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Puertas abiertas al crimen organizado

Es hora de que nos comprometamos a sanear las fuerzas de seguridad, enjuiciar a los funcionarios judiciales permisivos y fortalecer los órganos de control

Lunes 23 de junio de 2014
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El auge que experimentan en la Argentina el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y otras modalidades del crimen organizado no es producto de la casualidad sino de la conjunción de una serie de factores cuyo mayor responsable, tanto por acción como por falta de acción, es el Gobierno.

Cada día que pasa sin que nuestras autoridades reaccionen se traducirá en una mayor dificultad para erradicar en el futuro este tipo de delincuencia que se caracteriza por su enorme capacidad para corromper las instituciones encargadas de combatirlo.

Tres son los principales atractivos que, por desgracia, ofrece nuestro país a la delincuencia organizada mundial: un alto grado de corrupción, una justicia lenta y cada vez menos independiente, y enormes facilidades para el lavado de dinero producto de los delitos.

En lo que hace a la corrupción, la Argentina ostenta una de las peores tasas del mundo de condenas en ese tipo de casos. La etapa de instrucción en estas causas suele prolongarse hasta diez o quince años, antes de ser elevadas a juicio, siempre y cuando los delitos no hayan prescripto.

La ausencia de leyes de acceso a la información pública y de protección de denunciantes y testigos; la omisión de dotar a la Oficina Anticorrupción de independencia, tal como exige la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción; la falta de nombramiento de un titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, entre varios hechos reprochables a la actual administración pública, contribuyen a este lugar de humillación a nivel doméstico e internacional. Casi no hace falta aclarar que esta década sólo significó empeorar un estado de situación de por sí históricamente muy negativo.

Ponemos el acento en la corrupción por su capacidad erosiva. Por ejemplo, funcionarios ya acostumbrados al cobro de coimas difícilmente opondrán resistencia a recibirlas del crimen organizado.

En cuanto a la Justicia, jueces y fiscales de lentas reacciones en las investigaciones de casos de corrupción contribuyen a construir la imagen de un país proclive a la impunidad y, por lo tanto, atractivo para las organizaciones delictivas internacionales.

Finalmente, una tentación difícil de resistir para esas organizaciones es la asombrosa facilidad que la Argentina brinda hoy en materia de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.

Desde la llegada del kirchnerismo al poder, la Unidad de Información Financiera (UIF) fue privada del apoyo y de los elementos materiales y humanos necesarios para luchar contra el lavado de activos. Luego, con la asunción de José Sbattella al frente de ese organismo, éste se convirtió en un escudo protector para funcionarios y allegados al kirchnerismo que necesitaban impunidad.

Fue ese funcionario, precisamente, quien en una entrevista publicada por el diario Perfil opinó que "no hay pruebas de que se haya cometido un ilícito" en el caso Lázaro Báez y con las operaciones sospechosas que habrían sido ocultadas a la Justicia durante cinco años.

Tantas facilidades se convierten en una invitación no sólo para el lavado de dinero producto de actividades ilícitas en nuestro país, sino también para el que se origina en crímenes cometidos en el exterior. A ellas se suma el relativo aislamiento de nuestros organismos de control en el plano mundial debido a su falta de confiabilidad.

Otro factor que atrae al crimen internacional a instalarse entre nosotros es la parálisis en las investigaciones de los atentados a la embajada de Israel, en 1992, y a la AMIA, en 1994, y la extrema lentitud en el proceso judicial de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrida en esa ciudad cordobesa en 1995.

Edgardo Buscaglia, un especialista internacional en la lucha contra el crimen organizado, consideró inadecuadas las acciones del Gobierno para enfrentar al narcotráfico y agregó, durante una entrevista con Clarín, que "cuando la clase política argentina se dé cuenta del costo que va a pagar por dejar de fluir dinero fácil a sus campañas electorales, le verán la cara al monstruo".

Esa cara ya ha asomado, y ya hemos visto dinero del narcotráfico, en el caso de la efedrina, financiando la campaña presidencial de la actual presidenta de la Nación. Mientras tanto, se multiplican los casos de corrupción y complicidad con el delito en las fuerzas de seguridad. Lo que antes era una rareza en la crónica policial, ahora se ha vuelto rutinario.

Es indispensable que reaccionemos. Puesto que el Gobierno ha demostrado a lo largo de estos años que carece de la voluntad necesaria para hacerlo, es la sociedad la que deberá convertirse en el factor que exija un cambio, castigando con el voto a los candidatos de probada indiferencia en la lucha contra el delito y optando por aquellos que propongan sanear las fuerzas policiales y de seguridad, enjuiciar y remover a los funcionarios judiciales permisivos, fortalecer los órganos de control y no transigir con la corrupción. Es hora de que la lucha contra el crimen organizado se introduzca en las plataformas de los partidos políticos y, más importante aún, en la voluntad de sus candidatos.

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