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El déficit de derechos que impide superar la pobreza

PARA LA NACION
Viernes 31 de enero de 2014
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Hasta hace algunos años se consideraba a la pobreza como un fenómeno vinculado casi exclusivamente con un problema de escasez de recursos. Hoy, las causas de la pobreza se entienden como un déficit de derechos que genera la escasez de recursos.

Por supuesto que las leyes y los derechos que ellas amparan no son palabras mágicas que solucionan problemas. No obstante, el derecho, cuando está razonablemente bien diseñado, puede resultar un importante vehículo para cambios sociales.

¿Cómo podría el derecho ayudar a reducir la pobreza en la Argentina? Esta pregunta tiene infinidad de respuestas. Sin embargo, hay dos áreas de radical importancia, que probablemente no sean las primeras que aparecen en nuestro pensamiento: reformar el derecho comercial y el derecho civil.

Hay muchísimas personas atravesando situaciones de pobreza que sobreviven mediante actividades comerciales (pequeños comercios en barrios muy humildes, improvisados puestos de venta de fruta o verdura, talleres mecánicos o de confección de ropa, entre otras). Son personas con una capacidad muy limitada para participar en el mercado debido a la legislación vigente. Las leyes les impiden salir de la informalidad, acceder a créditos formales o insertarse en el mercado con alguna posibilidad de integrarse a él como lo hacen quienes han podido acceder al sistema formal.

Algo similar sucede con las viviendas. El derecho civil y su reglamentación están pensados para que sólo algunos sectores puedan construir dentro de la legalidad.

Son muchos los aspectos que hacen que las leyes civiles y comerciales sean excluyentes. Para tener una noción fácilmente comprensible, aun por quienes no son abogados, podemos pensar en los tiempos y los costos necesarios para poder participar en el mercado o para poder construir dentro de la legalidad. Para iniciar un negocio formal en la Argentina -o regularizar uno informal- hace falta la constitución de una sociedad y su inscripción (lo que conlleva la intervención obligatoria de un escribano público), a lo que luego se suman otra serie de pasos también costosos, engorrosos y largos. De acuerdo con la última edición del Índice de Facilidad para Hacer Negocios (2014), que elabora el Banco Mundial, para abrir un negocio en la Argentina hay que realizar 14 trámites, que llevados a cabo ininterrumpidamente ocuparán 25 días y que además tienen un costo equivalente al 19,9% del ingreso promedio per cápita del país y requieren un capital mínimo inicial equivalente al 5,7% también del ingreso per cápita.

El panorama en nuestro país es bastante peor en este sentido que en otras economías de la región: en Uruguay sólo se requieren 5 pasos para abrir un negocio; en México en 6 días se puede iniciar una actividad mercantil; el costo total del trámite en Chile equivale sólo al 0,7% del ingreso per cápita y en 12 países de América latina y 112 del mundo no hay capital mínimo exigido para iniciar un negocio.

A todas esas cifras deberíamos sumarles otras necesidades legales, como la de conseguir financiamiento, dar de alta a los empleados, registrar una marca comercial o superar los controles para la habilitación. Lamentablemente, en nuestro país también habría que agregar otro tipo de cargas que se vinculan con posibles requerimientos informales -cuando no ilegales-para el lanzamiento de una actividad comercial.

Algo aún más grave sucede con las gestiones necesarias para lograr un permiso de construcción en la ciudad de Buenos Aires, para lo que se requieren 24 trámites, que duran la friolera de 365 días y que obligan a una inversión de nada menos que el 234% del ingreso per cápita promedio del país. La lógica para los que tenemos la suerte de estar amparados por la ley es comprar un terreno, construir en él y luego mudarnos; sin embargo, como observó hace años el economista peruano Hernando de Soto, para la gran mayoría de la gente la lógica es inversa: primero se mudan, luego construyen (al margen de la ley) y finalmente -y con mucha suerte- algún lejano día serán propietarios del terreno.

Los planes de transferencias condicionadas (como la Asignación Universal por Hijo en nuestro país) se han implementado en más de treinta países como herramienta para reducir la pobreza. Estos planes funcionan como paliativos, que además, en muchos casos, permiten a algunos salir de la llamada "trampa de la pobreza". Sin embargo, las transferencias condicionadas no son suficientes para que la pobreza sea historia, hacen falta otros cambios -primordialmente vinculados con la generación de derechos- que permitan integrar a la sociedad en igualdad de condiciones a las personas de menores recursos. La pobreza sólo se erradicará cuando dejemos de pensar que los pobres deben conformarse con tener satisfechas sus necesidades básicas y no aspirar a más que eso.

Este tema no es novedoso, hace más de 30 años que se habla de cómo hacer que las leyes y los mercados funcionen también para los más pobres. Hoy este tipo de reformas están en el corazón de muchas iniciativas legislativas en América latina y en el resto del mundo. Sólo a través de derechos se erradicará la pobreza.

© LA NACION

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