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La Justicia ordenó readecuar las nuevas tarifas del subte

El precio progresivo no garantiza equidad entre los usuarios, dijo una jueza

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LA NACION
Martes 18 de marzo de 2014
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Por considerar que el nuevo esquema tarifario del subte no respeta el principio constitucional de equidad entre los usuarios y que, además, contiene inconsistencias, la justicia porteña ordenó al gobierno de la ciudad que, en un plazo de cinco días hábiles, adopte las medidas para corregir los desequilibrios.

Mientras tanto, podrá mantener los valores y descuentos vigentes desde el viernes, cuando el precio del pasaje general aumentó de $ 3,50 a entre $ 4,50 (con SUBE) y $ 5 (sin SUBE).

Así lo decidió la jueza en lo contencioso administrativo porteño Elena Liberatori ante el recurso de amparo impulsado por el legislador local Alejandro Bodart (MST). Liberatori entendió que podría fijarse un precio de hasta $ 3,90 y que se podría eliminar el vencimiento mensual de los abonos. El procurador general de la ciudad, Julio Conte Grand, adelantó a LA NACION que apelará la resolución.

Bodart, en realidad, había pedido que la tarifa se retrotrajera a $ 3,50 porque no estaba "debidamente acreditada y fundamentada la razonabilidad de un nuevo aumento". La jueza entendió que aún no tiene suficientes elementos para expedirse al respecto, pero otorgó una "medida precautoria distinta de la solicitada".

Según Liberatori, el sistema tarifario aprobado por la resolución 1995/14 de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), la empresa estatal que administra la red de subtes, "presenta inconsistencias en desfavor de los usuarios".

Como se recordará, el esquema impulsado por Sbase favorece al pasajero frecuente. Prevé que los primeros 20 viajes cuesten $ 4,50 cada uno; a partir del número 21, $ 3,60; desde el 31, $ 3,15, y a partir del 41, $ 2,70.

Además, contempla una serie de abonos con precios fijos, de 30, 40 y 50 viajes. El de 30 sale $ 126 (valor individual, $ 4,2); el de 40, $ 157 (individual, $ 3,90), y el de 50, $ 184 (individual, $ 3,70). Pero tienen una validez de 30 días corridos a partir del primer uso.

Uno de los principales aspectos cuestionados por la jueza fue que los usuarios poco frecuentes (de 1 a 20 viajes), sobre quienes recae la tarifa plena de $ 4,50/$ 5, no tienen alternativa alguna de acceder al valor más bajo ($ 2,70) previsto, lo que los pone en desigualdad de condiciones con el resto de los pasajeros e, incluso, los "penaliza".

Esto, argumentó, no da cumplimiento al precepto constitucional de equidad entre los usuarios ni a la jurisprudencia que estableció que "el derecho de los usuarios a la tarifa más baja debe prevalecer por sobre el derecho del concesionario a obtener mayor ganancia".

Liberatori también consideró falaz el argumento oficial de que la tarifa escalonada beneficia a estudiantes y trabajadores. Opinó, curiosamente, que estos grupos viajan solamente de lunes a viernes, es decir que realizan 10 trayectos (cinco de ida y cinco de vuelta) por semana. Por eso, sostuvo, podrían superar los 40 viajes y alcanzar los máximos descuentos tres meses al año: julio, septiembre y octubre.

Finalmente, criticó el sistema de abonos. "Se advierte que las ventajas económicas son para el concesionario, porque el usuario prepaga el servicio, corre el riesgo de no utilizarlo y lo pierde, debiendo por añadidura ceñirse al ciclo de validez de 30 días a partir del primer uso del abono", señaló.

Luego, la magistrada propuso formas de paliar las inconsistencia, "a mero título de ejemplo": fijar una tarifa de hasta $ 3,90 para quienes viajen hasta 20 veces, eliminar el vencimiento de los abonos y buscar un modo para que todos los meses pueda correr el beneficio estipulado para más de 40 trayectos.

Ahora, la Ciudad tiene cinco días hábiles para aceptar la propuesta de Liberatori o presentar otra alternativa.

Por lo pronto, como se dijo, el procurador Conte Grand apelará la resolución. Según explicó, considera que la jueza debe primero decidir si el actor del amparo está legitimado (para la Ciudad no lo está). En segundo lugar, opina que existe una invasión del Poder Judicial sobre una facultad propia del Poder Ejecutivo, como es establecer tarifas.

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