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Adiós a las marcas

La venta ambulante de productos falsificados perjudica no sólo a los fabricantes genuinos sino también a los comerciantes honestos y al cliente

Martes 25 de marzo de 2014
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Hace muchos años que vendedores ambulantes venden en las calles productos con marcas falsificadas. Es decir, venden productos que no han sido fabricados por los titulares de las marcas ni con su autorización. Son lo que se conoce en la jerga diaria como productos truchos. Estos vendedores son dirigidos por organizaciones que les proveen la mercadería ilegítima y cuentan con una logística muy aceitada que incluye alertas ante la cercanía de autoridades policiales.

La mercadería vendida alcanza volúmenes impactantes que causan un gran daño a los titulares de las marcas, no sólo por lo que éstos podrían haber vendido, sino también por el daño a la imagen de dichas marcas que los productos de mala calidad y vendidos en las calles causan. Las otras grandes víctimas de esta competencia ilegal y desleal son los comerciantes. Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad (Fecoba), la venta ilegal en la vía pública es, junto con el aumento de los alquileres y el enfriamiento de la economía, una de las principales causas de que haya 1,3 locales comerciales vacíos por cuadra en la ciudad de Buenos Aires. Es que los comerciantes que actúan en la legalidad afrontan una serie de gastos -alquiler, impuestos, tasas, personal- de los que están exentos los vendedores ambulantes.

Algunos jueces, felizmente los menos, crearon una teoría muy particular y sin fundamento en la ley de marcas. Entendieron que quienes compraban esos productos sabían que lo que compraban no era original, no eran engañados y entonces no había delito ya que la ley de marcas protege al consumidor contra el engaño. Esta original teoría olvida que esa ley protege al titular de la marca contra usos que violen su derecho de propiedad y al derecho de exclusividad que conlleva.

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, tuvo la oportunidad de tratar la cuestión recientemente. Un fiscal apeló una sentencia absolutoria y Gils Carbó desistió el recurso con lo cual impidió que la Corte Suprema de Justicia se expidiera. Fundamentó su decisión con el mismo argumento de la falta de engaño. Al tratar el interés del titular de la marca afirma que "la minúscula venta al menudeo no era en absoluto capaz de comprometer a una compañía transnacional de la magnitud de la involucrada" (se trataba de Adidas). Con lo cual, de un plumazo eliminó el único interés que protege la ley de marcas, que es el del titular de la marca.

Esta saga se completa con el proyecto de reforma del Código Penal, en el que se despenaliza la venta de productos con marcas falsificadas o fraudulentamente imitadas. Sólo se penaliza al que falsifique o imite fraudulentamente la marca, a quien la use, la ponga en venta o la venda (entiéndase que es la marca) y al que organice, administre o promueva la comercialización de productos o servicios con esas marcas espurias. Pero no a quien venda el producto o el servicio con ellas.

En los fundamentos se basa la despenalización en que "se emplean en esas actividades a personas de sectores sociales vulnerables, que suelen ser las únicas en pasar por el sistema penal por estos delitos, en tanto que las controversias de considerable volumen se resuelven por la vía civil o por acuerdos entre particulares". Esto es falso, la experiencia judicial no muestra tal cosa.

Si se aplicara correctamente la ley y se castigara adecuadamente a los delincuentes que venden, los "organizadores" a los que hace referencia la norma verían muy dificultado su accionar ilícito. Otro error de magnitud se comete al creer que los únicos que venden productos con marcas en infracción son los vendedores ambulantes. Hay comercios de importancia que lo hacen, sin hablar de las "ferias" ubicadas en distintos puntos del país.

El otro fundamento consiste en que sancionar penalmente a quienes comercializan productos falsos no contribuye en modo alguno a tutelar los derechos de los titulares de las marcas o designaciones en cuestión, toda vez que quienes organizan y financian estos recintos de comercialización, que sospechosamente nunca o casi nunca son alcanzados por el sistema penal, cuentan con una importante reserva de trabajo a su disposición.

Es falso que esta despenalización no perjudica al titular de la marca. No requiere ningún gran análisis comprender que si se permite la circulación de productos con marcas en infracción, se viola su derecho exclusivo y se lo perjudica. Por otra parte, no se ve la relación en la falta de eficacia en perseguir a los "organizadores" del accionar ilícito con la despenalización de la venta. No es seria la argumentación.

En lo referido al tema de las marcas, este proyecto propone una despenalización sin antecedentes en el mundo. Constituye sin duda alguna un espaldarazo para los delincuentes y un estímulo para la venta de productos espurios.

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