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Editorial I

Pérdida de competitividad y réquiem para la inversión

Opinión

La ley de mercado de capitales y su reglamentación reflejan cómo el Gobierno puede contaminar toda iniciativa con objetivos mezquinos de corto alcance

El gobierno nacional desestima la importancia de una política económica global y atomiza la gestión en funcionarios que actúan en forma independiente, muchas veces contradictoria. Una muestra palmaria de la "balcanización" de la política económica es la reciente sanción de la ley de mercado de capitales y su decreto reglamentario, que semejan un plan de prevención de inundaciones en la Puna de Atacama, ya que en la Argentina casi no hay mercado de capitales y las pocas empresas cotizantes están "encerradas" en un corral del que muchos quieren salir y al que nadie quiere entrar.

Cuando el público deposita fondos en el sistema financiero, sólo elige a su banco y éste otorga los préstamos. En cambio, cuando el ahorrista invierte directamente en títulos, sin intermediación del sistema financiero, puede cometer serios errores por falta de información suficiente o por maniobras de las emisoras. Por ello, la regulación del mercado de capitales tiene por finalidad proteger a los inversores a través del acceso a la información, igualdad de trato y un correcto gobierno corporativo.

Hasta allí, la teoría. En la práctica, cuando los desajustes fiscales provocan alta inflación y la inflación impulsa desajustes cambiarios, la economía genera tensiones y desequilibrios. En ausencia de una política armónica, cada funcionario inventa un "parche", proliferan los controles, las distorsiones, los exabruptos, las aclaraciones y las arbitrariedades que impulsan la fuga de capitales. Y sin capitales, no hay ningún mercado para regular ni inversores para proteger.

La fuga se acelera cuando los inversores advierten que en la Argentina todos los instrumentos de política económica se encuentran distorsionados por la política partidaria. Es decir, son diseñados y utilizados en función de un plan de acumulación de poder y no para crear bases sustentables para conciliar crecimiento y equidad, como los países donde no hay pobreza, como Australia y Canadá.

La Argentina no es un destino confiable para los fondos de inversión internacionales, al haber sido degradada de "mercado emergente" a "mercado de frontera" como Zimbabwe y Bangladesh. Quizás esto sea otro logro de nuestra política exterior, pues no hemos hecho más que estrechar filas con Irán, Vietnam, Angola, Venezuela o Ecuador.

Un mercado de capitales para ser llamado tal debe tener tamaño, profundidad y liquidez. El valor total de las compañías que cotizan en Bolsa en la Argentina es declinante y equivalente al 7% del PBI. En Chile, equivale al 112%; en Colombia, al 66%; en Brasil, al 55%; en Perú, al 46%, y en México, al 40%. El ahorro de los argentinos se convierte en dólares, en ladrillos, en autos o electrodomésticos. Sólo la Anses y las compañías de seguros suscriben las emisiones de deuda de algunas empresas que se fondean en ese pequeño mercado. Y las aseguradoras no pondrían ni un peso si no hubieran sido obligadas a repatriar sus activos del exterior.

Todos los galardones académicos que la nueva ley pudiese haber merecido fueron desvirtuados por la introducción en su texto de artículos completamente ajenos a la armonía del proyecto original que respondió, de manera perfecta, a la recordada fábula del alacrán y la rana. El kirchnerismo no puede con su naturaleza y debió, a último momento, clavar su cola emponzoñada arruinando la calidad de su propia creación.

El famoso artículo 20 de la ley fue introducido a instancias del diputado Roberto Feletti, con el propósito político de usar a la Comisión Nacional de Valores (CNV) como otro ariete contra el grupo Clarín y la empresa Papel Prensa, que cotizan en Bolsa. Evidentemente, el Frente para la Victoria no hizo ninguna evaluación del impacto de estos cambios sobre el flujo de inversiones a la Argentina, sobre el mercado de capitales y sobre la necesidad de aumentar la competitividad de las empresas para evitar un ajuste devaluatorio. Sólo le interesó actuar conforme a su cruda vocación de poder y sus miopes intereses de corto plazo.

Cabe recordar que el citado artículo confiere a la CNV la autoridad para vetar decisiones societarias (a través de veedores) o de separar a los órganos de administración, a instancias de algún accionista minoritario. Debe leerse conforme a la hermenéutica kirchnerista y en función de su relato. Pues el propio Gobierno, a través de la Anses, participa en el capital social de numerosas empresas que cotizan en Bolsa, como resultado de la apropiación de los ahorros que otrora administraban las AFJP. En aquel entonces, las administradoras tenían un límite a su derecho de voto, que fue eliminado por decreto luego de aquella confiscación. Ese solo hecho demostraba el deseo del kirchnerismo por participar en el control de esas sociedades. A su vez, el decreto reglamentario de la ley de mercado de capitales ha profundizado esas facultades, previendo que la CNV, además de asistir a las reuniones de directorio, podrá hacerlo a las asambleas de accionistas. El proceso que se establece para hacer efectivas estas nuevas atribuciones resulta arbitrario respecto del que se cumple normalmente en el ámbito de otras actividades reguladas como la bancaria financiera, donde se establecen factores objetivos en las entidades objeto de regulación, defensa de los sumariados previa a las sanciones e intervención de la justicia para los casos de intervenciones con desplazamiento de autoridades.

Tampoco será necesario recurrir a la Anses, pues cualquier amigo del Gobierno podrá comprar acciones de las empresas que éste ponga en la mira y configurar el "accionista minoritario" que la CNV necesite para lucir su nuevo herramental regulatorio.

La ley incluye también varias disposiciones que reflejan el "doble comando" que inspiró la redacción de la norma: el técnico y el político. Mientras los especialistas consultaban el derecho comparado y las recomendaciones de los foros internacionales, los estrategas de la permanente confrontación oficialista infiltraron artículos que les otorgasen las facultades necesarias para tomar el control de empresas y evitar la intromisión del Poder Judicial en sus decisiones. En efecto, además de lo dispuesto en el artículo 20, se otorga a la CNV la facultad de solicitar a la Justicia órdenes de allanamiento, que serán libradas sin dar derecho alguno a la parte afectada. No hay traslado previo ni facultad para recurrirlas o detenerlas, pudiendo sólo el afectado reclamar "ex post" daños y perjuicios. En la práctica, esta norma inconstitucional intenta convertir a la Justicia en una convidada de piedra. Para redondear el mecanismo, como la justicia ordinaria no ha demostrado sumisión al kirchnerismo, todos los temas vinculados al mercado de capitales no serán de su competencia.

Estas medidas en su conjunto claramente contribuyen al debilitamiento de las estructuras de gobierno de las organizaciones privadas, aportando volatilidad e incertidumbre a sus órganos de administración (directorios y consejos de administración) y de control (comité de Auditoría y auditores externos).

Si el propósito de toda esta construcción normativa ha sido la intervención del Grupo Clarín y de Papel Prensa, lo que verdaderamente se ha logrado es crear un nuevo factor de inseguridad jurídica y más desaliento al crecimiento del mercado de capitales.

Cabría preguntarse, de todas formas, si para el gobierno nacional tiene sentido hablar de inversión privada, mercado de capitales, confianza y estabilidad de las reglas de juego cuando el propio viceministro de Economía, Axel Kicillof, sostuvo tiempo atrás en el Senado de la Nación que seguridad jurídica y clima de negocios son "palabras horribles" para el modelo de desarrollo productivo con inclusión social..

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