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El medio es el mensaje

La hora de la verdad para la ley de medios

Opinión

Si todo hubiese empezado por el final, otra habría sido la historia. Las audiencias por la ley de medios, convocadas por la Corte Suprema de Justicia, no eran una instancia obligatoria para que ese tribunal fallase sobre la constitucionalidad de cuatro artículos de esa norma. Pero fue un oportuno ejercicio de docencia jurídica y de alta civilidad de cara a la sociedad.

Así tuvo lugar, cuando nos acercamos a la instancia culminante, el más feliz episodio de una kilométrica historia repleta de tironeos, bravuconadas y chicanas donde la opinión pública quedó rehén de una pelea sin sentido entre el gobierno nacional y el principal grupo de comunicación del país. Ambos dirimen fuerzas en pos de intereses propios, donde el deseado consenso republicano fue el gran convidado de piedra.

Por primera vez, en un mismo ámbito, fue posible entender las debilidades y fortalezas de cada parte en tiempos racionales (afortunadamente muy lejos de los interminables discursos parlamentarios) y sin lugar para las intemperancias (más allá de las aisladas alocuciones panfletarias de los funcionarios Ottaviano, Gils Carbó y Sabbatella).

Las audiencias públicas dejaron dos cosas en claro: 1) que al Estado le falta todavía transitar un largo trecho para ganar serenidad y un justo ánimo generalista, que elimine del todo su afán obsesivo por cargar sobre un grupo de medios en particular; sólo entonces podrá con equidad reforzar los derechos de los licenciatarios de medios audiovisuales, resguardándolos de antipatías facciosas y circunstanciales que de pronto puedan surgir (recuérdense las buenas relaciones que el Gobierno y el Grupo Clarín supieron mantener entre 2003 y 2008); 2) también quedó expuesta la ambivalencia, muy de esta época, que es preciso, de todos modos, dirimir: cómo lograr que un multimedios pueda expandirse de manera de alcanzar una economía de escala eficiente para enfrentar los crecientes y onerosos desafíos tecnológicos que le permitan competir en el plano interno y en el internacional sin asfixiar a sus competidores ni exponerlos a desleales reglas de juego impuestas por su posición dominante.

Las cincuenta preguntas precisas, minuciosas y de gran sentido común que la Corte preparó para que contestasen las partes y un perito apuntaron en su mayoría (y muy especialmente las quirúrgicas repreguntas del presidente Lorenzetti, en su nombre y en el de los otros miembros del tribunal) en esas dos direcciones: cómo superar el precario "privilegio" al que el Estado pretende reducir los derechos de los permisionarios ya no sólo de servicios de radiodifusión sino, incluso, de otros como el cable, que no utilizan frecuencias de ese espectro y, al mismo tiempo, cómo compatibilizar eso con que un grupo de comunicación no engorde indefinidamente en desmedro de los demás.

Con sus particulares modos, sin adelantar su fallo, la Corte ha querido sugerir de manera pública que su decisión final deberá contemplar, aunque sea en parte, no agravar los efectos de esas dos problemáticas.

Lamentablemente tendrá que hacerlo en un contexto hostil: la explícita cruzada del Gobierno contra Clarín escaló en un conflicto de poderes que ya no sólo incluye la "democratización de la palabra" -eufemismo cínico que esconde lo contrario ya que a los medios tradicionales sólo se sumaron en estos años voces oficialistas sostenidas artificialmente con pauta oficial que no logran conquistar públicos genuinos- sino que avanza, por despecho, en la "democratización de la Justicia", lo que produjo un efecto paradójicamente contraproducente en el ánimo de quienes tuvieron en sus manos las distintas instancias de este complicado expediente.

Lejos de ser un "simulacro", como pretenden hacer creer los propaladores gubernamentales, el tono mesurado de las audiencias es el que debió primar siempre para llegar a una resolución justa y lúcida. Si los estridentes sin contenido que agitan meras consignas hubiesen quedado de lado, y en su lugar el tema hubiese sido llevado adelante por los expertos de uno y otro lado convergiendo en una solución razonable, se habrían ahorrado muchas energías dilapidadas. Más allá del empeño que le pone el kirchnerismo a su "relato", la ley de medios no fue hasta ahora un tema de gran preocupación popular.

Con tan anómalo trámite no debería esperarse de la Corte ninguna solución ideal y definitiva que conforme a alguna de las dos partes y, mucho menos, a ambas.

¿Cuándo pasará eso? Con un ministro fuera del país (Zaffaroni) y otro que pronto cruzará las fronteras (Petracchi) no es algo que sucederá en los próximos días. Procesar lo dicho en las audiencias llevará a las vocalías y secretarios legales de la Corte entre veinte y treinta días. Éstos, a su vez, elevarán a los miembros del cuerpo sus fundamentos que deberán estudiarlos en pos de un voto que no es definitivo. Luego vendrá la reunión de acuerdo donde consolidarán sus pareceres o podrán variarlos en el intercambio entre ellos. Cuando todo eso haya sucedido, la Corte estará en condiciones de fallar, pero entonces faltarán pocos días para las elecciones del 27 de octubre. Cualquiera que fuese la decisión del tribunal, su sentencia definitiva podría influir en el ánimo de los votantes para un lado o para el otro. Es un dato que a la Corte no se le escapa..

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