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Crece en Córdoba el escándalo de narcos y policías

En la jefatura hallaron armas con la numeración limada y estupefacientes; De la Sota, en silencio

Viernes 13 de septiembre de 2013
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LA NACION

CÓRDOBA.- El fiscal federal Enrique Senestrari afirmó que durante el allanamiento de la Jefatura de Policía se encontraron armas con sus números limados y cantidades de estupefacientes sin clasificar.

"Había estupefacientes en la Dirección de Drogas en condiciones absolutamente ilegales, lo que permite suponer que las tenían para cargárselas a personas que quisieran comprometer. Inclusive, en uno de los móviles policiales, había estupefacientes y sustancias de corte", indicó Senestrari a la prensa.

En tanto, el gobierno de José Manuel de la Sota tomó distancia del ataque del bloque de legisladores oficialistas contra el Senestrari, que encarceló al jefe de drogas y otros cuatro policías por presuntos vínculos con el narcotráfico, después de allanar sus domicilios y la jefatura central de policía.

"Oportunamente hablaremos de la cuestión. No hay que hablar por los medios antes de los hechos. Vamos a dejar que actúe la Justicia", expresó el jefe de Gabinete, Oscar González, quien desestimó las eventuales renuncias del ministro de Seguridad y del jefe de policía reclamados desde la oposición. "Nunca hemos dicho nada que ponga en tela de juicio la continuidad del ministro de Seguridad", aseguró.

Sobre los procedimientos que ordenó el fiscal Senestrari, González manifestó: "Hay cosas que son sugestivas: fiscales que hablan con los medios antes de producirse los hechos. Ayer (por el miércoles) se anunció que se había incautado droga no declarada, droga que está bajo custodia para entrenamiento de los perros, y esto se dio a la prensa como si fuera un hecho anormal".

Sobre la fuerte reacción del jefe del bloque de la coalición oficialista Unión por Córdoba, Sergio Busso, quien respaldó a la policía y acusó a Senestrari de ser "funcional al gobierno nacional y al narcotráfico", y de promover una "burda operación política" para perjudicar al gobierno de Córdoba, el jefe de gabinete se limitó a señalar que "es una opinión política de los legisladores y hay que respetarla".

González hizo breves declaraciones en la Casa de Gobierno, durante un acto en el que De la Sota anunció la asistencia a damnificados por los incendios. El mandatario eludió el contacto con la prensa.

El fiscal Senestrari también reveló que en las dependencias del jefe de drogas, comisario Rafael Sosa, "tenían armas con numeración limada que no estaban en una habitación de secuestro con el acta correspondiente, sino tiradas en las oficinas".

El fiscal ordenó los allanamientos y las detenciones de los cinco policías, como parte de la investigación que la justicia federal abrió a partir de las revelaciones del informante o agente encubierto ilegal Juan "el Francés" Viarnes, quien acusó a los policías de realizar procedimientos ilegales, de quedar con efectos de los procedimientos y de connivencia con narcotraficantes.

Viarnes, luego de haber actuado como "buchón" de los policías antinarcóticos, fue detenido con dólares falsos y por eso, al declarar ante el juez federal Ricardo Bustos Fierro, dejó al descubierto las presuntas acciones ilegales de los policías.

Ante ello, el juez encomendó la investigación correspondiente a Senestrari, quien tomó el caso hace casi dos meses, pero bajo absoluta reserva. Sin embargo, semanas atrás, Viarnes hizo públicas sus revelaciones a través de un programa periodístico de Canal 10 y entonces estalló el escándalo.

La investigación judicial avanzó y el jefe de Lucha contra el Narcotráfico, Rafael Sosa, y otros subalternos pidieron licencia hasta que se aclaren las cosas. La situación se complicó cuando se ordenaron las detenciones de Sosa, del comisario Alfredo Saine; los oficiales Franco Argüello, Fabián Peralta Dáttoli y Mario Osorio, como imputados de numerosas irregularidades. Además, se allanaron sus domicilios y las oficinas de drogas en la jefatura.

Los cinco policías se presentaron con sus abogados, cerca de la medianoche de ese día en los tribunales federales, donde quedaron detenidos, como imputados de los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideo­lógica.

El abogado del comisario Sosa, Facundo Pérez Lloveras, acusó al fiscal Senestrari de perder "toda objetividad en la causa".

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