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A confesión de parte, relevo de pruebas

LA NACION
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Fernando Laborda
Viernes 14 de marzo de 2014
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El nuevo escándalo que involucra al juez Norberto Oyarbide pone de manifiesto, por encima de cualquier otra cuestión, que en la Argentina el poder político puede frenar un proceso judicial. Las declaraciones del controvertido magistrado son elocuentes: admitió que decidió el cese de un allanamiento contra una cooperativa de crédito que él había dispuesto por supuesto lavado de dinero el 19 de diciembre último, ante la confianza que le merecía el subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Carlos Liuzzi. A confesión de parte, relevo de pruebas.

La oposición toda cuestionó la actitud del juez, que ayer fue denunciado ante la Justicia Federal por la UCR por prevaricato, fallo contrario a derecho y encubrimiento. Se sostuvo que, al enterarse de que aparentemente los policías que él había enviado para realizar el allanamiento en las oficinas de la mutual Propyme habían solicitado millonarias coimas, el juez, en lugar de suspender el procedimiento judicial, debió concurrir al lugar con otros efectivos policiales para continuar con el allanamiento. Sorprendió también que Oyarbide decidiera la suspensión de otra veintena de allanamientos previstos para esas horas.

Un primer interrogante es si, efectivamente, los policías exigieron el pago de suculentas coimas y si lo hicieron en nombre del juez y del secretario del juzgado, Carlos Leiva, quien desde entonces fue apartado por Oyarbide de causas de relevancia.

El segundo interrogante es de orden político. Puede sospecharse que Liuzzi no sólo le informó a Oyarbide que los policías enviados por el juez estaban reclamando coimas en su nombre, sino que también le habría sugerido al magistrado que suspendiera ese allanamiento y probablemente otros que estaban en vías de ejecución.

De ser esto así, Liuzzi podría ser acusado de incumplir el artículo 26 del Código de Ética de la Función Pública, según el cual "el funcionario público, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia, no debe obtener ni procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros". Más aún, se demostraría una vez más la nula independencia de algunos jueces frente a las demandas del poder político. Liuzzi es la mano derecha de Carlos Zannini, el hombre de mayor confianza de Cristina Kirchner en su gobierno.

Pero hay algo más: Liuzzi experimentó un llamativo enriquecimiento en su patrimonio personal, que pasó de 189.000 pesos en 2003 a 7,2 millones de pesos a fines de 2011. Fue denunciado por el abogado Ricardo Monner Sans y el caso llegó a los tribunales, pero el expediente fue archivado en diciembre de 2012 por la Justicia. ¿Quién fue el juez que tomó esta decisión? Curiosamente, el mismo que sobreseyó al matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito: el propio Oyarbide.

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