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Piden seis años y medio de prisión para Fernando de la Rúa

Política

La Oficina Anticorrupción considera que el ex presidente instigó el pago de sobornos a senadores para que se apruebe la ley de reforma laboral en el año 2000

La Oficina Anticorrupción (OA) acusó esta tarde al ex presidente Fernando De la Rúa de haber instigado el pago de sobornos a senadores para que aprueben en abril de 2000 la ley de reforma laboral, y pidió que sea condenado a seis años y seis meses de prisión por los delitos de peculado y cohecho activo agravado.

La misma pena solicitó para el ex titular de la ex SIDE Fernando de Santibañes, por "haber facilitado los fondos de su organismo para pagar los sobornos" y requirió cinco años y seis meses y al pago de una multa de 90.000 pesos para los ex senadores peronistas Augusto Alasino, Alberto Tell y Remo Constanzo "por haber cobrado las coimas".

En caso de que el Tribunal Oral Federal 3 condene por esas penas los acusados deberán ir presos una vez que la sentencia quede firme ya que se trata de penas de cumplimiento efectivo.

La OA también pidió para el arrepentido Mario Pontaquarto un año de prisión al considerar como un atenuante su confesión y que tenga una pena única de tres años de cumplimiento en suspenso por una condena anterior.

En tanto, el organismo pidió la absolución del ex ministro de Trabajo de la Alianza Alberto Flamarique y del ex senador del PJ Ricardo Branda.

"De la Rúa dio el aval político, el único que podía hacerlo, para el pago de los sobornos", sostuvo José Ipohorski, abogado de la OA que actúa como querellante en el juicio, al acusar al ex presidente ante el Tribunal Oral Federal 3. "Por su relación con Genoud terminó dando el visto bueno a las otras cosas que pedían los senadores, que se concretó a través de su amigo de Santibañes", agregó el abogado.

La OA tomó por creíble la confesión de Pontaquarto que dijo que en una reunión en Casa de Gobierno José Genoud, entonces jefe del bloque de la UCR que estaba acusado en esta causa y que se suicido en 2008, dijo que el PJ pedía "otras cosas" para aprobar la ley a lo que De la Rúa respondió "eso arreglen con de Santibañes".

"El presidente en vez de denunciar los abuso del bloque del PJ terminó pactando con ellos", consideró Ipohorski.

La OA acusó así a De la Rúa como "instigador" del pago de sobornos y consideró como agravante para pedir la pena que el entonces presidente tenía "el rol de máxima jerarquía del Estado". Como atenuantes tuvo en cuenta la falta de antecedentes de De la Rúa y la crisis económica que atravesaba su Gobierno ante los planteos que recibía de organismos internacionales.

La OA acusó a de Santibañes por los mismos delitos en calidad de autor y además solicitó que junto con Juan José Galea, entonces a cargo de la administración de las finanzas de la SIDE, sean investigados en una nueva causa por falsear actas del organismo para intentar justificar el retiro de los cinco millones de pesos para pagar sobornos.

Las valijas

Pontaquarto dijo que retiró de ese organismo dos valijas con cinco millones de pesos y que había estado en el despacho de de Santibañes para pactar el retiro del dinero.

La OA también pidió que De la Rúa y de Santibañes no ocupen nunca más cargos públicos.

Para Alasino, Tell y Constanzo, tres senadores de peso del bloque del PJ en el Senado, el primero su presidente, la OA los acusó de cohecho pasivo (cobrar coimas) y encubrimiento.

Los ubicó a través de sus celulares en el departamento del también senador Emilio Cantarero -afuera del juicio por su estado de salud-, en el barrio de Recoleta, donde Pontaquarto dijo que llevó la plata de los sobornos.

"No le creemos a Tell, a Constanzo, ni a Alasino. Hicieron descargos mendaces", sostuvo la OA y puso como ejemplo que Constanzo dijo que su celular lo ubica en la zona de la casa de Cantarero porque estaba en el bar "La Viela" pero el organismo consideró que los testigos que acreditaron esa situación mentían.

Sobre Pontaquarto, la OA sostuvo que era un testimonio creíble, que se transformó en un colaborar de la Justicia, pero que no dejaba de ser un "corrupto", por lo que en base a su confesión pidió que sea condenado a un año de prisión como partícipe necesario del delito de cohecho agravado.

Sin embargo, reclamó una pena única de tres años de prisión por una condena previa por haberse quedado con viáticos del Senado pero que de todas formas, si se confirma, no irá a prisión.

Por última, la OA pidió la absolución de Flamarique, acusado de formar parte del pago de sobornos, y de Branda, otro de los ex senadores sindicados como cobrador..

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