar un dólar" del año pasado a los fondos buitre , la Presidenta esta vez pidió a Dios que ilumine a la Corte de Estados Unidos para que no convalide el último fallo de la Cámara de Nueva York.

Esta acaba de ratificar la dura sentencia del juez Thomas Griesa a favor del pago cash a esos fondos especulativos, sin quita y con intereses acumulados.

El planteo presidencial rescató el criterio de pari passu (igualdad de condiciones), según el cual una ínfima minoría (de 0,45%) no puede alterar las condiciones aceptadas por el 93% de los bonistas que adhirió a los canjes y vienen cobrando religiosamente sus acreencias, a menos que la ratificación del fallo obligue al Bank of New York (BoNY) a prorratear esos pagos, lo cual conduciría a la Argentina a un default técnico no deseado.



Omitió señalar, en cambio, que no hay seguridad de que el máximo tribunal estadounidense vaya a hacerse cargo de la apelación que presentará el Gobierno y tal vez haya que esperar hasta mediados de 2014. Sin embargo, fue muy realista su afirmación de que la suspensión ( stay ) de los efectos del fallo hasta que se pronuncie por sí o por no la Corte Suprema no es un alivio para la Argentina, como se apresuraron a descontarlo los mercados, sino una simple postergación de la incertidumbre.

Más discutibles fueron otros aspectos del discurso, según el cual la Argentina no es un deudor "recalcitrante" como sostuvo la Cámara, sino un "pagador serial", como afirmó CFK. Esto significa olvidar la deuda con los países del Club de París, los fallos del Ciadi o el resarcimiento a Repsol por la expropiación de su mayoría accionaria en YPF, por citar los casos más relevantes que mantienen al país fuera del circuito de crédito internacional. En cambio, la Presidenta incluyó, dentro de los pagos realizados por su gobierno, deudas que no estuvieron en default, como los US$ 10.300 millones cancelados anticipadamente al FMI y las obligaciones con organismos multilaterales (como el BID y el Banco Mundial). También el cambio de acreedores que significa colocar deuda pública (por US$ 41.000 millones) a cambio de pagarés del Tesoro con el Banco Central, la Anses y el Banco Nación.

Otra omisión presidencial fue la decisión del gobierno de Barack Obama de no apoyar a la Argentina ante el tribunal neoyorquino, pese a que el fallo puede complicar otras reestructuraciones de deuda, y a una recomendación en este sentido del staff del FMI, que debió luego dar marcha atrás. El intempestivo tratado entre la Argentina e Irán (por la causa AMIA) habría sido la causa de la reticencia de Washington.

Para evitar que la situación conduzca a un callejón sin salida, Cristina Kirchner anunció anoche el envío al Congreso del proyecto de ley para abrir un nuevo canje de deuda -el tercero- en las mismas condiciones que los anteriores. Aquí hay una diferencia que va mucho más allá de los matices: hace unos meses el Gobierno había admitido esa posibilidad, pero supeditándola a un fallo favorable de la cámara de Nueva York. Ahora, con el fallo en contra, se torna más incierta la eventual adhesión de los bonistas que no ingresaron a los dos anteriores canjes y poseen títulos por US$ 11.200 millones entre capital e intereses no pagados, de los cuales 67% (7500 millones) están bajo legislación estadounidense. Si esta opción hubiera surgido antes de los dos fallos de Griesa, la perspectiva quizás habría sido diferente.

El otro anuncio, de modificar el domicilio de pago a los bonistas y trasladarlo a la Argentina, también era previsible y obligará a un canje de los títulos por otros de iguales características. El cambio no será compulsivo sino optativo, y aunque no haya formado parte del anuncio, probablemente significará también un traslado de la jurisdicción judicial hacia los tribunales argentinos, para evitar el riesgo de embargos o interceptación judicial de pagos que abrirían la puerta al default técnico. Sin embargo, aquí las perspectivas de adhesión también son inciertas, y dependerá de los bonistas arbitrar la mejor opción de cobro.

Por lo pronto, esta decisión indica la intención del gobierno de CFK de curarse en salud por si las decisiones judiciales en Estados Unidos finalmente le resultan desfavorables. Pero tampoco cerraría la puerta a demandas judiciales contra la Argentina por diferencia de tratamiento entre unos y otros acreedores.

Algunos analistas, como Claudio Loser (ex funcionario del FMI y actual consultor) opinan que en caso de que los fondos buitre puedan cobrar sin quita, los demás bonistas no podrían alegar una mejora de condiciones, ya que no sería una decisión del gobierno argentino sino una orden judicial. Si este enfoque es correcto, el anuncio parece apresurado antes de agotar las últimas instancias judiciales en Estados Unidos.

En todo caso, agrega más ingredientes a un proceso en el que el gobierno de CFK confió demasiado en la buena suerte o el paso del tiempo y ahora mantiene un final incierto..

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