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Editorial I

Narcotráfico: la Argentina, en peligro

Opinión

Puede calificarse de suicida la falta de reacción de las autoridades nacionales y provinciales ante el incesante avance de la droga

El ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño, Guillermo Montenegro, pronunció una revelación contundente con respecto al narcotráfico y la violencia asociada con el comercio de drogas ilegales: "Hoy no tenemos un problema, tenemos una guerra ". Lo dicho es categórico y debería obrar como un llamado de alarma que alcance a quienes no quieren oír o procuran permanecer ajenos a una invasión creciente que intoxica y enferma de muerte a nuestra sociedad.

Pocos días después de que Montenegro se expidiera en esos términos en un seminario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo sobre "Narcotráfico y sociedad, la Argentina en peligro", un importante documento de la Conferencia Episcopal Argentina también subrayó la gravedad del problema. Tras clausurar la 106° Asamblea Plenaria, los obispos se ocuparon de este drama y afirmaron: "Escuchamos decir con frecuencia que a esta situación de desborde se ha llegado con la complicidad y la corrupción de algunos dirigentes. La sociedad a menudo sospecha que miembros de fuerzas de seguridad, funcionarios de la Justicia y políticos colaboran con los grupos mafiosos".

Agregaron los obispos que la complejidad del tema es tal que sólo será abordado eficazmente por medio de amplios consensos sociales que deriven "en políticas públicas de corto, mediano y largo alcance. Pero perseguir el delito es tarea exclusiva e irrenunciable del Estado". Además, se refirieron a la preocupación existente "por la desprotección de nuestras fronteras" y porque la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) lleve tantos meses sin titular. En efecto, desde la renuncia del último, Rafael Bielsa, el 19 de marzo del corriente año, han transcurrido ya 237 días con este fundamental organismo acéfalo.

En nuestro país no cesa de avanzar el poder de quienes trafican con diversidad de estupefacientes y se han ido instalando en los mayores centros urbanos, de modo que nuestro territorio, lejos de ser lugar de mero tránsito, como lo fue en un pasado ya lejano, se ha convertido en los últimos lustros en centro de producción y consumo, con el riesgo de que se reiteren las cruentas consecuencias que hace tiempo padecen otras naciones de América latina.

Sin embargo, las autoridades nacionales parecen no querer advertir la gravedad de la situación, pues no hay genuinas políticas de Estado, la Sedronar continúa vacante como otra señal elocuente de la negación del problema y los funcionarios jamás mencionan el desusado incremento del narcotráfico como uno de los principales males de nuestra sociedad y del Estado, al que va infiltrando.

Tampoco parecen ocuparse las autoridades de varias provincias. En efecto, frente al avance de la comercialización interna de drogas y la creciente violencia asociada, las provincias debaten la aceptación de una ley que es ignorada desde 2005. Como informó este diario, ese año, el Congreso aprobó una norma que permite a las policías y justicias locales combatir el narcomenudeo. Esa transferencia de responsabilidad debía ser aceptada mediante una adhesión refrendada por las legislaturas provinciales.

Sin embargo, en la mayoría de las provincias la norma ni siquiera fue tratada. Ocho años después, sólo están adheridas Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja. Ahora, Salta y Santa Fe evalúan apelar a esa ley para tratar de frenar la venta minorista de droga y la violencia instaladas en sus calles. Las fuerzas provinciales pueden actuar frente al narcotráfico, más allá de la adhesión a esta norma, cuando están frente a un delito in fraganti, aunque la causa será luego derivada a la justicia federal, a la que incluso debería presentarse el ciudadano que quiera denunciar un precario puesto de venta de droga en su barrio. Eso lleva al colapso de los juzgados federales, que deben elegir entre las líneas de investigaciones mayores, como los cargamentos importantes, o atender la comercialización minorista.

Mientras tanto, el tiempo pasa y el narcotráfico crece entre nosotros. Es lamentable advertir que el potencial mercado de nuestra población joven o adulta para una diversidad de drogas ilegales ha traído a nuestro medio la presencia de peligrosas bandas de traficantes que han logrado incorporar su consumo a los hábitos de nuevos clientes sobre la base de una actividad delictiva sustentada en la amenaza y la compra de voluntades, ya sean funcionarios judiciales, políticos, policías, funcionarios o empleados estatales.

La guerra que mencionó el ministro Montenegro no es, pues, un fenómeno distante. Del Gobierno, la Justicia y el Congreso se espera que asuman sus respectivas misiones con inteligencia, eficacia y suma urgencia para proteger a nuestra sociedad. Nada sería más perjudicial en esta emergencia que no hacer lo que el deber señala. Si las autoridades no salen de su criminal letargo y reaccionan con presteza, la frase de Montenegro perderá toda entidad pues no habrá guerra alguna, sino algo mucho peor: el triunfo del narcotráfico sin que se lo haya combatido en serio..

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