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Malvinas, un mandato histórico y constitucional

Ernesto Sanz
Ernesto Sanz PARA LA NACION
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2 de abril de 2014  

L a crisis en el este de Europa, a raíz de la anexión de Crimea a la Federación Rusa, además de la preocupación que produce todo conflicto que pueda poner en riesgo la paz y la seguridad internacionales , puede generar condiciones favorables para la política exterior argentina en pos de reinstalar en el escenario mundial la cuestión de las islas Malvinas .

El avance extraordinario que significó la aprobación de la resolución 2065 en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1965 no pudo profundizarse por el golpe militar de 1966, aunque se conoció, hace poco, que en sus últimos meses de vida el presidente Juan Domingo Perón recibió una propuesta del gobierno británico para compartir la soberanía de las islas.

La última dictadura militar intentó utilizar el conflicto para perpetuarse en el poder, pero se perdió la guerra y colapsó la dictadura.

El gobierno del Raúl Alfonsín, al ordenar el enjuiciamiento de las Juntas de Comandantes, concitó la atención y el respeto de la comunidad internacional y obtuvo el respaldo de las democracias del mundo. En ese contexto de recuperación del prestigio internacional de la Argentina, se decidió regresar a la Asamblea General de las Naciones Unidas y fue así como se obtuvo, año tras año, un respaldo casi unánime de la comunidad internacional para que se cumpliese con el mandato de la resolución 2065/65, que dejaba totalmente aislado al Reino Unido.

El gobierno que lo sucedió decidió retirar el tema de la Asamblea, y desde aquel entonces los gobiernos se han limitado a llevar el tema al Comité de Descolonización, donde seguimos recibiendo el respaldo de la comunidad internacional pero con muy escasos efectos, lo que le facilita al gobierno británico continuar con su negativa a dialogar sobre la disputa de soberanía, mientras ocupa y explota las islas y el mar adyacente.

El punto central de los debates es, cuando se trata el tema en los foros internacionales, si debe aplicarse el principio de la integridad territorial o si es pertinente atender al principio de la autodeterminación de los pueblos.

La Argentina siempre ha sostenido que las islas Malvinas le pertenecen por derecho y por historia, y denuncia que el Reino Unido usurpó el dominio de las islas mediante un hecho de fuerza y, por lo tanto, el principio invocado es el respetar la integridad del territorio nacional.

El Reino Unido, a pesar de su pasado colonial y de que el principio de la autodeterminación fue la bandera que levantaron todos los pueblos de las naciones colonizadas contra el dominio inglés, invoca ese mismo principio en defensa de su interés en conservar las islas Malvinas bajo su tutela.

La crisis de Crimea pone en el centro de la atención mundial la discusión sobre qué principio debe prevalecer en este conflicto y demuestra, de modo incontrastable, que la disputa de soberanía no es una cuestión abstracta, como sostienen los británicos cuando se les reclama una negociación.

La historia de Crimea es parte de la historia del imperio ruso, y en ese territorio Rusia luchó contra Inglaterra, Francia y el imperio turco. Crimea formó parte de la República Soviética Rusa mientras existió la Unión Soviética, y durante esa Unión de Repúblicas Soviéticas se produjo la cesión de Moscú a Kiev.

Como puede verse, las circunstancias históricas y políticas que anteceden a la actual crisis de Crimea no pueden asimilarse con la posesión histórica de la Argentina de las islas Malvinas y la usurpación por la fuerza que realizó Inglaterra.

Nuestro país, actualmente miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debería coordinar con las demás naciones latinoamericanas una posición común que favorezca la paz y la seguridad internacionales.

Del mismo modo, estoy convencido de que la Argentina tiene que aprovechar esta discusión, sobre la prevalencia de un principio u otro, para reinstalar en el más alto nivel internacional -la Asamblea General de las Naciones Unidas- nuestro reclamo de que se cumpla con la resolución 2065 y que ambos gobiernos, el argentino y el británico, comiencen a negociar la disputa de soberanía y el futuro de las islas Malvinas.

Es necesario que cumplamos con el mandato histórico y constitucional de hacer todos los esfuerzos políticos y pacíficos para recuperar las islas Malvinas.

© LA NACION

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