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Reclaman el juicio político del juez federal Edmundo Carbone

Juicio político: el diputado Alfredo Bravo pidió el juzgamiento del juez Carbone. Hubo otras dos acciones judiciales contra la decisión de prohibir la emisión de "La última tentación de Cristo".

Viernes 20 de septiembre de 1996

El diputado nacional por el Frepaso, Alfredo Bravo, reclamó ayer el juicio político del juez federal Edmundo Carbone que prohibió la exhibición del film "La última tentación de Cristo", de Martin Scorsese, el martes último, pero el juez luego se declaró incompetente para entender en la causa. El pedido firmado por el legislador socialista fue acompañado por sus compañeros de bancada, Héctor Polino y Carlos Raimundi, y por las diputadas radicales Elisa Carrió y Elisa Carca.

Otras novedades salientes de la jornada fueron la presentación como tercero interesado en la causa del diputado radical Marcelo Stubrin, en su carácter de usuario de la televisión por cable, y el recurso de amparo contra la decisión del juez Carbone, realizada por un concejal del Frente Grande en Rosario.

En tanto, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía informó que proyectará la película hoy, a las 19, en la sede académica de Puan 470, como una forma de "rechazo a la censura".

Por su parte, el abogado del canal Space, Hugo Canessa expresó que "el juez dejó sin protección legal a la empresa, y olvidó un principio de derecho que sostiene que las medidas cautelares deben ser resueltas por los jueces que se declaren aún incompetentes".

El letrado indicó también que "el proceso puede extenderse en días o meses, con un grave perjuicio a la empresa y a los ciudadanos por mantenerse vigente un acto de censura previa".

Otro aspecto cuestionado por la emisora fue la falta de caución de los estudiantes que promovieron la prohibición del film por TV. "Los patrocinantes no han ofrecido ningún tipo de caución o contracautela por los eventuales daños que la medida pudiera ocasionar, requisito indispensable para la traba de una medida cautelar".

Más demandas

El legislador socialista fundamentó la solicitud de juzgamiento político al juez Carbone en "el mal desempeño de sus funciones" y se preguntó de inmediato: "¿Cómo puede un juez velar el cumplimiento de la Constitución Nacional, que él mismo viola cuando incurre en censura previa?" Puso énfasis en desvirtuar el argumento judicial que fundó la prohibición del film, en orden a que "el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano. Es una razón de un sectarismo y una incongruencia muy grande. La Constitución no dice que sea la religión del Estado, sino la que sostiene el gobierno".

Tras calificar al magistrado de "troglodita que viene de la derecha católica, más apegado a la moralina que a la verdadera moral", el legislador fustigó su "actitud poco ética de declararse incompetente y dejar vigente la medida de prohibición".

En tanto, el diputado Marcelo Stubrin madrugó para reclamarle al portero de su edificio la factura del cable, documento con el que acreditó su condición de tercero interesado para apelar en la causa iniciada por los estudiantes de la agrupación Santo Tomás Moro.

Como usuario de Cablevisión, Stubrin calificó a la prohibición judicial como "un acto jurisdiccional viciado de inconstitucionalidad manifiesta por violación del artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica.

"Sin perjuicio del respeto que pueda profesar por una determinada religión -dijo-, es evidente que, por encima de estos principios está el de libre circulación de las ideas y pensamientos y la absoluta prohibición de cualquier modo de censura previa.

"La justicia no debe sonar a venganza -dijo el legislador a La Nación- ; por eso estimo que la situación deberá resolverse en horas, no en meses." En cuanto al pedido de juicio político formulado por el diputado Bravo, Stubrin no se mostró muy de acuerdo, aunque admitió que está estudiando la posibilidad de suscribir en el futuro esta acción.

"El juicio político es un instrumento que debemos utilizar con sumo cuidado", subrayó.

Censura inadmisible

"Ya resulta inadmisible que, a trece años de recuperada la democracia en la Argentina, un integrante del Poder Judicial prohíba la proyección de una película al aplicar la autoritaria figura de la censura previa, expresamente vedada por la Constitución Nacional", sostuvo la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). "Así, nuestra Carta Magna ha sido violada por quien debe ser su principal custodio, en un sistema democrático y republicano de gobierno", dijo ADEPA.

"Es quizás la censura previa una síntesis del más acabado concepto paternalista que pretende que el Estado omnipotente decida qué puede ver, oír y hacer un habitante, eliminando así la condición de ciudadano pleno, único soberano en el funcionamiento de un auténtico republicanismo", agrega.

"Esta concepción autoritaria es fruto de largos procesos en los cuales se desvirtuó el sentido de las instituciones consagradas en nuestro ordenamiento constitucional, proyectándose esa sombra a todos los planos de la actividad social, incluido el educativo." También critica la ostentación y el exhibicionismo de riqueza por funcionarios públicos -oficialistas y aun opositores-.

Con una adecuada instrucción cívica, agrega ADEPA, "no tendría lugar ni la censura previa, ni la ostentación, ni el exhibicionismo impúdico, ni el incorrecto funcionamiento de los poderes del Estado, que siembran desazón y engendran más que lógico mal humor en la sociedad argentina".

Es clave el momento de la apelación

En las próximas horas llegará a la Cámara Federal el expediente en el que el juez Edmundo Carbone prohibió la emisión de la película "La ultima tentación de Cristo" y se declaró luego incompetente para seguir. El fiscal federal apeló la declaración de incompetencia del magistrado, por lo cual ahora será el tribunal el que deba resolver si la causa sigue en el fuero o pasa a la justicia civil.

El momento en que el expediente llegue a la Cámara -en apariencia insignificante- podría tener gran trascendencia en esta causa.

En efecto, si el sumario es elevado hoy al tribunal de apelaciones, quedará radicado ante una sala que nunca intervino en un caso de libertad de prensa, la que podría revocar la prohibición de inmediato. Pero, si el sumario es enviado el lunes próximo, por una cuestión de turnos, entrará a estudio de otra sala, la misma que hace dos años censuró el programa de Tato Bores a pedido de la jueza María Servini de Cubría.

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