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El análisis

Todo sea por los votos

Política

Apurada por el próximo desafío electoral, y con las encuestas en contra, Cristina Kirchner recurrió a una vieja treta del kirchnerismo: robarles a sus opositores las propuestas más atractivas. Ya lo había hecho tras la derrota en las elecciones de 2009 con la Asignación Universal por Hijo , que había sido un proyecto original de Elisa Carrió y Alfonso Prat-Gay. Ayer anunció que, por una deducción especial, no pagarán impuestos a las ganancias los trabajadores que cobran menos de 15.000 pesos. Ésta había sido una insistente propuesta de Sergio Massa y también de Prat-Gay y de varios opositores más, durante la campaña de las últimas elecciones primarias.

El virtual aumento de salarios para miles de argentinos se concretará veinte días antes de las elecciones generales de octubre, cuando perciban el sueldo de septiembre. También se verán aliviados de ese impuesto, aunque no exentos, los que cobran entre 15.000 y 25.000 pesos mensuales.

"Ya no se trata de ganar, sino de hacer un mejor papel en las elecciones para remontar los próximos dos años", se sinceró anoche un funcionario que participó de la elaboración de la medida. La Presidenta teme, en el fondo, que los resultados de las elecciones de octubre terminen siendo peores que los de agosto y que su capacidad para gobernar se vea seriamente afectada. La medida anunciada beneficiaría a alrededor de 1.500.000 trabajadores, según las primeras estimaciones.

¿Por qué no lo hizo antes si era tan fácil? Esta es una pregunta que el Gobierno no podrá responder cómodamente. Después de la derrota de hace dos semanas, funcionarios y candidatos cristinistas calificaron a sus opositores de demagogos que se proponían "desfinanciar" al Estado. Aludían, sin nombrarla, a la propuesta de liberar de la carga del mínimo no imponible a los salarios más bajos.

Debe reconocerse que no les faltaba razón: este es el peor momento del desequilibrio de las cuentas públicas, aunque ese problema no debería resolverse con insistir en una insoportable presión impositiva. De todos modos, el Gobierno hizo ayer lo que anteayer le criticaba a sus opositores. La coherencia no ha sido nunca un atributo del kirchnerismo.

Hasta ayer, el oficialismo no hizo jamás una autocrítica por el nivel tan bajo del mínimo no imponible, lo que significa en los hechos un impuesto al trabajo para la mayoría de los argentinos que trabajan. Un alivio de ese impuesto es siempre una buena noticia, aunque se lo hizo a través de una "deducción especial" y no de una modificación del mínimo no imponible. Suena a un regalo electoral, que también lo es, aunque tiene otra explicación. Incluye sólo a los trabajadores con relación de dependencia. El anterior e injusto mínimo no imponible seguirá vigente para todas las otras modalidades de relaciones laborales.

En medio de un desorbitado gasto público, el gobierno anunció que resignará 2581 millones de pesos para cumplir con los anuncios de la víspera. Otro tanto saldrá, compulsivamente, del sector privado. Será a través de un impuesto a la compra de acciones que no cotizan en Bolsa, que por lo general son de empresas productivas. Prefirió no incluir un gravamen a los activos financieros, temeroso seguramente de sus consecuencias: podría desestabilizar aún más el mercado de capitales. "Un impuesto a los «plazofijeros» los hubiera espantado a éstos de los bancos", resumió ayer un economista. Es decir, la administración no hubiera conseguido nada.

Otro impuesto será del 10 por ciento para los que cobran dividendos; esto es, para las ganancias personales o corporativas de los que tienen alguna propiedad en empresas o bancos. Se trata de una suba adicional del impuesto a las Ganancias, que podría seguir afectando la inversión de las grandes empresas. Éstas ya tienen prohibido girar dividendos al exterior y acceder a dólares. La nueva presión impositiva hace menos atractivo al país para la inversión externa, sobre todo.

Si se mira bien el monto que sacrificará el Estado, se hace más inexplicable que la decisión de ayer haya sido tan demorada. Esa cifra se podría haber reunido hace mucho tiempo con sólo permitir la publicidad privada en Fútbol para Todos, espacio que está reservados sólo para el monopolio de la publicidad de la facción gobernante, y con una racionalización de la administración de Aerolíneas Argentinas, que ahora le cuesta al Estado unos dos millones de dólares diarios.

En lugar de hacer un reordenamiento del gasto público, la administración decidió seguir con la inflacionaria emisión de pesos. No hubo, en efecto, ningún anuncio sobre qué gastos se suprimirán para compensar la pérdida de recaudación por las modificaciones en el impuesto a las ganancias.

En resumen, no se anunció ninguna medida para perfeccionar el sistema impositivo. Fue una decisión apresurada y casi desesperada, a pocas semanas de una elección que se anuncia perdidosa para el oficialismo. La pregunta infaltable consiste en saber si las medidas de ayer, que incluyeron también aumentos en el salario familiar, tendrán un efecto electoral en octubre. La primera respuesta de analistas de opinión pública es que no. O que la tendrá de manera muy acotada.

"La gente sabe cuando le ponen plata en el bolsillo para cambiar su voto", dijo uno de ellos. "Y nadie se asume como un mercenario", agregó. No se han modificado en nada, además, los tres problemas prioritarios de la sociedad en cualquier medición sobre el estado de la opinión pública: la inseguridad, la inflación y la corrupción. Eso son, y en ese orden, los problemas más importantes para la sociedad.

El conflicto irresuelto de la Presidenta es que llegó a esta situación por sus cambiantes políticas de corto plazo. Y sigue aferrada al método del cortoplacismo, que le permite resolver rápidamente sus deseos, pero ninguno de sus problemas..

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