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Sólo cuatro provincias atacan el narcomenudeo

Son Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y La Rioja; ante la violencia creciente, se sumaría Santa Fe

LA NACION
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Daniel Gallo
Domingo 03 de noviembre de 2013
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Frente al avance de la comercialización interna de drogas y la creciente violencia asociada con ese delito, las provincias debaten la aceptación de una ley que es ignorada desde 2005. Ese año, el Congreso aprobó una norma que permite a las policías y justicias locales combatir el narcomenudeo .

Esa transferencia de responsabilidad debía ser aceptada mediante una adhesión refrendada por las legislaturas provinciales. Sin embargo, en la mayoría de las provincias la norma ni siquiera fue tratada. Ocho años después, sólo están adheridas Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja. Ahora, Salta y Santa Fe evalúan apelar a esa ley para tratar de frenar la venta minorista de droga y la violencia instaladas en sus calles.

La ley 26.052, que dejaba abierta la posibilidad a las provincias de sumar esfuerzos en la lucha contra las drogas, fue pensada por los impulsores de la norma especialmente para la provincia de Buenos Aires. Cuando fue elevada se evaluó, además, provincializar el combate contra el narcotráfico.

Secuestro de 400 kg de marihuana en Obispo Trejo, Córdoba, la primera provincia en adherirse a la ley 26.052
Secuestro de 400 kg de marihuana en Obispo Trejo, Córdoba, la primera provincia en adherirse a la ley 26.052. Foto: Archivo

La gobernación bonaerense la aceptó casi de inmediato. En el resto de las provincias se hizo fuerte la idea de que el narcotráfico debía ser reprimido sólo con fuerzas federales y justicia federal.

Entre Ríos se sumó al proyecto en 2007 y La Rioja en 2009, pero en la práctica no se avanzó demasiado en esas provincias.

La idea de que la Argentina era un país de tránsito de la droga chocaba con las advertencias contrarias de todos los especialistas, tanto de funcionarios como de fuerzas de seguridad, y de quienes evaluaban en oficinas oficiales el ritmo creciente del consumo local. Ante la aceptación colectiva de un nuevo escenario -que hace ocho años ya era vislumbrado- y el reclamo de sus sociedades, las provincias empezaron a asimilar la necesidad de su participación.

Córdoba fue la primera provincia en sumarse a la nueva etapa, en junio de 2012. El narcomenudeo quedó así bajo órbita de la justicia provincial y creó el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, con un juzgado y tres fiscalías.

Ese avance cordobés quedó golpeado este año por un escándalo de corrupción de su unidad policial antidrogas, que llevó al arresto de varios comisarios y agentes por la sospecha de armado de causas y connivencia con grupos narco.

Las fuerzas provinciales pueden actuar frente al narcotráfico, más allá de la adhesión a esta ley, cuando están frente a un delito in fraganti , aunque la causa será luego derivada a la justicia federal, donde incluso debería presentarse el ciudadano que quiera denunciar un precario puesto de venta de droga en su barrio. Eso lleva al colapso de los juzgados federales -tal como relatan sus propios integrantes- que deben elegir entre las líneas de investigaciones mayores hacia cargamentos importantes o atender la comercialización minorista.

Los juzgados federales de Salta dieron numerosos avisos sobre su saturación en causas de narcotráfico. La provincia reaccionó este año y aprobó la adhesión a la ley 26.052, que entrará en vigor el 1° de enero próximo. El director de la Agencia Provincial Antidroga, Néstor Ruiz de los Llanos, informó que no se creará allí un fuero especial, sino que se sumará a la investigación de microtráfico a los jueces penales y 18 fiscales y 10 fiscales delegados para auxiliar a la desbordada justicia federal.

Uno de los motivos que llevaron a las provincias a dejar de lado la ley 26.052 fue la falta de recursos para absorber nuevas misiones. La norma establece que el Estado nacional debe transferir una asistencia financiera, pero eso no se cumple ni siquiera en el caso de Buenos Aires.

El gobierno nacional promovió esa iniciativa de desfederalizar la lucha contra las drogas en 2005 como respuesta a una demanda social, pero rápidamente la abandonó en la práctica.

En estos días, el ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, recorre las provincias en busca de la firma de mandatarios a un Programa Federal de Colaboración y Asistencia en Seguridad, propuesto en agosto pasado por el decreto 1177.

Por el momento no se conocen efectos concretos de ese plan, más allá de la búsqueda en capacitar a las policías provinciales "en el desarrollo de sistemas de información" sobre delitos complejos como el narcotráfico. La creación de una agencia federal de investigaciones -que el kirchnerismo impulsó y desechó en varios momentos de esta década de gobierno- figura entre las propuestas de la oposición.

En Santa Fe, el Senado local ya aprobó la adhesión a la ley. En esa provincia se da una real batalla de narcos minoristas en sus calles, en especial en Rosario. En esa ciudad, donde el gobernador Antonio Bonfatti fue víctima de un ataque a tiros sobre su casa, hay abiertas en la justicia federal unas 100 investigaciones sobre narcotráfico, pero muy pocos agentes disponibles para seguir los rastros. Esa situación se repite en todo el país, donde en la actualidad hay más de 2000 causas federales sobre redes narco que saturan al personal asignado.

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