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Al margen de la semana

Mentiras verdaderas

Economía

Cuando faltan ocho semanas para las elecciones del 27 de octubre, el dato político más notorio es el giro táctico en las últimas declaraciones y reacciones del gobierno de Cristina Kirchner. Las que hasta hace pocos días eran -en la visión oficial- mentiras y operaciones mediáticas o destituyentes, ahora se transformaron en verdades y medidas correctivas; o, al menos, en cambios de diagnóstico, aun a riesgo de reavivar polémicas.

Así como el oficialismo pasó de desconocer a reconocer que la inseguridad es un problema real y no una sensación, lo mismo hizo con la inflación. Pero en este caso por la vía indirecta de compensar sus efectos poniendo, a partir de octubre, más plata en los bolsillos de un millón y medio de asalariados. Si hubiera alguna duda del carácter electoralista de la elevación del piso no imponible (MNI) de Ganancias a $ 15.000 brutos mensuales, el propio decreto presidencial se ocupa de despejarla. Dispone que los recibos de sueldos deberán consignar la diferencia entre el impuesto que debía retenerse y la deducción especial que permite evitarlo, además de aclarar -"inequívocamente"- que esa quita es por decisión del Estado Nacional. O sea, la misma fórmula que aplica con los subsidios a las facturas de luz, gas y agua. La diferencia es que mientras el congelamiento tarifario juega hasta ahora a favor de los usuarios (a costa de subsidios fiscales cada vez más difíciles de sostener), la suba del mínimo no imponible (de 20% para los salarios de más de $ 15.000 y hasta $ 25.000 y de 30% en la Patagonia) tendrá un efecto transitorio, porque tarde o temprano volverá a ser erosionada por la inflación. Y en no pocos casos, quienes ahora quedan exentos volverán pagar con los próximos ajustes salariales fraccionados de las últimas paritarias. Incluso con alícuotas más altas, ya que tampoco se ajustaron las escalas del impuesto, congeladas desde hace años.

Si bien uno de los fundamentos del decreto 1242 la considera una "medida contracíclica" para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, en el mejor de los casos busca corregir en el corto plazo la fuerte transferencia de ingresos a favor de la AFIP que se produjo durante casi dos años. En marzo de 2013, el Gobierno ajustó el MNI sólo 20%, en lugar de 50% que hubiera correspondido para mantenerlo a la par de la inflación desde el aumento anterior en abril de 2011.

Aún así, la situación de los asalariados (en blanco) pasa a ser mejor que la de autónomos y monotributistas, que también sufren una grosera desactualización de mínimos, topes y escalas. Aquí la buena noticia es que el Gobierno parece haber recordado que esos trabajadores también votan, a juzgar por la promesa de la AFIP de estudiar medidas correctivas.

Desde el punto de vista fiscal, en cambio, la medida es "procíclica", al imponer dos nuevos impuestos (pese a que CFK se había jactado de no haber creado ninguno), que elevan la presión tributaria sobre las empresas (que, según la UIA, trepó para las industrias de 8,7% del PBI en 2003 a 11,8% en 2012). También porque aumentará aún más el déficit fiscal, ya que la recaudación esperada no alcanza a cubrir una quinta parte de la quita impositiva ($ 14.000 millones anuales). De manera que haberla presentado como un "acuerdo social" no sólo fue una escenografía para compartir el costo político de admitir que la inflación en la Argentina más que duplica a la del Indec, sino que el "esfuerzo" que promete el Estado no será depurar gastos innecesarios, sino redoblar el trabajo de la "maquinita" del Banco Central. Un cálculo del Estudio Broda estima que de aquí a fin de año sería necesario emitir no menos de 52.000 millones de pesos (el doble de lo que se emitió hasta agosto), con sus consecuentes presiones inflacionarias si no repunta la demanda de dinero.

Más pesos, menos dólares

Probablemente esta perspectiva explique las renovadas presiones sobre el dólar paralelo, que Guillermo Moreno busca otra vez frenar con clausuras y controles policiales sobre "cuevas" y "arbolitos", una ardua tarea a la que acaba de sumarse Alejandro Vanoli, titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), pese a que este organismo tiene escasa competencia sobre el mercado cambiario.

Pero todo el ruido cambiario de los últimos días deja en segundo plano otras verdades. Una, que hace tres meses los "aprietes" de Moreno apuntaban a bajar el dólar paralelo a $ 6,50 y ahora con dejarlo alrededor de 9. Otra, que el mayor ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial (de 2,8% en agosto, equivalente a 34% anualizado), no alcanza para que el BCRA pueda recuperar el deterioro del tipo de cambio real (especialmente contra el real brasileño), ni para achicar la brecha con el blue (65%). Todo esto contradice la promesa presidencial de no devaluar (que, a esta altura, sólo debe entenderse como una maxidevaluación abrupta), mientras las reservas cayeron a 36.800 millones de dólares y tendrán un retroceso adicional de 2000 millones en septiembre (con el pago del Bonar VII).

Los anuncios de CFK sobre la deuda en litigio en Nueva York también aportaron su cuota de incertidumbre. La reapertura del canje para los holdouts , con previsible sanción expres en el Congreso, fue una reacción tardía después de tres fallos a favor de fondos buitre para que cobren cash y sin quita los bonos defaulteados que compraron con ese fin especulativo. Y el cambio de domicilio de pago y de legislación, una reacción apresurada antes de agotar las pocas instancias legales que restan para tratar de revertirlos. Este cambio de escenario promete más trabajo para los abogados de todas las partes, sin alejar el fantasma del default técnico. Aunque sea optativo, el canje de bonos reestructurados con cambio de la legislación estadounidense a la argentina no ayuda a una alta adhesión el prontuario de controles cambiarios, prohibición de giro de utilidades y hasta la pesificación compulsiva de bonos del Chaco el año pasado, avalado luego por la justicia provincial.

Tampoco contribuyen a la imagen externa conflictos como el de LAN. El polémico video de Mariano Recalde dejó en claro que ya en 2010 esa compañía era una competencia indeseada para la conducción "militante" de Aerolíneas, a pesar de que sus vuelos de cabotaje de fueron autorizados por Néstor Kirchner. También dejó a la vista la forma "cesarista" de adoptar decisiones oficiales, aún cuando afecten las relaciones con países vecinos e importantes socios (Chile es el país con que la Argentina tiene el mayor superávit comercial). Fiel a su estilo de redoblar la apuesta cuando crea un problema, el gobierno de CFK ahora lo extiende a Brasil con el reclamo de que se le permita a AA operar vuelos de cabotaje en ese país. Claro que sin aclarar que, con el déficit estructural de la compañía estatal, cuanto más vuela, más pierde.

La contracara es el acuerdo con Chevron, defendido por el CEO de YPF sobre la base de una verdad incontrastable: el creciente déficit energético. La misma que sostienen desde hace años los ocho ex secretarios de Energía, a pesar de haber sido acusados de agoreros y desestabilizadores por el gobierno de CFK. Aún así, el realismo de Miguel Galuccio no alcanzó a explicar por qué, si ese contrato no incluye cláusulas secretas, su letra chica siga siendo un misterioso secreto de Estado..

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