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Cancillería

Los expedientes del funcionario racista siguen paralizados

Política

En una tácita admisión de la red de protección que en la cúpula de la Cancillería rodeó al funcionario Hugo Merlo, acusado de racista, las denuncias en su contra y de sus colaboradores se reactivaron sólo horas después de que LA NACION expusiera los presuntos delitos e irregularidades que protagonizaron durante más de un año.

El despertar de esas denuncias, sin embargo, es sólo parcial. Por lo menos un expediente administrativo continúa paralizado en la Secretaría de Cooperación Internacional (Secin) de la Cancillería, que controla Paula Verónica Ferraris, la pareja del funcionario que ya fue removido, según consta en las "hojas de ruta" de las actuaciones que obtuvo LA NACION.

Esa decisión contrasta con las reacciones que trascendieron desde la Cancillería durante los días que siguieron a las revelaciones periodísticas. Primero se informó que Merlo había presentado su renuncia y que el canciller Héctor Timerman pidió "disculpas en relación con las situaciones denunciadas" desde hace más de un año por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) por "maltrato laboral".

Ferraris, incluso, habría presentado su renuncia ante Timerman, quien no la aceptó, por lo menos por ahora, según trascendió en el Palacio San Martín, a la espera de las conclusiones de los sumarios administrativos que ordenó abrir para deslindar responsabilidades.

Los movimientos en la Cancillería de los expedientes en los que se acumularon las denuncias, desde mediados de 2012, pueden aportar luz para determinar cómo actuaron esos funcionarios, según reconstruyó LA NACION.

Así, por ejemplo, el lunes 9 de este mes, un día después del primer artículo periodístico y la renuncia de Merlo, su pareja Ferraris reactivó el expediente EXPE-MRE:0050193/2012, caratulado como "Daño a la propiedad e ingreso indebido", tras mantenerlo bajo su órbita directa, sin movimiento alguno, durante los anteriores ocho meses y medio.

Ese expediente se había iniciado el 15 de noviembre de 2012, cuando la Unidad de Coordinación de Seguridad (UCSeg) de la Cancillería denunció a Merlo y a varios de sus acólitos por ingresar en un sector restringido donde había documentación sensible y causaron diversos daños a la propiedad.

De esas actuaciones, surge que Merlo ordenó que le abrieran el archivo de la UCSeg, tras afirmar que era "la autoridad competente para impartir ese tipo de órdenes". Y ante la negativa, violentó la puerta de acceso, cambió su cerradura y se quedó con la nueva llave del área donde se resguarda "material clasificado" y "datos sensibles" sobre el personal, "procedimientos sobre medidas de seguridad", "equipamiento tecnológico" y hasta los insumos para hacer credenciales de la Cancillería.

Video: El video que capta al ex director Hugo Merlo en una situación sospechosa

Tras demorarse seis semanas en la Dirección General de Infraestructura, el expediente con la denuncia pasó el 27 de diciembre pasado, a las 9.31 de la mañana, a la Secretaría de Cooperación Internacional. Es decir, quedó en manos de Ferraris. Allí quedó hasta las 19.17 del lunes 9 de este mes, cuando devolvieron a las actuaciones a la UCSeg y de allí pasó, dos días después, al área donde debió recalar desde el inicio: la Dirección de Sumarios de la Cancillería.

Silencio y cajoneo

Para entonces, Timerman ya se encontraba al tanto de la actuación de Merlo desde hacía semanas, cuando su jefe de Gabinete escuchó los reclamos gremiales, junto a la propia Ferraris, quien arribó al Palacio San Martín tras su paso como coordinadora general de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFIS) del Ministerio de Salud.

Conocida por su contracción al trabajo, Ferraris cuenta con el apoyo del secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Juan Carlos Pezoa, aun cuando dejó recuerdos de destratos, favoritismos y contrataciones singulares entre algunos de los empleados de la UFIS.

Peor suerte, en tanto, corrió otro expediente que inició el área de Seguridad de la Cancillería contra, entre otros, Merlo, el director general de Infraestructura de Cancillería, Ángel Cammilleri, y Héctor Bogado, el funcionario que mintió al declarar que había cursado el bachillerato en una escuela de Lanús que jamás pisó.

Registrado como el EXPE-MRE:0050300/2012, allí se denuncia que los funcionarios que responden a Ferraris retiraron bolsas de documentación sensible -parte ya triturada en pequeñas tiras-, la propia máquina trituradora y otros materiales, sin tener facultades sobre esa área.

Iniciado el 16 de noviembre de 2012, el expediente debió pasar por la Dirección General de Infraestructura. Es decir, por las manos de uno de los protagonistas del incidente. Sólo tres semanas después se derivó, también, a Ferraris en la Secretaría de Cooperación, donde continúa sin movimientos desde las 17.55 del 7 de diciembre del año pasado.

Las disculpas de Timerman

El 11 de este mes, el canciller Héctor Timerman se reunió con los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Allí abordaron el escándalo que rodeaba al funcionario saliente, Hugo Merlo. El informe resultante es elocuente: "Durante la reunión, el canciller expresó sus disculpas en relación a las situaciones denunciadas por este gremio sobre maltrato laboral y, a su vez, instó a que aquellos trabajadores que puedan sentirse bajo una situación de maltrato laboral, la denuncien". En ATE agradecieron "la buena voluntad y predisposición" de Timerman, sin remarcar que el canciller ya había sido informado sobre la actuación de Merlo, aunque criticaron la "exposición pública" del caso.

Pruebas contra Merlo

Expedientes sobre daños a la propiedad y apoderamiento

 

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