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Editorial I

Patoterismo estatal en la jefatura de la AFIP

Opinión

El organismo que debería combatir la evasión no duda en abusar de su poder para perseguir, hostigar y amedrentar a las voces que discrepan con el Gobierno

Hace años que son conocidas las campañas persecutorias de la AFIP contra empresarios, periodistas, artistas, jueces y figuras que osan cuestionar al Gobierno o que no acceden a sus requerimientos. Pero ahora, para llevar a cabo esa actividad cuya finalidad es la intimidación de voces críticas al oficialismo, funcionaría dentro de la AFIP un equipo especial que actúa como una policía secreta propia de regímenes autoritarios.

Al mando de ese equipo se encontraría el contador público y abogado Guillermo Michel, un funcionario con escasos años en el organismo recaudador, pero que trabaja codo a codo con su titular, Ricardo Echegaray.

Michel se halla al frente de la subdirección general de Coordinación Técnico Institucional de la AFIP. Una de sus funciones sería la de activar investigaciones impositivas especiales cuando recibe órdenes políticas. Para ejecutar esas tareas reñidas con la ley recurriría a un pequeño grupo de funcionarios de su confianza. Michel también habría establecido vínculos con integrantes de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE). Dentro de la AFIP se lo considera el brazo derecho de Echegaray, a quien no sólo ayudó al testificar favorablemente ante la Justicia en el caso Ciccone, sino que también fue quien respondía algunas preguntas periodísticas en conferencias de prensa por orden de Echegaray.

Desgraciadamente, esta particular repartición enquistada en la AFIP continúa operando como un organismo cada vez más político que técnico, y como un factor de presión y amedrentamiento que apela a acciones manifiestamente arbitrarias. Desde la ingenuidad, alguien podría plantear que las personas físicas y jurídicas que se manejan con absoluta transparencia y tienen sus cuentas y sus declaraciones impositivas juradas al día no deberían temer convertirse en víctimas del aparato intimidatorio de la AFIP. Lamentablemente, no es así. Cuando la cabeza de un organismo del Estado tan poderoso como el que nos ocupa actúa desde la ilegalidad, movido no por el genuino afán de incrementar la recaudación fiscal sino por el de sembrar el miedo intimidando o extorsionando, no es necesario basarse en datos reales; bastan datos parciales, e incluso falseados y hasta inventados y, si es preciso, como ha ocurrido, no se duda en violar el secreto fiscal.

En efecto, los datos que cada contribuyente está obligado a proporcionar a la AFIP son secretos -salvo que los requiera la Justicia-, entre otros motivos, por tratarse de información delicada que ese organismo no puede divulgar. Tal es el caso de los ingresos de las personas, sus gastos, inversiones y sus bienes, cuya difusión, además, puede entrañar un peligro para la seguridad del contribuyente y la de su familia. El propio Echegaray, en conferencias de prensa, ha ventilado datos sobre ciertas empresas, pero cuando los periodistas le han preguntado sobre otras compañías cercanas al poder político, Echegaray se ha negado a responderles amparándose, entonces sí, en el secreto fiscal.

Hay que recordar el procedimiento claramente intimidatorio llevado a cabo en septiembre de 2009 contra el diario Clarín, del cual participaron más de 200 inspectores, y otro, producido en mayo pasado, contra algunos de los periodistas de ese grupo.

Hubo otros casos notorios. Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la reforma judicial impulsada por el Gobierno para someter a la Justicia, la AFIP se abatió sobre el presidente del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti, y algunos de sus familiares y colaboradores.

Con métodos similares, que a veces incluyen inspecciones sorpresivas o allanamientos, se intenta perjudicar a periodistas, empresarios y artistas, como el cineasta Eliseo Subiela, que se han atrevido a cuestionar al Gobierno. Recordemos también la persecución a un empresario inmobiliario que en una entrevista periodística había manifestado los graves perjuicios que el cepo cambiario ocasionaba a su actividad.

Permitir y, peor aún, alentar, ya sea por acción o por omisión, estas acciones manifiestamente ilegales es otra manera de profundizar rasgos muy marcados propios de regímenes autoritarios y policiales basados en una vigilancia que no se ejerce para combatir el delito y la evasión, sino para atacar a la oposición, censurar la crítica y eliminar el indispensable disenso que debe reinar en los regímenes democráticos.

Los formidables avances tecnológicos permiten hoy que un organismo oficial como la AFIP acceda en tiempo real a información sobre cuánto, dónde y en qué gastan los ciudadanos que se mueven en el circuito blanco de la economía. Esos avances no pueden emplearse para hostigar y perseguir en razón de las ideas. Como contraparte, vale destacar también que este cuestionado organismo puesto al servicio del poder de turno tampoco colabora como corresponde en las investigaciones judiciales que comprometen a altos funcionarios del propio Gobierno.

Las únicas tareas de persecución que le están permitidas a la AFIP y que debería realizar con mucho más empeño y no selectivamente son aquellas tendientes a la identificación de evasores. Lo demás es patoterismo de la peor calaña en tanto se vale del poder del Estado..

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