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PAMI: gastó $ 3.290.000 en auditorías en cinco meses

Información general

El interventor, Bramer Markovic, justificó la erogación por la ineficacia de los controles estatales; el déficit promedio mensual superó en 16 millones de pesos las previsiones.

El PAMI tiene previsto gastar, desde agosto y hasta fines de este mes, la suma de 3.290.000 pesos en asesorías de nueve consultoras externas.

La cifra, a todas luces demasiado alta para un organismo que atraviesa tal vez por la más crítica situación económica y financiera de su historia, tiene, según le aseguró a La Nación el interventor, Alejandro Bramer Markovic, un justificativo: "Los controles internos del instituto tienen un sistema no confiable e ineficiente".

Sin entrar en detalles, Bramer Markovic adelantó que se han detectado ya "varios asuntos alarmantes" y que todo, a diferencia de lo que se hizo hasta ahora, será remitido a la Justicia. "El PAMI no debe ser cautivo de los prestadores, sino de los jubilados", agregó el interventor, menos jaqueado por los sectores vinculados con la obra social desde que el presidente Carlos Menem anunció que el organismo debe estar normalizado en tres meses.

En tanto que el titular de la Auditoría General de la Nación, Enrique Paixao, eludió una controversia con Bramer Markovic sobre los costos de las auditorías, La Nación pudo saber que el déficit promedio mensual del PAMI es de 56 millones de pesos, contra los 40 millones estimados inicialmente por la actual intervención.

El aumento del faltante se debe a que la recaudación de la obra social ha disminuido de los 200 millones históricos a 185 millones.

El PAMI no confía en sus controles

Presupuesto: por considerar poco confiable e ineficiente su propio mecanismo de auditoría, la obra social de los jubilados gastará este año 3.293.000 dólares en fiscalizaciones externas.

Sin vueltas, la intervención en el PAMI admite que entre agosto último y fin de este año gastará tres millones doscientos noventa mil dólares en asesorías de nueve consultoras externas - algunas de ellas son las más prestigiosas del mundo-, para investigar las clínicas, psiquiátricos, geriátricos, centros odontológicos y otros servicios médicos y asistenciales del instituto, porque "los controles internos del instituto tienen un sistema no confiable e ineficiente".

El interventor en el PAMI, Alejandro Bramer Markovic, ante una consulta de La Nación sobre los costos de consultorías externas denunciados por fuentes vinculadas con la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), fue enfático en defender las contrataciones directas de renombradas empresas que además ya han actuado en la investigación del fabuloso fraude informático en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Cómo se decidió contratar

"No había aquí un sistema de auditorías confiable y esto lo admiten hasta los más críticos de nuestra gestión, por lo cual, como se hace en cualquier organización seria en el mundo, decidí contratar, de modo absolutamente legal a profesionales que investiguen todo lo que aquí ha estado ocurriendo. Y ya hemos encontrado varios asuntos alarmantes", anticipó, sin entrar en detalles.

"Porque todo irá a la Justicia, como nunca se hizo en este organismo, que no debe ser cautivo de los prestadores sino de los jubilados", afirmó.

El funcionario, que fue severamente cuestionado por prestadores, empleados y jubilados en las últimas semanas, en un clima de agitación que sólo se calmó parcialmente cuando el presidente Carlos Menem impuso la normalización del directorio del PAMI en 90 días, o sea, para febrero próximo, justificó la presencia de las consultoras externas en que "sólo ellas garantizan ingeniería y especificidad. Ninguna de estas dos condiciones existen dentro del instituto".

-Pero hay organismos de control estatales que señalan que la AGN o la Sigen podrían haber hecho las mismas auditorías por sólo 100.000 pesos...

-Sí, con toda seguridad. Más aún, las hubieran hecho gratis. Pero no nos sirven para actuar. Fíjese que la AGN remitió un informe en octubre último sobre la situación del instituto entre 1992 y 1994, pero por raras circunstancias yo me enteré de él por los diarios, pese a que alguien lo recibió. Ese informe no contradice lo que estamos diciendo nosotros, coincidimos en el diagnóstico, pero es insuficiente para cambiar el sistema de corrupción y malos servicios.

Las consultoras externas, según refirió Bramer Markovic, han realizado ya 320 auditorías que llenan cientos de carpetas prolijamente encuadernadas, con informes anillados y lujosamente impresos en papel ilustración mediante impresoras láser. La investigación seguirá, aunque no abarcará a los aproximadamente 2000 prestadores médicos, sino que buscará tendencias en las calidades y otros requisitos al azar, mediante un muestreo.

Los dossiers coloridos de las consultoras contrastan notablemente con las hojas oficio escritas a máquina con un lenguaje arcaico y poco afín a la reingeniería con que los auditores preexistentes en el PAMI elaboraban sus informes sobre los prestadores de los distintos servicios.

Es historia conocida que muchos (¿la mayoría?) de estos análisis eran benevolentes y complacientes, cuando no cómplices, con los malos prestadores de salud, lo que permitió históricamente la supervivencia de malos y onerosos servicios de clínicas, geriátricos, psiquiátricos y otros servicios en promiscua convivencia con otros prestadores de buena calidad.

94 contratos temporales

Para la tarea de auditorías de prestadores, Bramer Markovic decidió la contratación de la locación de servicios temporales de 94 profesionales (médicos, ingenieros, asistentes sociales, psiquiatras, odontólogos, expertos en tercera edad y otros), que recorrieron y recorren clínicas, laboratorios, residencias y otros centros de atención de ancianos y completan formularios de auditoría en los que marcan en casilleros las calificaciones (muy buena, buena, regular, mala) de los diversos servicios e informan sobre irregularidades y otras observaciones.

Estos 94 contratados le cuestan al instituto 290.000 pesos por mes (3085 pesos mensuales cada uno, incluyendo las cargas sociales a cargo del empleador) y su tarea se extiende por tres meses en cada caso. Es decir que si estos agentes actuaran cinco meses (desde que asumió Bramer hasta fin de año) se habrían gastado en ellos 1.450.000 pesos en total.

Informes desfavorables

Pero muchos de los informes de estos investigadores serán seguramente muy desfavorables para gran parte de los prestadores del PAMI y es posible que contratos de conocidos centros de salud se vean afectados en el futuro.

Bramer Markovic apuntó contra los vicios y corruptelas encontradas en el organismo y destaco que, por ejemplo, en la Delegación Lanús "no dejaron entrar a los auditores. con bombos y manifestaciones, al punto que les sustrajeron los papeles que éstos transportaban, que luego de varias horas de forcejeos pudo recuperar la jefa de la delegación", narró el interventor.

Un gasto que fue un ahorro

El coordinador de la tarea de las consultoras externas y asesor de Bramer Markovic en el PAMI y la Anses, Angel Perversi, precisó a La Nación: "Para mi tranquilidad personal he exigido a las consultoras que haya un repago en el primer mes de su actuación, con el cual se cubre el costo del primer año de sus servicios. Es decir, deben idear modos de ahorros en la gestión y operación que permitan que sus contratos se paguen con ahorros. Por ejemplo, el costo de 3.290.000 pesos de las consultoras en el PAMI ya está repagado mediante el cruce de datos entre los padrones de la Anses y el instituto, que permitió detectar 50.000 afiliados irregulares (32.000 con doble obra social y 18.000 fallecidos que seguían capitando), lo que significó un ahorro de más 2.500.000 pesos mensuales.

Perversi apoyó la contratación de consultoras en las experiencias de la seguridad social de España e Inglaterra: "En el primer caso actuaron durante cinco años y en el segundo, aún lo hacen", indicó.

Altos precios, pero con muchas muertes

Pese a los cuestionamientos actuales, tanto la Unidad de Control Interno del PAMI como la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN) han realizado investigaciones sobre el funcionamiento y la situación de la obra social y sus contratistas, muchas de las cuales fueron objeto de notas de La Nación y significaron severas advertencias a las gestiones habidas en el ente desde 1980 a la actualidad.

Como muestra, el último informe de la AGN sobre el PAMI, desarrollado entre el 4 de agosto de 1995 y el 22 de marzo último, durante la intervención de Antonio Maldonado, apuntó contra un hecho que ha pasado inadvertido y cuya prolongación en el tiempo incide geométricamente los costos de los servicios médicos.

Extraños contratos con los prestadores daban por resultado una extraña ecuación: quienes daban menor atención a los ancianos no recibían sanción económica alguna. En cambio, quienes hubieran "sobreprestado", o dado más servicios que los que cubrían los valores de cápitas, tampoco cobraban excedente alguno, como establece el convenio.

Tasas sospechosas

Sería imprudente y no menos aventurado sugerir que estas subprestaciones podría haber agravado una enfermedad o causado una muerte.

Pero las tasas globales de defunciones en internaciones en la Capital Federal y en el conurbano, inexplicablemente en la región mejor equipada del país, eran en 1994 las más altas del país.

De cada 100 pacientes salidos de las clínicas (egresos) porteñas, 13,7 lo hicieron muertos. En algunos centros médicos de la Capital Federal las tasas fueron, según el informe de la AGN, todavía mayores:

  • En la UPI Hospital Israelita fue de 16,8 fallecimientos por cada 100 egresos,
  • En la UPI Segurola, 16,7,
  • En tanto, en el Hospital Sirio Libanés, 16,5.

Las tasas más bajas en esta capital se registraron, en tanto, en el Hospital Italiano (10,8) y en el Hospital de Clínicas (11,4).

  • En el conurbano, de cada 100 enfermos egresados de los sanatorios de sus tres delegaciones estaban muertos 10,4 pacientes en la Delegación Lanús, 11,5 en la de San Martín y 11,4 en la de Morón.
  • En el interior del país, en cambio, sólo las delegaciones San Juan (14,4) y Tierra del Fuego (11,7) tuvieron altas tasas de mortalidad por cada 100 enfermos internados.
  • En el resto de las delegaciones, la tasa oscilaba entre 2,4 (Misiones) y 9 (Mar del Plata).

Se afirma entre los prestadores del PAMI que la tasa promedio de mortalidad actual en el conurbano es de 10 fallecidos por cada 100 egresos.

La mera cifra representa a 2500 personas de entre 75 y 90 años internadas por mes y, luego, muertas.

Confusión por listas sin actualizar

Hay 100 prestadores que figuraban en los registros del PAMI (que además "costó semanas encontrar") cuyos domicilios eran inexactos o cuyos contratos habían vencido, por lo cual, los auditores fueron enviados a esos lugares infructuosamente porque las listas no estaban actualizadas y nadie lo sabía, revelaron los asesores de Bramer Markovic.

El flamante gerente general del PAMI, Pedro Taddei, quien reemplaza al renunciante Omar Stefanescu (se rumorea que debió alejarse por su presunta vinculación con una causa judicial que se tramita contra su cuñado Haroldo Grisanti, titular del Correo Argentino por designación del ex ministro Domingo Cavallo) definió el contraste entre las auditorías externas y las internas.

Todos en la mira

"Como instrumento para una acción judicial son inútiles y técnicamente insuficientes. Las que se practican ahora cuentan con testimonios certificados por escribanos de las evaluaciones y de las fotografías, lo que servirá posteriormente para eventuales demandas penales. Pero si no hubiera un delito tipificado y se advirtiera una irregularidad sistémica daremos intervención a la Procuración", aseguró Taddei.

Las clínicas, sanatorios y hospitales prestadores del PAMI están bajo sospecha. En la intimidad, las autoridades de la obra social saben que, de aquí a la presunta normalización, vienen fuertes reacciones de sectores afectados.

Porque en la transferencia o provincialización de los servicios médicos de los 1.500.000 afiliados en la provincia de Buenos Aires a hospitales públicos y centros privados bonaerenses reside uno de los supuestos objetivos de Bramer Markovic: descabezar lo que denominan costosa intermediación de poderosas centrales de prestadores, como las federaciones médicas y de clínicas bonaerenses.

El supuesto propósito apuntaría de igual modo, mediante auditorías que exhiban la mala calidad de servicios, a las cámaras nacionales y las federaciones de servicios psiquiátricos, geriátricos, odontológicos y funerarios, entre otros factores predominantes en la obra social. .

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