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Editorial I

Otra persecución absurda

Opinión

La sanción a entidades de consumidores para que no midan los precios ni denuncien abusos es otra muestra inequívoca de censura y prepotencia oficiales

Ya son tres las asociaciones de defensa del consumidor suspendidas de su registro legal por la simple razón de ejercer su labor en forma independiente de los intereses que el Gobierno las quiere forzar a defender.

Primero, fue Consumidores Libres, a cargo del dirigente socialista Héctor Polino, sancionada por publicar en medios de comunicación el índice real de la inflación sufrida por la canasta de precios que esa asociación venía midiendo desde hacía varios años, obviamente muy superior a los datos falaces que difunde el Indec.

Más tarde, fue suspendida la Unión de Consumidores de Argentina (UCA), presidida por el abogado Fernando Blanco Muiño, a la que la subsecretaría en cuestión sugestivamente objeta por haber realizado una campaña en defensa de los consumidores mediante la publicación de avisos en los que se criticaba el cepo publicitario, que les impide conocer las ofertas que les permitan comparar precios para una mejor decisión a la hora de comprar.

La tercera suspensión recayó sobre Adecua, dirigida por Sandra González. La razón esgrimida por la subsecretaría a cargo de María Lucila Colombo -quien responde directamente al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno- fue "evitar la eventual reiteración en el tiempo de las conductas que se analizan [haber supuestamente actuado en connivencia con un grupo de entidades bancarias] hasta tanto se resuelva la causa penal". Es decir, se la suspende cuando todavía no está resuelta la eventual responsabilidad de Adecua en una causa de la que participan otras entidades, pero con las que no se ha tomado la misma resolución administrativa, y cuando en el gobierno nacional existen numerosos funcionarios que están siendo investigados, pero que no por ello han sido suspendidos en sus cargos.

Con anterioridad, también la entidad de usuarios Adelco había sido intimada por el Gobierno para que dejara de difundir precios como consecuencia de los relevamientos que esa entidad viene realizando desde hace más de 20 años.

Está claro el ánimo discriminatorio y malicioso de la subsecretaría para con estas asociaciones, a las que presiona y deja fuera de juego por medir y hacer constar lo que sucede con los precios y el consumo. Tan arbitraria es su gestión que, en el caso de UCA, sus autoridades denuncian que se les ha aplicado una sanción prevista para los proveedores de bienes y servicios y no para las asociaciones de consumidores, con lo que se ha cambiado unilateral y arbitrariamente el sujeto pasivo que alcanza la norma. Pero, por otro lado, al suspender a esas entidades, se está dejando desamparados a los consumidores a los que aquéllas asisten, representan y tutelan, en especial, a los que son defendidos mediante las acciones judiciales de carácter colectivo y que hoy ven su defensa gravemente comprometida por efecto de la suspensión.

Pero hay algo todavía más inexplicable y grave: es la propia subsecretaría la que, con su proceder, no defiende el derecho constitucional de los consumidores de saber para poder elegir y la que, llamativamente, eliminó ayer de su página web el listado de asociaciones a las que los consumidores pueden acudir en caso de necesitarlo. ¿No es ése un derecho que asiste a los usuarios de bienes y servicios? ¿No es obligación del Estado dar a conocer ese registro público? ¿Tiene algo que ocultar la subsecretaría o que corregir de esa nómina en la que se podía observar que algunas asociaciones de creación más reciente ni siquiera contaban con página web y que dos de ellas funcionaban con distinta dirección, pero igual número de teléfono, entre otras curiosidades?

A esta altura podría inferirse sin temor a errores que la Subsecretaría del Consumidor lejos está de defender esos derechos, sino todo lo contrario. Según Sandra González, en el caso de Adecua es arbitrario y discriminatorio que se la suspenda, pues la Justicia no sólo no se ha pronunciado, sino que su entidad arribó a los acuerdos ahora cuestionados con las diferentes entidades financieras con el total conocimiento de las autoridades, que, en todo momento, estuvieron al tanto de los pasos que se daban y de las decisiones que se adoptaban. Cabe aclarar, además, que esa causa lleva bastante tiempo sin resolverse y que la suspensión de Adecua se conoció inmediatamente después de que esa entidad publicó un relevamiento de precios en la edición del 30 del mes pasado en el diario Clarín.

Así las cosas, queda claro que la principal función de la dependencia que conducen Colombo y Moreno es la de seguir silenciando la problemática de la inflación y las voces de quienes denuncian los atropellos que se concretan contra los propios consumidores, a los que el Estado está obligado a proteger. Todo ello, más allá de los tibios reconocimientos por pura urgencia electoral que en los últimos días han estado realizando públicamente dirigentes del oficialismo respecto de la inflación, entre otros tantos temas que el Gobierno venía negando ciegamente hasta que fue derrotado en las urnas en las elecciones primarias del 11 de agosto.

La persecución y manifiesta extorsión a las entidades de consumidores que no recitan el relato oficial es la muestra más inequívoca del grado de prepotencia y censura del que sigue haciendo gala el gobierno nacional..

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