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Un país sin beneficio de inventario

Opinión

El lunes pasado, la presidenta Cristina Kirchner inauguró una nueva categoría en la ciencia política: los gobiernos con y sin beneficio de inventario.

Para defender los logros de su gestión, una vez más, aludió a la complicada situación en la que se encontraba el país en 2003, cuando comenzó el ciclo kirchnerista.

"El nuestro es un gobierno sin beneficio de inventario", dijo, y de inmediato duplicó: "Nos hacemos cargo de todo, de lo que no hicieron otros y de lo que hicimos nosotros; nos hacemos cargo de Argentina sin beneficio de inventario y lo vamos a seguir haciendo".

En la esencia de un gobierno, sobre todo de origen democrático, está la obligación de asumir la herencia del anterior y, de acuerdo con su estrategia, corregir el rumbo, mantenerlo o, como le encanta repetir al kirchnerismo, profundizarlo.

De otro modo, habría que creer que la Presidenta razona como una ejecutiva del sector privado, donde es habitual que un empresario pueda pedir una auditoría antes de decidir si se hace cargo de una compañía y, eventualmente, no aceptar determinados pasivos previos.

Por otro lado, si se aceptara como válido el criterio de la Presidenta, tampoco parece lógico el reclamo en este caso. Porque ella heredó el gobierno de cuatro años de su esposo, quien, a su vez, fue designado candidato presidencial a dedo por Eduardo Duhalde, luego de que Carlos Reutemann se negara a aceptar la postulación para las elecciones de 2003.

Fue justamente el gobierno interino de Duhalde el encargado de enfrentar -luego de haber acelerado la ruptura institucional de 2001- las consecuencias de un régimen de convertibilidad agotado desde 1998, que nunca (ni siquiera en 2002) fue cuestionado por los Kirchner.

De hecho, Néstor Kirchner rechazó ser el primer jefe de Gabinete de Duhalde porque se oponía al fin de la convertibilidad, que, en los hechos, ya había desaparecido por la recesión, el atraso cambiario, el corralito y el default.

Y en 2015, si se confirmara la tendencia de las recientes elecciones primarias, otro presidente democrático asumirá el gobierno sin el beneficio de inventario. Como lo hicieron -más allá de las profundas equivocaciones que cometieron posteriormente- Alfonsín, cuando se hizo cargo de la dramática situación del país luego de la dictadura; Menem, en medio de la hiperinflación, y De la Rúa, al borde de una crisis casi inevitable.

También la próxima administración democrática seguramente deberá lidiar con todos los problemas no resueltos en materia socioeconómica desde 2003: entre otros, el gran nivel de empleo en negro (superior al 30%); la inflación; la falta de confianza de la ciudadanía en su moneda; el efecto de más de siete años de estadísticas públicas distorsionadas; la falta de inversión y de crédito de largo plazo; el default con los acreedores externos e internos acumulado desde 2001; los incumplimientos a los jubilados con sentencia firme en contra de la Anses, y el fuerte aumento de la presión tributaria, hasta alcanzar un nivel récord, sin que se reflejara en una mejor prestación de los servicios públicos básicos.

Cuando De la Rúa intentó explicar las razones del fracaso de su gobierno, entre otros motivos, destacó que Menem lo había engañado con el tamaño del déficit fiscal que le dejaba en sus manos. En cambio, la presidenta Cristina Kirchner no parece una persona fácil de engañar y, por lo tanto, no parecen existir excusas para no asumir parte del propio inventario generado por el kirchnerismo, que tuvo importantes logros en sus primeros tres años de gestión, pero que luego no supo, no pudo o no quiso consolidar el camino para superar en forma definitiva las huellas de la grave crisis de 1998-2001.

© LA NACION.

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