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Crisis

La oposición debe poner la energía en marcha

Opinión

Para revertir el vaciamiento energético de los años kirchneristas, es necesario que las fuerzas opositoras con posibilidades de suceder al Gobierno comiencen a trabajar juntas desde ahora por el sector

Por   | Para LA NACION

¿Qué hacemos ahora? Ésa es la pregunta que se debería estar haciendo la oposición, en particular la que puede ser gobierno en 2015, es decir, el peronismo no kirchnerista, la centroizquierda y Pro. Alguno de esos espacios políticos tendrá a su cargo revertir el vaciamiento energético del kirchnerismo. Una situación que se agravará en los próximos dos años, si el Gobierno mantiene las políticas que condujeron a esta crisis que, por su magnitud, trasciende al sector y afecta a toda la economía.

No queda tiempo para llorar sobre la leche derramada, pero sí hay que tener conciencia de que se derramó, y en cantidades, para actuar en consecuencia. Corresponde, sin más dilaciones, resolver los problemas que el país heredará de la lamentable gestión kirchnerista en el sector energético.

Al nuevo gobierno le tocará convivir con niveles de importación mayores a los actuales -13.000 millones de dólares al año-, salvo que en el corto plazo se logre revertir la crónica caída de la producción y se mejore el costoso y poco transparente sistema de importaciones, que hoy ya supera el 15% de las necesidades energéticas del país.

Pero recuperar la caída de reservas de petróleo y gas de la última década, estimada en más de 150.000 millones de dólares; aumentar la producción para volver al autoabastecimiento petrolero perdido hace un lustro; modernizar y ampliar la costosa generación de electricidad y renovar las redes de distribución requerirá por lo menos dos períodos presidenciales y la afluencia de más de 30.000 millones de dólares anuales. Como se comprenderá, una suma imposible de obtener con el modelo kirchnerista todavía vigente, que espanta inversiones e impide el acceso al mercado de capitales y por lo tanto al crédito.

Sin embargo, ante este sombrío panorama que heredará el próximo gobierno, la oposición limita su accionar a denuncias circunstanciales y no trabaja mancomunadamente en propuestas concretas, tal vez condicionada por las prioridades del marketing electoral. Pero a partir del 27 de octubre ya no habrá justificación para actitudes parsimoniosas o de compromiso. Entonces, comenzará la cuenta regresiva para la fuerza política que será gobierno y deberá resolver el problema energético. Y no se puede esperar a 2015 para comenzar a encarar la situación.

Concluidas las elecciones parlamentarias de octubre, la oposición toda tendrá que intervenir con firmeza para evitar que el Gobierno empeore la situación en los dos años que le quedan. En ese sentido, deberá exigir: terminar con las improvisaciones, dejar de importar mal y caro la energía, asumir los costos políticos de un sinceramiento tarifario y encarar las deudas impagas, en particular la pendiente con Repsol. Simultáneamente, deberá diseñar una estrategia conjunta para la reconstrucción del sector a partir de 2015.

Que el Gobierno deje de improvisar significa que debe abstenerse de iniciar o anunciar megaproyectos que no cuenten con el necesario consenso político ni financiación asegurada y que comprometen a futuras administraciones. Ejemplos paradigmáticos de improvisación son las centrales hidroeléctricas del río Santa Cruz, que se adjudican luego de un proceso licitatorio poco transparente y que comprometerán recursos públicos por más de 4500 millones de dólares durante los próximos seis años. Otro caso es el anuncio de un plan nuclear por 42.000 millones en un sector de difícil financiación privada, y que requiere rigurosos análisis técnicos económicos y financieros antes de definir la tecnología a adoptar, además de las consideraciones de seguridad y ambientales que permitan asegurar el consenso en la población.

Probablemente, los dos próximos gobiernos convivan con importaciones de productos energéticos de los cuales el más crítico es el gas natural, que llega por barco en estado líquido o GNL. El actual sistema de importación, fruto de la improvisación, es caro inseguro y poco transparente. Es necesario exigirle al Gobierno reemplazar la regasificación que se viene haciendo en barcos amarrados en los puertos de Bahía Blanca y Escobar por instalaciones fijas que permiten el acceso a una mayor oferta, dado que muchas de las transportadoras de GNL tienen vedadas las descargas ship to ship por cuestiones de seguridad. También terminar con compras en el mercado spot , sólo justificables en emergencias, y pasar a contratos de provisión a largo plazo. Sólo esos cambios en infraestructura y en el sistema de compras permitirían hoy ahorros mayores al 30%, es decir, unos 1500 millones de dólares al año.

La oposición también deberá exigirle al Gobierno que arbitre las medidas para reactivar la producción de los yacimientos petroleros en actividad, única forma de evitar en el corto plazo que sigan aumentando las importaciones que desangran la economía. Con tal fin, debería implementar medidas realistas consensuadas con las empresas, como rever el sistema de retenciones y establecer un valor rentable para el gas en boca de pozo.

En los servicios de distribución de gas y electricidad es necesario evitar el colapso de las empresas concesionarias, que vienen arrastrando rojos crecientes en sus balances y servicios cada vez más deficientes. Es necesario exigirle al Gobierno recuperar el valor de equilibrio de las tarifas, perdido irresponsablemente con el congelamiento aplicado desde que asumió, cuando no había razón alguna para hacerlo, salvo la populista.

Antes de arribar a la segunda recomendación a la oposición, la reconstrucción a partir de 2015, cabe antes una breve descripción de la situación privilegiada de nuestro país en cuanto a recursos energéticos. Los recursos potenciales de petróleo y gas pueden transformar a la Argentina en un exportador a escala internacional. Se estiman saldos exportables de hidrocarburos que superarían a los del sector agropecuario. La actual generación hidroeléctrica podría duplicarse y la energía eólica está en condiciones de desarrollarse a escala nacional, dadas las características excepcionales de nuestros vientos. La producción de biocombustible puede multiplicarse, en particular el etanol para cortar naftas, y estamos en condiciones de encarar un desarrollo nuclear que aproveche el conocimiento adquirido por décadas mediante un moderado plan de centrales nucleares, en el marco del desarrollo de la actividad y el conocimiento nuclear del que todavía nuestro país tiene una posición de liderazgo a nivel mundial.

Sí, indudablemente la Argentina es pródiga en recursos energéticos. Sin embargo, su dirigencia política, salvo puntuales excepciones, ha sido incapaz históricamente de ponerlos en valor para beneficio de sus ciudadanos. Siempre primaron las ideologías y las emociones por sobre la razón y el conocimiento. Arraigados sentimientos nacionalistas, alentados por una confusa mezcla de soberanía mal entendida y gestas patrióticas, han impedido aplicar las estrategias adecuadas en pos de un efectivo desarrollo de nuestros recursos energéticos, en particular el petrolero. Por eso se frustraron los intentos de apertura al capital internacional encarados por Perón en el 55, Frondizi en el 58 y Menem en el 93, no obstante haber logrado aumentar considerablemente la producción y las reservas de hidrocarburos. Pero también, porque fueron fruto de necesidades y urgencias, no de convicciones y consensos. En consecuencia, esas medidas conceptualmente positivas para el país fueron políticamente rechazadas y demonizadas en función de irresponsables concesiones demagógicas.

Esa concepción de la política debe ser erradicada de nuestro país como ya ocurrió en los países prósperos de la región, como Perú, Chile, Colombia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Resulta imperioso que la Argentina recupere la confianza perdida ante el mundo, y el sector energético puede hacer un aporte significativo en el logro de ese objetivo.

Las fuerzas políticas de la oposición deberían dedicar los dos próximos años a diseñar una política de Estado para el sector energético que garantice seguridades y certezas durante décadas. Para eso, será necesario elaborar proyectos de ley consensuados que establezcan un marco jurídico basado en la realidad local e internacional de la actividad, y en condiciones de ser aprobados en el Congreso inmediatamente después de asumir el nuevo gobierno. Con la participación de las empresas del sector se establecerán reglas de juego claras y con garantías de perdurabilidad. Se promoverá una relación sinérgica Estado-sector privado y se definirán metodologías para lograr acuerdos con empresas internacionales portadoras de capitales y tecnología.

Pero insisto, la condición insoslayable es recuperar la confianza perdida ante el mundo, lo que implica un proceso que requiere tiempo y tiene sus costos. La coherencia con que se encare la nueva estrategia para el desarrollo del sector y las señales que emitan coordinadamente las tres fuerzas políticas con posibilidades de ser gobierno a partir de 2015 podrán reducir ambos factores.

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