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Editorial

Las ONG, en la mira del Gobierno

Opinión

Funcionarios que abusan de su poder para cerrar organizaciones sociales violentan las instituciones e impiden una verdadera democracia

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) independientes del oficialismo vienen sufriendo diversos actos de hostigamiento por parte del gobierno nacional.

Existen dos conceptos rectores que distintos funcionarios gubernamentales recitan como dogmas a los dirigentes sociales: el primero es que el Gobierno sólo tiene interacción con las organizaciones que apoyan el modelo. El segundo señala que de la agenda social ahora se ocupa el Estado; por lo tanto, las organizaciones sociales ya no son necesarias. Lo dañino de ambos dogmas es que no sólo adornan el discurso gubernamental, sino que inspiran un menú de acciones que restringen los espacios de intervención de las organizaciones y ponen a la sociedad civil en un estado de total indefensión.

Hay exceso de discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, que se emplean para cooptar organizaciones, como en la entrega de subsidios a cambio de obediencia, o para convertir a las entidades que apoyan al Gobierno en una suerte de ministerios paralelos, como hizo el Ministerio de Planificación con la Fundación Madres de Plaza de Mayo, al poner millones de pesos del presupuesto público en manos de los hermanos Schoklender, hoy investigados por la Justicia. La lógica parecería ser: nada de recursos públicos para quienes no apoyan, dinero con condiciones para los que dudan y cheques en blanco para los adeptos.

Abunda la indolencia frente a la necesidad de definir políticas públicas y nuevas leyes, que les aseguren a las organizaciones de la sociedad civil un marco legal, impositivo y laboral que permita formalizar a la mayoría de las entidades que hoy operan en la informalidad por no poder cumplir con las exigencias de la normativa. Ausencia de incentivos fiscales que amplíen la cultura filantrópica, negación de marcos legales que faciliten la tarea y formalización de las organizaciones sociales y extrema superposición administrativa entre la IGJ, la AFIP y la UIF son algunas de las barreras burocráticas que deben sortear las organizaciones sociales. Reformar la ley de ganancias, que permite deducir donaciones orientadas a beneficiar a los partidos políticos, pero impide desgravar si se dona a un comedor comunitario, articular a los organismos de control para que las ONG aporten información de manera coordinada y no superpuesta, y reglamentar la figura jurídica de simple asociación, que permitiría formalizar a cientos de organizaciones de base y movimientos sociales son tareas pendientes de un gobierno que dejó de ser indolente frente al marco legal e impositivo sólo para promover medidas que lo complicaran aún más.

Hay abuso de poder cuando el Gobierno aplasta con todo el peso del Estado a organizaciones infinitamente menos poderosas, a las que tendría que resguardar y no intentar eliminar. Una muestra de desmesura de poder es mantener suspendidas a tres organizaciones que se dedican desde hace décadas a la defensa de los derechos de los consumidores, como lo son Consumidores Libres, la Unión de Consumidores de la Argentina y Adecua. Esta medida extrema se origina a partir de una cuestionada resolución de la Secretaría de Comercio que habilita al propio organismo a suspender del registro de entidades a aquellas organizaciones que deben controlar las políticas públicas que de allí emanan y encontrar apoyo frente a sus denuncias en defensa de los consumidores. Esta acción, al impedir que las entidades sociales continúen percibiendo el subsidio para financiarse que distribuye la Secretaría, fundamental dada la cantidad de restricciones que tienen para recibir fondos privados para prevenir conflictos de intereses, hace que, por ejemplo, Consumidores Libres, que ya lleva más de un año suspendida, esté considerando dejar de funcionar por falta de recursos. Un gobierno que abusa de su poder para cerrar organizaciones sociales es un gobierno que obstaculiza el desarrollo de una auténtica democracia.

Hay sobredosis de cinismo cuando desde la Cancillería se esparce por el mundo un relato que aleja a la cooperación internacional argumentando que la Argentina es un país que no necesita apoyo de otras naciones. A ello se suman medidas que irritan y enojan a otros países, quienes por castigar al gobierno nacional terminan desfinanciando a la sociedad civil, como sucede con el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). Este organismo, dependiente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha dejado de aprobar, desde hace más de un año y medio, donaciones a entidades de nuestro país. El Gobierno se relame de premeditado cinismo, pues de esta manera desfinancia la agenda que apoya la cooperación internacional, centrada en los derechos humanos, la transparencia, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la institucionalidad.

El Gobierno promueve el terror entre los militantes sociales haciendo espionaje interno, infiltrando a miembros de los organismos de seguridad para obtener información sobre los movimientos sociales, o recabando información de manera poco clara y con objetivos bien oscuros, como con el denominado Proyecto X, que reúne datos de dirigentes sociales en una base administrada por Gendarmería Nacional. Puede que los gobiernos que siembran terrorismo paralicen durante un tiempo a unos pocos, pero en el largo plazo cosechan a su pesar sociedades preparadas para defender su libertad y ejercitar a pleno sus derechos.

Hay invasión al sistema republicano cuando desde el Poder Ejecutivo se limitan las facultades del Congreso y se intenta restringir las capacidades de control de la Justicia. Atentar contra la dinámica de la República no sólo debilita la división de poderes, sino que multiplica la incapacidad de la sociedad civil para poner freno a los abusos de poder del Gobierno, como se intentó con la ley que dispuso límites al alcance de las medidas cautelares frente a amparos contra el Estado. Invadir el sistema republicano es eliminar el esquema de pesos y contrapesos y convertir al propio Estado, que debería ser el garante del respeto pleno a los derechos, en el principal órgano que puede vulnerarlos.

Hay negación de libertad de expresión y denegación de acceso a la información pública cuando un gobierno avanza contra los medios de comunicación independientes. Y se termina por construir un monopolio de difamación cuando emplean a los medios de comunicación estatales para atacar a las organizaciones con informes amañados y mentiras, como sucedió cuando la televisión pública difundió un spot contra las ONG que se opusieron al paquete legislativo denominado "democratización de la Justicia", o cuando avanzaron desde Radio Nacional contra Fopea, una entidad que reúne a periodistas independientes de todo el país. Un gobierno que suprime la libertad de expresión y niega el acceso a la información pública somete a la sociedad civil a un exilio dentro de las propias fronteras.

La sociedad civil poco puede hacer frente al poder de un gobierno que la desfinancia espantando a la cooperación internacional, la chantajea para financiarla con recursos del Estado, la espía de manera ilegal, la infiltra de manera artera, intenta difamarla desde los medios de comunicación que maneja, la burocratiza y debilita desde marañas normativas que atentan contra su sustentabilidad, y busca eliminarla al arrogarse facultades para suspender a aquellas organizaciones que ponen en evidencia las mentiras del relato.

Frente a esta realidad, la sociedad civil debe hacer frente a una lógica de poder que premia a los obsecuentes y apremia a quienes no brindan apoyo incondicional. Corresponde seguir denunciando los atropellos cometidos por un gobierno que "va por todo" y que, al atacar a las organizaciones de la sociedad civil, parece que también va por todos..

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