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Piden revisar el fallo de la Cámara

Economía

Presentaciones de bonistas que entraron en el canje y del país

Por   | LA NACION

WASHINGTON.- Porque "viola normas constitucionales"; porque, por momentos, parece "deliberadamente ciego" y porque está llamado a provocar "daños irreparables por 65.000 millones de dólares" en beneficio de "especuladores" que compraron "bonos por valor de 428" millones y a afectar la credibilidad futura del sistema financiero internacional.

Con esos argumentos, entre otros, llegó anoche a la justicia norteamericana el primer pedido de revisión de la lapidaria resolución que, el 23 de agosto pasado, ratificó en su totalidad el fallo inicial del juez Thomas Griesa en favor de los llamados "fondos buitre" y que, según dijo en su momento la defensa argentina, el país "no piensa acatar".

El pedido de revisión fue firmado por los bonistas que sí aceptaron el canje (los llamados Exchange Bondholders - EBG) y que defienden la posición del país porque, de prosperar el fallo en favor de los "buitres", sus intereses se verían afectados ya que podrían ser embargados fondos destinados a pagarles.

Anoche también se esperaba la llegada a la Justicia norteamericana de un recurso de similar intención del gobierno argentino.

Pero si bien los bonistas defienden en este caso no otra cosa que la continuidad de los pagos que, por intereses, reciben del Estado nacional, lo hacen, en todo caso, en línea con argumentos a los que apela la Argentina.

Por caso, aseguran que, de prosperar el criterio exhibido por el juez Thomas Griesa y ratificado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, se abriría paso a "consecuencias devastadoras por la economía global y para el sistema de reestructuración de deuda soberana".

Un argumento similar expuso en su momento el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando intentó presentar un recurso en contra de la demanda de los "buitres", opción de la que desistió luego de que Estados Unidos le retirara su apoyo para hacerlo.

Con eso, insisten por la vía de que lo que está en juego es mucho más que el futuro de la deuda argentina, algo que la Cámara ya desestimó.

Son pocas las apuestas en el foro local en favor de que el pedido de revisión prospere. Pero de lo que sí hay certeza es de que, con eso, la defensa argentina gana tiempo.

Previsiblemente, la Cámara tiene ahora, por lo menos, hasta fines de mes para dar una respuesta y todo eso incide en los plazos procesales de eventuales futuras etapas.

Firmado por los abogados Sean O'Shea y David Boies, el escrito sostiene que el fallo de la Corte peca, por momentos, de una "formalidad que roza la ceguera voluntaria".

El reproche apunta a la defensa que hace el fallo de los contratos de "especuladores" que compraron bonos por valor de 428 millones de dólares en perjuicio de quienes, por su buena fe, podrían verse afectados "en forma irreparable" en más de 65.000 millones. Sostiene, además, que es "violatorio" de normas constitucionales de los Estados Unidos porque afecta la "propiedad indiscutible" de los integrantes del EBG sin darles "compensación alguna".

El pedido de revisión aspira al difícil objetivo de lograr un "en banc", tal como se llama al proceso por el que los trece jueces de la Corte revisan un fallo producido, en este caso, por sólo tres de ellos. Los antecedentes indican que son muy pocos los recursos de ese tipo que se otorgan.

Si el recurso no prospera, la carta procesal más firme que le quedará al país será la de la Corte Suprema de los Estados Unidos. En esa instancia, se considera crucial lograr un -hasta ahora- incierto pronunciamiento del gobierno norteamericano en favor de la posición del país.

Todo es parte del proceso por la demanda abierta por los fondos NML Capital y Aurelius Capital, así como por una decena de inversores privados, entre ellos, argentinos.

El fallo, cuya revisión se solicita, condenó al país a pagar 1300 millones de dólares a los demandantes.

Pero la Argentina sostiene que eso abriría paso a una catarata de juicios para cuya atención "no alcanzarían ni siquiera" todas las reservas del Banco Central. "Si el fallo se ratifica, mi cliente no lo acatará", anticipó el abogado Jonathan Blackman ante los jueces, una afirmación que no fue bien recibida..

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